BRUSELAS (AFX-España) - Por Dorothée Moisan
La Comisión Europea impondrá el miércoles próximo a los cuatro grandes fabricantes mundiales de ascensores una multa récord de unos 1.000 millones de euros (unos 1.300 millones de dólares) por pactar precios de forma secreta, según fuentes cercanas al caso.
Según esas fuentes, la multa oscilará 'entre 900 millones y mil millones de euros', es decir la más alta de la historia impuesta por Bruselas.
La Comisión Europea debería confirmar esta decisión el miércoles, según otra fuente cercana al expediente.
Tras haber llevado a cabo una investigación durante varios años, la Comisión condenará finalmente a los grupos finlandés Kone, alemán ThyssenKrupp, suizo Schindler y Zardoya-Otis por haber participado en un acuerdo ilegal entre 5 y 10 años, en torno a 2000.
Según Bruselas, estos grupos intercambiaron informaciones comerciales confidenciales y alcanzaron un acuerdo en secreto para fijar los precios de los ascensores y escaleras mecánicas en Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
El grupo finlandés Kone, que no quiso comentar la información, reconoció el miércoles pasado que cooperaba estrechamente desde 2004 con la Comisión Europea por esta cuestión.
La condena contra estas empresas se inscribe en la política de la Comisión Europea de atacar con dureza a los cárteles, marco en el cual en enero pasado infligió una multa de 750 millones de euros a una docena de compañías del sector de los aparatos eléctricos involucradas en acuerdos secretos de precios.
Dos meses antes, varios grupos productores de caucho sintético habían sido condenados a pagar 519 millones de euros por el mismo tema.
Desde su llegada a Bruselas en noviembre de 2004, la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, no ha hecho más que mejorar su arsenal de recursos para volver más eficaz la lucha contra los cárteles.
Tras haber dedicado un equipo especial de su área a esta cuestión, Neelie Kroes alentó a los particulares a lanzar procedimientos por daños y perjuicios con el objetivo de aumentar aún más la factura de las empresas que delinquen.
Según Kroes, estas prácticas afectan al consumidor, que queda privado de una verdadera competencia por precios entre las diferentes empresas.
tfn.europemadrid@thomson.com
AFP/rmr
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