Economía/Legal.- La Ley de Morosidad ayudará a las empresas extranjeras a hacer negocios en España, según Intrium

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La reforma de la Ley de Morosidad, aprobada etsa semana en el Congreso, equiparará a España con los comportamientos de pago de los países europeos y facilitará la llegada de inversión extranjera, según explicó el director general de Intrum Justitia, Luis Salvatierra, en un comunicado.

La multinacional sueca especializada en servicios de gestión de crédito aplaudió el visto bueno dado a la Ley, que ahora está pendiente de aprobación por parte del Senado.

"Esta medida equiparará a los comportamientos de pago de otros países del Norte de Europa, como Suecia o Finlandia, que son ejemplo desde hace tiempo, ya que España está actualmente a la cola de Europa", afirmó Salvatierra.

Concretamente, Salvatierra destacó que la reducción del plazo de pago por parte de las administraciones públicas a 30 días y de 60 para las empresas, son medidas "muy positivas que supondrán entre otras cosas, una inyección de liquidez para las empresas, permitiéndoles invertir más en temas de empleo o en I+D+I".

Según los datos de Intrium Justitia, Finlandia es el país de Europa con los plazos de pago más bajos, entre 25 y 30 días de media, unas cifras que en al caso de Suecia ascienden a entre 30 y 40 días. Esto les permite contar con unas pérdidas por impagos mínimas, que en el caso de Finlandia se sitúan entre un 0,5% y un 1%, mientras que en Suecia son del 1%.

Estas cifras contrastan con las de otros países del Sur de Europa como España, donde los plazos de pago presentan actualmente una media de 98 días y las pérdidas se duplican alcanzando el 2,4%.

Concretamente, la Administración pública española tarda en pagar sus facturas 139 días frente a los 98 días de las empresas y 57 de los particulares.

"Actualmente en España el 65% de las pymes y el 80% de los autónomos se encuentran en una situación de riesgo por los retrasos en los pagos e impagos", aseguró Salvatierra.

La futura Ley, además de reducir los plazos de pago, introduce las indemnizaciones por la demora en los pagos o la posibilidad de recurrir las cláusulas abusivas de los contratos.

Además, las indemnizaciones podrán ser recurridas por asociaciones y corporaciones empresariales preservando así la identidad de quien sufre los abusos, medias que ya se aplican en países como Alemania, Países Bajos o Suiza.