Bruselas
El país que mejor representa la indisciplina fiscal que caracteriza a la eurozona en casi dos décadas –Francia– da muestras de que podrá parchear su enésima crisis de Gobierno. La posible elección de un primer ministro socialista, ya respaldada por una parte de la derecha parlamentaria, taponaría la interinidad que se esperaba tras la insalvable moción de confianza a la que su actual jefe del Ejecutivo, François Bayrou, aún tiene programada para el lunes.
Ahora bien, nadie espera que el nuevo jefe de Gobierno resuelva la grave crisis presupuestaria en la que está sumido el país vecino y que tiene, como telón de fondo un incumplimiento casi generalizado de las reglas fiscales del cada vez más irrelevante Tratado de Maastricht.
Los niveles de deuda pública en 2024 –último ejercicio cerrado por Eurostat– de los Veintisiete se situaron en el 82,2% y en el 88,9% del PIB para los países de la moneda única. Esta última cifra, supera con creces (concretamente en 20 puntos) los niveles registrados en 2008, justo antes de la Gran Recesión de 2009 y de las turbulencias financieras que casi acaban con la Unión Monetaria en 2012-2013. Todavía más lejos queda el límite del 60% del PIB para el pasivo público que Maastricht aún exige.
Y el descenso a los detalles por países aún arroja más diferencias. Por mencionar el dato más llamativo, actualmente son cinco los países del euro que superan niveles de deuda del 100%: España, con el 101,8%; Francia, con el 113%; Grecia, con el 153,6%; Italia, con el 135,3% y Bélgica, con el 104,7%. En 2008, sólo Italia y Grecia superaban tal umbral, con niveles de deuda de 106% y del 103%, respectivamente. Mientras Bélgica se acercaba con el 96%.
Pese a que se hayan reformado las reglas fiscales hay dos pilares que continúan siendo inamovibles: los niveles de déficit no deben superar cuotas del 3% sobre el PIB y la deuda el 60% sobre el PIB.
La crisis de la pandemia y, posteriormente, la deriva inflacionista a raíz de la guerra de Ucrania han servido como pretextos para dejar la fiscalidad de las economías de la eurozona en peores condiciones respecto al momento en que se produjo la quiebra de Lehman Brothers.
La nueva gobernanza económica de la UE fija un límite de deuda del 90% sobre el PIB como el umbral sobre el cual Bruselas requerirá medidas de corrección. Por el momento ha preferido mostrar una cara más amable y dejar la disciplina fiscal en el pasado, tan vinculada a las políticas de austeridad herencia de la crisis financiera. Y Francia en particular ha sabido aprovecharse de esa laxitud hasta sus últimas consecuencias
Lo hace pese a que las condiciones fiscales de los países del euro no sean precisamente óptimas. El Covid supuso un antes y un después en la toma de decisiones comunitaria por esa emisión de deuda conjunta para sostener el plan de Recuperación y los fondos Next Generation.
Al tiempo, se suspendieron las reglas fiscales a través de la activación de la cláusula general de escape en toda la UE. Esas reglas son las mismas que fijaban los límites del 3% y el 60%. La posterior crisis energética derivada de la guerra de Ucrania propició que la UE optara por extender tal suspensión. El propósito era dar a los países manga ancha de gasto para hacer frente al golpe económico de la pandemia. Para que pudieran disponer medidas en forma de ayudas con las que mantener a flote las economías de los Estados miembro. En un segundo momento, se extendieron para que pudieran disponer ayudas y otras medidas de contingencia ante los altos precios de la electricidad.
Y así, no fue hasta este 2024 que se empezaron a aplicar de nuevo los límites fiscales fijados en el Tratado de Maastrich.
La coyuntura podría reflejar cierta dejadez. Los países del euro registran altos niveles de déficit y deuda y el Ejecutivo comunitario se posiciona por la flexibilidad y, en cierto modo, permisividad en estos primeros años de vuelta a la normalidad. Aunque también hay que tener en cuenta que las nuevas reglas fiscales llevan impresa la apropiación de los gobiernos de sus propias finanzas publicas.
Lo que plantean es que los países elaboren planes a cuatro años, con objetivos de déficit y deuda, a los que la Comisión Europea debe dar el visto bueno. Estos planes se complementan con los planes presupuestarios que los Ejecutivos de los Estados miembro deben presentar al Ejecutivo comunitario cada octubre, de tal manera que se respalda el cumplimiento de esa primera hoja de ruta fiscal.
Por el momento, las advertencias de Bruselas sobre la vuelta a las reglas fiscales no se ha trasladado ni en mano dura ni, en consecuencia, en medidas punitivas. Al inicio del verano de 2024, Bruselas lanzaba un procedimiento por déficit excesivo contra Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia, revisando las cuentas de 2023. España se salvaba pues la Comisión Europea consideró que superaba el límite del 3% del PIB de forma excepcional.
En el caso de los siete países en procedimiento por déficit excesivo, si bien han recibido recomendaciones por parte del Ejecutivo comunitario para reorientar sus cuentas y cumplir con la disciplina fiscal, no se ha llegado a poner en marcha, por el momento, ese procedimiento sancionador que implicaría multas del 0,1% del PIB del país. Aunque lo cierto es que, a efectos prácticos, la Comisión Europea nunca ha llegado a imponer medidas punitivas porque podría tener consecuencias negativas para la economía, ya de por sí dañada, de un país así como represalias políticas.
Defensa y Competitividad
Lo que queda por venir no parece que vaya a aliviar las cuentas públicas de los países del euro. Mientras Francia está envuelta en su propia crisis para recortar su déficit y sanear sus finanzas públicas, la UE arranca un nuevo mandato con planes de inversión en varios frentes. El más relevante es el del sector de Defensa.
Bruselas ponía sobre la mesa medidas por valor de 800.000 millones de euros que llamaban a los países a suspender las reglas fiscales a nivel nacional para aupar el gasto militar. A efectos prácticos esto implica que el gasto militar no computa a la hora de que la Comisión Europea valore el cumplimiento de deuda y déficit.
En paralelo, la Comisión Europea disponía un fondo de 150.000 millones de euros en préstamos que tendrán que ser devueltos y financiación de proyectos a través del Banco Europeo de Inversiones. Aunque una de las conversaciones de fondo es si la UE se adentrará a una nueva emisión de deuda conjunta para movilizar la inversión en Defensa.
Todo ello considerando que el bloque debe devolver la financiación del plan de Recuperación y los fondos Next Generation a partir de 2028, una partida a priori prevista en el próximo presupuesto comunitario (2027-2034).
Falta de competitividad
La UE tiene también otros retos por delante. Impulsar su competitividad industrial es uno de los grandes deberes pendientes para este mandato en un intento por seguir compitiendo con otras grandes potencias. Y en un entorno de poca claridad geopolítica y mucha incertidumbre la diversificación de socios comerciales se ha vuelto clave, especialmente para el suministro de tierras raras y materiales con los que continuar avanzando en la transición hacia una economía descarbonizada.
Los inversores en deuda pública de la eurozona han mostrado tranquilidad en los últimos años, pero esto podría cambiar ante las elevadas cuotas de déficit y deuda de los Veinte.
"Todas las amenazas de caída de un gobierno en los países de la eurozona son preocupantes", reconocía la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, esta semana. "Los mercados evalúan riesgos y hemos visto que el riesgo del país ha aumentado en los últimos días", respondía a una pregunta sobre Francia. La crisis política gala, en sus peores momentos, asustó a los mercados financieros. Propició que el rendimiento del bono francés a 10 años se elevara por encima del 3,5 % la semana pasada.
Se acercaba así al máximo alcanzado tras la crisis de deuda de la eurozona. También a los niveles que registra Italia, a una décima de diferencia. Todo ello dejó entrever que los mercados tienen dudas sobre el riesgo de la economía gala y han perdido la confianza sobre la estabilidad política y fiscal francesa, aumentando los costes de endeudamiento.
La senda que marca el descontrol presupuestario europeo no es tan diferenciada respecto a la de otros países. Lo cierto es que los paquetes de estímulos dispuestos durante la pandemia también han dejado tocadas las finanzas públicas de las más relevantes economías mundiales. Estados Unidos, ronda niveles de deuda del 123%, batiendo su propio récord. Influyen las grandes inversiones destinadas al segmento de defensa. Y la política comercial emprendida por Trump no arroja sino incertidumbre en los mercados que ven volatilidad y riesgos en la economía estadounidense.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía en su Monitor Fiscal de 2025, publicado en abril, que la deuda de EEUU cerraría este año en el 122,5% del PIB y que seguiría aumentando hasta el 128,2% del total de la economía del país para el año 2030. Reino Unido dista de tales cifras, aunque sus niveles de deuda también rondan el 100%. La tasa se situó en el 96% el pasado julio, una cifra ante la cual el Gobierno británico se comprometió a aplicar "normas fiscales estrictas" como "compromiso con la estabilidad económica".
Japón, por su parte, es la economía más endeudada del mundo, con una ratio de deuda sobre el PIB de casi el 240%. Durante las últimas décadas los bajos tipos de interés han llevado a la economía nipona a convertirse en un laboratorio mundial de la deuda ilimitada. Sin embargo, los bonos alcanzan, cada vez, precios más altos.
Macron pide apoyo a la coalición
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedía esta semana a la coalición gobernante que respalde al primer ministro, François Bayrou, para convencer al resto de parlamentarios franceses de que voten a favor de la cuestión de confianza el próximo 8 de septiembre.
El primer ministro galo ya reconoció que, en principio, no tenía los apoyos suficientes para salvar una moción. Tanto Agrupación Nacional como los grupos de izquierdas tienen previsto rechazar la confianza en el Parlamento. La falta de apoyos también costó en diciembre de 2024 el puesto a su predecesor en el cargo, Michel Barnier.