Bilbao
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se manifestará el próximo 20 de septiembre en las tres capitales vascas en protesta por la decisión del Gobierno Vasco de emitir criterio desfavorable a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para complementar las pensiones hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El Ejecutivo vasco anunció este martes su criterio desfavorable a la toma en consideración de la ILP promovida por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para crear un complemento a las pensiones hasta alcanzar el 100% del SMI, una decisión que el colectivo de pensionistas ya denunció en esa misma jornada asegurando sentirse "doblemente engañados" y advirtiendo de su intención de "responder" con movilizaciones.
Así, este viernes representantes de la plataforma han anunciado sus próximas protestas en una comparecencia ante el Parlamento Vasco, en la que han exhibido una pancarta en la que podía leerse 145.142 firmas, en alusión a las adhesiones que habían recabado para apoyar su inciativa.
Los pensionistas vascos se manifestarán el sábado 20 de septiembre en Bilbao (desde el Sagrado Corazón a las 18.00 horas), San Sebastián (desde el Boulevard a las 12.00 horas) y Vitoria (desde la plaza de Artium a las 12.00 horas).
También expresarán su rechazo a la decisión del Gobierno Vasco en las concentraciones semanales de los lunes, que van a retomar la próxima semana tras el parón veraniego, y el día 25 con una nueva protesta en Vitoria.
"Es una vergüenza que este Gobierno Vasco sacrifique los intereses de miles de personas vulnerables de esta sociedad en base a las negociaciones o a los intereses que pueda estar discutiendo en otros ámbitos. Vamos a defender con uñas y dientes nuestras razones porque esta propuesta es justa, es necesaria y es urgente", ha señalado uno de sus portavoces.
"Pura propaganda"
Tal y como ya expresaron el martes, desde el Movimiento de Pensionistas critican que el Gobierno Vasco ha presentado, para adoptar su decisión, un informe "político sin ningún tipo de rigor ni de datos, sin correspondencia" con el informe que ellos presentaron junto a la ILP en septiembre del año pasado.
Asimismo, lamentan que tras el proceso "arduo y costoso" para recabar apoyos y que en el que han logrado recoger más de 145.000 firmas, se pretenda "dar carpetazo" a la iniciativa "negando siquiera el derecho a que se admita a trámite y pueda ser debatida en el Parlamento Vasco".
Los pensionistas consideran que la decisión del Gobierno Vasco "deja al descubierto que sus discursos sobre el fortalecimiento de la democracia y la justicia social son pura propaganda".
La plataforma de pensionistas critica que el Gobierno Vasco sostiene que "la protección de los pensionistas ya está garantizada por la Renta de Garantía de Ingresos desde 2008, pero no dice que esa garantía que para un perceptor independiente era del 100% del salario mínimo interprofesional se anuló en 2019 dentro de sus políticas de recorte de gastos sociales".
Igualmente censura que el Ejecutivo considere que "no se puede aceptar un complemento individual sin tener en cuenta los ingresos de la unidad convivencial" porque, denuncia, "esa política de ahorro está conduciendo a que las mujeres, que son las que tienen las pensiones más bajas, tengan que depender de sus cónyuges o parejas de hecho".
De este modo, reivindica "el derecho de cada persona pensionista a tener una renta suficiente independientemente de sus relaciones de convivencia, tal y como reconocen el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el artículo 13 de la Carta Social Europea o la Resolución del Parlamento Europeo de julio de 2022".
Los pensionistas consideran que "la RGI, diseñada y pensada para las personas en edad activa con el fin de fomentar su inclusión laboral, acredita su fracaso en relación a las personas pensionistas porque el máximo de 15.000 perceptores alcanzado en algún momento representa un 16% de los más de 90.000 pensionistas, la mayoría mujeres, que no tienen ingresos para vivir dignamente".
"No se trata sólo de evitar la pobreza y la exclusión social de las personas pensionistas sino de garantizarles unos ingresos de suficiencia que les permitan hacer frente a gastos básicos entre los que se encuentran, además de la alimentación, la salud y la vivienda", insisten.
Por otro lado, denuncian que, cuando el Gobierno Vasco advierte de que "complementar las pensiones corresponde al Estado, esto significa una dejación flagrante de una competencia que está prevista en el Estatuto de Autonomía, la de crear un sistema vasco de complemento de pensiones, tal y como certificaron los Servicios Jurídicos y la Mesa del Parlamento Vasco".
Además, ven "inaceptable que se diga que no hay recursos económicos para las personas pensionistas más precarias mientras se reparten a fondo perdido cientos de millones de euros para grandes empresas".
A su entender, "parece evidente que el PNV y el PSE-EE han decidido consumar lo más rápidamente posible este atropello a la participación de la ciudadanía".