La ayuda extraordinaria de 420 euros se ampliará a todos aquellos parados que hayan agotado todas las prestaciones desde el 1 de enero, en lugar de desde el 1 de agosto, tal y como se establecía en el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de agosto. Salgado: "Ampliar los 420 euros costará unos 1.300 millones de euros".
Así lo ha confirmado el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, quien añadió que el decreto ley se tramitará como proyecto de ley en las Cortes para introducir todas las aportaciones.
En vigor a partir de noviembre
En este sentido, pidió "paciencia y comprensión" a los parados excluidos por el límite inicial del 1 de agosto, que todavía tendrán que esperar un mínimo de dos meses para empezar a cobrar las ayudas, y advirtió de que si algún grupo pone "palos a la ruedas" en el trámite parlamentario la aplicación de la medida se puede retrasar un mes más.
En estos momentos, el calendario mínimo que el PSOE maneja sitúa en el 5 de noviembre la fecha de inicio para para la nueva ley, indicaron fuentes parlamentarias.
Todos menos el PP
Por este acuerdo, estos grupos se comprometen a no presentar otras enmiendas al texto más allá de las pactadas sobre ampliación de las ayudas, un extremo que confirmó posteriormente el diputado de IU, Gaspar Llamazares.
En cuanto al Partido Popular, el portavoz socialista comentó que ha tratado el asunto con su homóloga, Soraya Saez de Santamaría, y que ésta no fue "muy explícita" en su respuesta.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz socialista rechazó que la modificación del umbral para ampliación de las ayudas, fijado por el Ministerio de Trabajo en el 1 de junio, se debiese a la falta de apoyo de los grupos parlamentarios. Además, indicó el papel activo que han tenido en la negociación los sindicatos, a los que agradeció su "esfuerzo y racionalidad".
Así, subrayó que la extensión de la retroactividad de este subsidio, "en los mismos términos del decreto ley", es una demanda de "estricta justicia" y resulta asumible "desde el punto de vista financiero", tal y como le ha transmitido la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado. "La ministra ha dicho que esto es una auténtica prioridad", señaló.
No habrá límite por la tasa de paro
Pero la retroactividad de la prestación no es el único cambio anunciado por Alonso. Así, el socialista ha anticipado que se suprimirá el artículo que ata el mantenimiento de estas ayudas a la existencia de una tasa de paro del 17%. Esta condición fue adelantada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 13 de agosto, cuando se aprobó el Decreto.
En su lugar, el Ejecutivo establece el compromiso de revisar las condiciones para la renovación de los 420 euros una vez cumplidos los primeros seis meses de su entrada en vigor.
El coste de la ampliación
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha estimado en cerca de 100 millones de euros el coste que supondrá cada mes de retroactividad que se aplique a la concesión del subsidio para aquellos parados que hayan agotado la prestación.
En principio, se estableció que podrán acceder a la ayuda los que están en situación de desempleo sin prestación desde principios de agosto. En estos términos, el Gobierno cifró en 642 millones de euros el dinero que destinaría a esta dotación.
Por lo tanto, y según estos cálculos del Ejecutivo, con la ampliación de la ayuda para aquellos parados que hayan agotado todas las prestaciones desde el 1 de enero, el Estado se gastará en esta iniciativa 1.342 millones de euros.