Las cárceles estadounidenses y la justicia no se libran del azote de la crisis. Las cuentas de buena parte de los gobiernos estatales se encuentran bajo mínimos y las bancarrotas atormentan importantes áreas como California. Sin dinero ni siquiera para costear los salarios de empleados públicos, mantener las prisiones y a sus inquilinos se ha convertido en un verdadero suplicio.
Algunos departamentos correccionales, como el del estado de Washington, han puesto en práctica algunas técnicas originales para ahorrar algunos dólares como por ejemplo lavar la ropa de los encarcelados con agua fría, reciclar y hacer compost con las sobras de la cocina o, incluso, recolectar agua de lluvia, algo que permite ahorrar hasta 4,6 dólares por prisionero.
Sin embargo, estas medidas no están siendo suficientes para frenar los ingentes costes de manutención de prisiones y, por eso, se han tenido que comenzar a aplicar metodos alternativos de sentencia para no seguir aumentando el número de reclusos en el país. Según explicaba el Washington Post, tribunales dedicados a juzgar a traficantes de drogas, conductores ebrios y otras fechorías, están optando por imponer condenas de arresto domiciliario o libertad condicional para evitar enviar nuevas personas a la cárcel.
A día de hoy, mantener a una persona en centro penitenciario estadounidense viene a costar alrededor de 79 dólares diarios mientras que una libertad vigilada o monitorizada sólo cuesta 3.50 dólares, por lo que el ahorro es más que evidente.
Ocho prisiones ya han cerrado sus puertas
Según Adema Gelb, director del Proyecto de Segurida, del Pew Center, "la economía está obligando a muchos estados a tomar decisiones sobre la marcha". "Hemos observado que se están tomando nuevos caminos para garantizar la seguridad pública a un coste mucho más barato", añadió.
En estados como Michigan, el tomar decisiones de este estilo no ha evitado que se hayan tenido que cerrar un total de ocho prisiones, ya que con un déficit de 1.400 millones de dólares, las autoridades estatales no podían permitirse el lujo de poder mantener abiertas dichas cárceles. Otros casos, como el de Texas, ponen los pelos de punta. Dicho estado cuenta con más de 155.000 encarcelados y el mayor número de condenados a muerte del país, dado el conservadurismo que caracteriza a su sistema judicial.
Los expertos proyectan que para 2012, el estado necesitará otras 17.000 camas para cobijar a los nuevos recluses algo que supondría tener que construir hasta ocho prisiones por un valor total de casi 1.000 millones de dólares.
De momento, parece que se están llevando a cabo progresos mínimos para reducir costes, algo que podría poner en peligro el funcionamiento del sistema de prisiones y las decisiones judiciales a lo largo y ancho del país.
Algunos ciudadanos temen que la falta de fondos y la toma de decisiones alterantivas acabe por relajar la justicia y no condenar como se debe a los criminales. Otros creen que precisamente esta situación demuestra lo contrario, que los jueces más conservadores encarcelan demasiado pronto a los culpables.
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