Carmen González
Pekín, 2 mar (EFECOM).- La disputada Ley sobre el Derecho de la Propiedad será, sin duda, una de las "estrellas" en la inminente sesión anual del Legislativo chino aunque sus efectos para los 700 millones de campesinos del país son, cuanto menos, inciertos.
Con siete deliberaciones, es la ley más discutida en la historia del país pero será la primera vez que se someta a la Asamblea Nacional Popular (ANP) a partir del día 5, con muchos visos de ser aprobada si se tiene en cuenta que el organismo no ha rechazado nunca ninguna ley sometida por el Ejecutivo.
"La mayoría de los diputados y diseñadores que discuten la ley vienen de las ciudades y tienen poca experiencia en lo rural. Creo que cuando se establezca, la mayoría de su contenido no se podrá aplicar en el campo", advirtió hoy en un encuentro con la prensa Wen Tiejun, veterano experto en desarrollo y reforma agrarias.
La nueva ley equipara los derechos sobre propiedad privada y pública por primera vez en 60 años y especifica que el derecho del campesino sobre la tierra es un "usufructo" que permite disfrutar de sus beneficios hasta 70 años, aunque no garantiza que se pueda usar para pedir un crédito o venderla.
Sin embargo, a juicio de Wen la legislación va a ser poco aplicable al campo chino, con un sistema muy peculiar desbaratado poco a poco por la acelerada industrialización del país, la ambición de los gobiernos locales y la falta de intervención efectiva por parte del Gobierno central.
Si las urbes han asumido con naturalidad el occidental concepto de la propiedad individual o privada, incluido por primera vez en 2004 en la Constitución del país, en el medio rural estos términos se diluyen para dar lugar a otra noción.
Son los llamados "derechos de pertenencia basados en la familia", nacidos de la distribución equitativa de la tierra efectuada con la revolución comunista y que, con sus altibajos, se han mantenido como eje de la propiedad rural.
Según este sistema, cada hogar detenta los derechos de propiedad de un pedazo de tierra, que no puede vender sino sólo arrendar, y que es sustento de su seguridad ante la falta de servicios sociales básicos.
El gobierno puede tomar "cedidos" esos derechos aunque sólo para garantizar el bienestar futuro de los campesinos, algo que se viola constantemente, sobre todo desde la última década.
Si hasta los años 90 el sistema funcionó relativamente bien, dice Wen, la acelerada industrialización del país comenzó a pervertirlo al convertirse las autoridades locales en "ambiciosos empresarios" que actúan en función de grupos de intereses, vestidos de constructores o compañías mineras.
Como resultado, se ha producido la expropiación forzosa de unos 40 millones de campesinos ante la impasibilidad de un Pekín obsesionado con conseguir el crecimiento a toda costa.
Al puro estilo de los caciques, los mandatarios locales recurren incluso a la compra de votos, durante las elecciones a los comités locales del Partido Comunista, para perpetuarse en unas posiciones políticas que les garantizan influencia.
No todos opinan como el profesor Wen, decano de la Escuela de Agricultura y Desarrollo de la Universidad Popular de China, y algunos se muestran partidarios de una completa privatización de la tierra, al estilo occidental, ya que consideran que poder comerciar con ella aliviaría la pobreza de muchos campesinos.
Sin embargo, otros muchos consideran que los campesinos están en posición muy débil para negociar, por lo que primero es necesario dotarlos con el "poder" suficiente estableciendo, por ejemplo, cooperativas, al igual que las que están funcionando en países con una tradición rural similar, como Japón.
Tras una década de hacer la vista gorda, el riesgo de insurrección social, no sólo dentro del campo sino entre los 150 millones de inmigrantes rurales a las ciudades, ha hecho al Gobierno sumirse en interminables consultas para buscar una alternativa.
La política más importante, coinciden expertos chinos y extranjeros, es reforzar el papel del Estado en la recaudación y redistribución de los impuestos que, en la actualidad, ocupan sólo el 21 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) frente a más del 30 por ciento en otros países en desarrollo.
A la espera de los inciertos resultados de la nueva ley en el campo chino, es innegable que la situación en el marginado medio rural se ha convertido en una urgencia en esta etapa de vaivenes y cambios que, según los comunistas chinos, no es más que una transición al verdadero socialismo. EFECOM
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