Barcelona
ERC arranca el nuevo curso político con un órdago a PSC y PSOE. A lo largo de esta semana, la formación independentista registrará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para delegar la gestión integral del IRPF a la Generalitat de Cataluña. La propuesta pretende "habilitar" a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para que lleve a cabo tareas de gestión, recaudación, inspección y revisión del impuesto sobre la renta del impuesto sobre la renta, funciones que ahora lleva a cabo la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Se trata del primer paso para desplegar la Hacienda catalana incluida en el pacto de investidura entre republicanos y socialistas que hizo president a Salvador Illa.
En rueda de prensa, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y su portavoz en la Cámara baja, Gabriel Rufián, defendieron que esta iniciativa legal pretende dar cauce a sus acuerdos con el PSC y la desvincularon de la definición del nuevo modelo de financiación singular, inspirado en el régimen foral. Por otro lado, alegaron que la propuesta podría extenderse al resto de comunidades autónomas si así lo reclamasen.
Ambos dirigentes advirtieron de que si la medida no halla apoyos en el Congreso de los Diputados —por ahora, PSOE y Sumar no han valorado si la secundarán o no, como tampoco lo ha hecho Junts per Catalunya—, la negociación sobre los presupuestos del próximo año quedará paralizada. "No habrá negociación presupuestaria si no hay avances significativos en el modelo de financiación y en recaudación fiscal", afirmó Junqueras. De su lado, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, dijo que necesitaban tiempo para estudiar el planteamiento de ERC: "Estamos en el kilómetro 0".
Reforma de la LOFCA
El texto de la proposición —cuya elaboración técnica ha corrido a cargo de Marta Espasa, Natàlia Mas y Josep Maria Aguirre, todos ellos ex altos cargos de ERC— recoge la modificación de tres leyes de rango estatal: la ley orgánica 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas (conocida por las siglas LOFCA), la del actual modelo de financiación autonómica (ley 22/2009) y la ley 16/2010, que establece el régimen de cesión de tributos a la Generalitat.
En resumen, la reforma sumaría el IRPF a la batería de impuestos delegados actualmente a las comunidades autónomas de régimen común, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o los tributos sobre el juego. En concreto, se modificarían el artículo 19 de la LOFCA y el artículo 54 de la ley 22/2009.
Asimismo, se introduciría una disposición adicional a la ley 16/2010 en previsión de la transferencia de los medios personales, materiales y presupuestarios necesarios para hacer efectiva esta delegación competencial. La relación de recursos por transferir se negociaría en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat, que se celebraría en un plazo máximo de seis meses en caso de que la proposición de ley saliera adelante en las Cortes.
Dada la complejidad de la propuesta, que afectaría a uno de los gravámenes más importantes —la recaudación del IRPF por parte de la ATC significaría pasar de una bolsa de 5.000 millones a otra de 30.000 millones—, ERC fue cautelosa a la hora de concretar un calendario de despliegue. Es más: Junqueras insistió en que lo importante es contar con un paraguas jurídico claro para gestionar el IRPF antes que marcarse fechas en el horizonte. Con todo, los republicanos puntualizaron que los plazos con que trabajan de forma ideal se ajustan al plan director elaborado por Indra para la Agencia Tributaria autonómica. Este despliegue gradual de competencias no permitiría a la Generalitat tener el dominio de todas las funciones vinculadas al IRPF hasta más allá de 2029.
Lo cierto es que el Govern ya ha empezado a dar pasos para muscular la ATC. Los efectivos de la agencia autonómica ascienden hoy a unos 840, de los que únicamente cerca de 30 son inspectores, muy lejos del objetivo de 4.000 reconocido por el propio ejecutivo autonómico. Solo en 2026 se prevé incorporar a 400 trabajadores como refuerzo de la campaña de la Renta.