La primera ley de la propiedad china empieza a dar problemas

Marga Zambrana

Pekín, 22 mar (EFECOM).- Apenas unos días después de que se aprobara la primera ley china que protege los derechos de los propietarios privados -así como de los colectivos y estatales- los poseedores de una vivienda han empezado a quejarse de esta controvertida ley cuya publicación se ha mantenido en un perfil bajo.

Más de 180.000 propietarios de viviendas se unieron en los últimos días a una campaña de recogida de firmas en internet exigiendo una aclaración de la Ley de Propiedad aprobada el viernes pasado por la Asamblea Nacional Popular (ANP), un órgano legal que avala sistemáticamente las decisiones del ejecutivo.

Según el artículo 76 de la nueva ley, para reformar los edificios e instalaciones de una residencia es necesario el consentimiento de dos tercios (66,6 por ciento) de los propietarios "del total de la superficie", es decir, incluidas las zonas comunes.

Este extremo es imposible, en opinión de uno de los organizadores de esta campaña, Chen Bing, que señaló al diario "South China Morning Post" que sólo se puede reunir al 60 por ciento de los propietarios de un conjunto residencial debido a que se incluyen zonas comunes como los aparcamientos.

Los afectados enviaron una carta abierta a las oficinas del presidente chino, Hu Jintao, y del presidente de la ANP, Wu Bangguo para pedir una aclaración antes de que la ley entre en vigor en octubre.

Otra de las áreas oscuras son la propiedad de los espacios subterráneos de aparcamiento y cómo gestionarlos, explicó Chen, que empezó su campaña en enero al publicarse el borrador de la ley, y exige también que los comités de propietarios obtengan la categoría legal de entidades sin ánimo de lucro para defender sus derechos.

Se desconoce si las altas instancias del poder chino han respondido, pero la campaña tuvo que ser suspendida hace unos días después de que los firmantes tuvieran problemas para acceder a su página web, una dificultad que puede deberse a la censura.

Aunque la aprobación de la ley de propiedad ha sido portada en todos los diarios, lo cierto es que el texto sólo se publicó varios días después de su aprobación en la agencia Xinhua (a diferencia de los siete borradores anteriores, que tuvieron amplia difusión).

"Ahora la ley garantiza claramente los bienes privados", declaró a Efe Zhu Xueqin, catedrático de Historia de la Universidad de Shanghai, por lo que en principio favorecería a los miles de millones de chinos que han adquirido una vivienda en las últimas décadas desde que las empresas estatales dejaron de facilitarlas.

Sin embargo, Zhu reconoció que la reacción de la izquierda más ortodoxa, que desde hacía años se oponía a la aplicación de esta ley por considerarla el toque de gracia para la propiedad pública socialista, no va a desaparecer tras la aprobación.

Estas voces, lideradas por intelectuales del Partido y con un amplio apoyo popular, se quejan de que desde la adopción hace casi tres décadas de una economía capitalista -voraz, por cierto, al carecer de un marco legal- se han perdido los beneficios sociales del socialismo y se ha promovido la corrupción de los altos cargos.

Otro de los aspectos que argüían son las expropiaciones de tierras a campesinos por parte de los gobiernos locales, muchas de ellas ilegales, que han dejado sin modus vivendi a unos 40 millones de campesinos en dos décadas, un problema que supuso el 65 por ciento de las 84.000 protestas populares registradas en 2005.

La nueva ley explicita que sólo protege los bienes conseguidos "legalmente", y frenar las requisas requiere modificar el Código Penal y la Ley de Administración de la Tierra.

Sin embargo, a pesar de que "propiedad privada" y "China" parecen una contradicción al seguir autoproclamándose el régimen como comunista, la ley viene a dar carta de legalidad a prácticas que se aplican desde hace 20 años, pero deja otros problemas irresolutos.

"Lo que se ha hecho ha sido definir una ley general constitucional" aprobada en 2004, explicó a Efe Fei Anling, catedrática de Leyes de la Universidad de Ciencias Políticas.

Con la ley no cambia el régimen de usufructo ("jingying") de los campesinos, en el que la tierra sigue siendo de propiedad colectiva y administrada por el Estado y los gobiernos locales.

Los periodos del usufructo varían, según el artículo 126, de los 30 años para tierra de cultivo, 30-50 para las praderas y hasta los 70 para bosque, y sólo en este último caso se puede prolongar si lo consiente el Ministerio de Bosques, aunque no especifica el periodo.

El campesino sólo tiene derechos sobre la producción agrícola, ganadera o forestal (Artículo 125), pero no puede vender la tierra o alquilarla, ni construir edificios no agrícolas.

Sí se puede traspasar el usufructo mediante "subasta, negociación abierta y concurso público" (132), y en tal caso ese derecho se puede empeñar (no la tierra) para conseguir un préstamo o convertirlo en acciones, términos que sólo entienden las empresas. EFECOM

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