Tormenta en ente argentino de estadística no cesa y empleados van a huelga

Natalia Kidd

Buenos Aires, 30 mar (EFECOM).- Los cambios introducidos por el Gobierno argentino en el organismo que elabora las estadísticas oficiales no sólo generaron desconfianza entre los inversores sino que desataron una tormenta interna en la entidad, cuyos empleados irán a la huelga.

La polémica surgió hace dos meses cuando el Gobierno de Néstor Kirchner cesó a la directora del área del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Graciela Bevacqua, una técnica de carrera, supuestamente por haber vencido el plazo del concurso por el que llegó a ese puesto.

Como reemplazo, se designo "a dedo" a Beatriz Paglieri, funcionaria del Ministerio de Economía cercana al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el "paladín" de la lucha contra la inflación.

El rol de Paglieri quedó bajo sospecha cuando trascendió que había introducido una serie de modificaciones metodológicas en la medición del IPC que movieron los resultados a la baja.

Según la nueva metodología, la inflación minorista en enero fue del 1,1 por ciento, un punto por debajo de lo que preveían los economistas, y del 0,3 por ciento en febrero, 0,5 puntos por debajo del consenso, debido a que se contabilizaron menores impactos que los reales en los precios de la salud privada y el turismo.

Se sospecha además que los productos tomados en cuenta para la medición fueron cambiados por otros que están incluidos en los acuerdos de estabilidad de precios que el gobierno viene firmando desde 2005 con distintos sectores para evitar una disparada de la inflación.

Al conocerse estos cambios, estalló el escándalo: los expertos advirtieron sobre las consecuencias del daño infringido a la credibilidad del organismo fundado en 1968 y el titular del ente, Lelio Mármora, dimitió y fue reemplazado por su segundo, Mario Krieger.

Los 1.400 empleados del organismo convocaron a una huelga para el próximo día 9, cuando se difundirá el IPC de marzo, en reclamo de que se llame a concurso público para cubrir todos los cargos directivos.

"Hay que sacar a las corporaciones enquistadas en el Indec e indagar en el uso de los presupuestos", dijo a Efe Nélida Turlione, representante sindical de los trabajadores que, además, reclaman aumentos salariales.

En un año electoral, la maniobra desnuda la preocupación del Gobierno por la aceleración de los precios, un fantasma que merodea las mentes de los argentinos desde la "hiperinflación" de 1989, cuando el coste de vida creció el 5.000 por ciento, y el alza del 41 por ciento en 2002, tras el estallido de una de las peores crisis económicas del país.

"El gobierno quiere dejar el dólar alto, pero al mismo tiempo no quiere pagar el costo de la inflación. Y todo no se puede, entonces decidió groseramente quebrar el termómetro", dijo a Efe Jorge Ávila, economista del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.

El gobierno proyecta para 2007 una inflación del 7,7 por ciento para este año, pero los ciudadanos "perciben" que la inflación "real" será de entre un 15 y un 16 por ciento, de acuerdo a un sondeo de Centro de Investigaciones de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Según Ávila, esta "sensación térmica" ya ha afectado las negociaciones salariales y el mercado de alquileres inmobiliarios, cuyos interesados reclaman ahora fórmulas de actualización que están varios puntos por encima de la "inflación oficial", y ha provocado una sacudida en el mercado de deuda pública.

En Wall Street los bancos de inversión y las calificadoras de riesgo lanzaron informes advirtiendo a los inversores sobre los cambios en el IPC y su impacto sobre los bonos argentinos en pesos indexados por inflación.

La reacción no se hizo esperar y el valor de estos títulos se desplomó, al tiempo que el riesgo país de Argentina creció.

El 42 por ciento de la deuda pública argentina corresponde a títulos emitidos en pesos e indexados, unos 54.350 millones de dólares, y varios expertos han advertido sobre los costos fiscales que pagaría el país si su inflación se dispara.

Según cálculos de la consultora Economía & Regiones, si la inflación oficial de 2007 fuera del 10 por ciento en vez del 15 proyectado por economistas, Argentina se ahorraría 3.724,5 millones de dólares, entre los 3.634 millones que evitaría que crezca el stock de deuda pública en pesos y ajustada por inflación y los 90,5 millones que eludiría pagar por intereses.

Del IPC que mide el Indec dependen otros indicadores como el coste de la cesta básica y los niveles de pobreza e indigencia.

Además, el organismo mide el Producto Interior Bruto, cuyo resultado incide en el rendimiento que paga un cupón especial de ciertos títulos de deuda argentino.

Para revertir el descrédito, el gobierno prepara una reestructuración del organismo que podría implicar la remoción de los directores generales, el llamado a concurso público para cubrir esos puestos y la creación de un "consejo de notables" que asesore al Ministerio de Economía en el proceso de "normalización" del instituto. EFECOM

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