Bilbao
El País Vasco avanza en materia de transferencias con el traspaso del primer bloque de la Seguridad Social y con la vista puesta en gestionar el subsidio y las prestaciones contributivas de desempleo, un compromiso que el Gobierno vasco no logró en su último encuentro con el Ejecutivo central mantenido el pasado mes de julio. Sin embargo, el Vicelehendakari Segundo y Consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, presente en las negociaciones, cree que hay voluntad para seguir dando pasos a favor de la gestión autonómica, según avanza a elEconomista.es en esta entrevista.
-En la reciente Comisión Bilateral mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, en la que también participó usted, consiguieron avanzar en materia de transferencias para el País Vasco, aunque sólo en la cesión de las prestaciones no contributivas relacionadas con las familias. ¿De cuánto dinero podemos estar hablando, teniendo como referencia lo gestionado en 2024 a través de estas prestaciones?
Efectivamente avanzamos en varios temas y logramos cuatro transferencias. Hay voluntad, compromiso y buena disposición por parte del presidente del Gobierno en avanzar en el resto de las transferencias. En lo referente a las prestaciones no contributivas, quizá sea un poco apresurado hablar de cantidades económicas.
-¿Cuándo se hará efectiva la transferencia de este primer bloque de la Seguridad Social al Gobierno vasco?
A partir de ahora se abre un proceso para cerrar todos los detalles de la transferencia y, en función de la evolución de este proceso, estaremos en disposición de dar una fecha.
-Sin embargo, han quedado fuera el subsidio y las prestaciones contributivas relacionadas con el desempleo, ¿qué posibilitaría su transferencia al territorio vasco?
Con la transferencia del subsidio por desempleo y de las prestaciones contributivas relacionadas con el desempleo sería Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, y no el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, el organismo que gestionará las políticas pasivas de empleo, junto a las activas, que ya están siendo ejecutadas por la Comunidad Autónoma Vasca desde 2011. De esta manera, podremos hacer una intervención integral con las personas que buscan empleo.
-¿Y qué supondría su traspaso a Euskadi en términos económicos?
Es algo que todavía no podemos estimar con exactitud, pero sin duda son muchos miles de millones de euros que pasaríamos a gestionar desde el punto de vista económico en Euskadi, lo cual nos va a suponer un esfuerzo administrativo de control y eficiencia muy importante.
-Advierte de la voluntad de Pedro Sánchez, pero apunta a las "reticencias" de Yolanda Díaz y de su partido, Sumar, para transferir la Seguridad Social a Euskadi, ¿han podido hablar?
Sí. Hay muy buena disposición por parte del presidente del Gobierno en completar las transferencias, y el compromiso y la voluntad es llevarlas adelante. Eso es lo importante y en eso estamos trabajando, más allá de los plazos o el horizonte temporal para que se completen. En cuanto a las reticencias de Yolanda Díaz, yo creo que ha sido más una circunstancia política, en el sentido de que ellos no habían trabajado suficientemente el tema y creían que no era el momento de realizar ningún tipo de avance. No creo que se opongan a ello ni que sean contrarios a la transferencia. Sí que es cierto que nosotros fuimos con unas expectativas, tras haber trabajado una serie de documentos, para poder haber avanzado algo más, pero no pudimos avanzar gran cosa. Sin embargo no creo que estén en desacuerdo, sino que en ese momento político no les convenía y no han querido hacerlo, pero existe el compromiso de hacerlo en los próximos meses.
-¿Qué les diría a quienes creen que esta cesión supone 'romper' la caja única de España y los principios de solidaridad entre Comunidades Autónomas?
Que Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, gestiona desde el año 2023 una prestación de la Seguridad Social que es el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y eso no ha supuesto la ruptura de nada. Nuestro objetivo es acercar la gestión política a la ciudadanía y facilitar el acceso de las personas a los servicios públicos. Por eso pedimos en su día la gestión del IMV, y por eso creemos que la gestión de las prestaciones por desempleo, junto con la de las políticas activas de empleo, puede facilitar la vida de la ciudadanía vasca, que tendrá un servicio integral en Lanbide.
-Volviendo al tema del empleo, los datos del paro en verano han vuelto a repuntar, también en Euskadi, ¿qué expectativas tiene para finales de este año?
Efectivamente, todos los meses de agosto se produce esta situación, debido a que el sector educativo cesa su actividad en julio y muchos docentes van al desempleo y se les vuelve a contratar en septiembre. Exactamente el 51% de los nuevos desempleados proceden del sector educativo, y el resto, mayoritariamente del sector Servicios y Hostelería, donde, salvo los municipios costeros muy turísticos, el resto cierra esta temporada antes o después de sus fiestas patronales. No obstante, este mes de septiembre no tengo ninguna duda de que volveremos a estar en cifras positivas, tal y como estábamos en términos interanuales, que es el dato en el que tenemos que fijarnos.
Pensiones mínimas
-Otro de los temas que está ahora en la calle es el de las pensiones, ya que el colectivo de pensionistas vascos acaba de anunciar más movilizaciones después de que desde el Gobierno vasco hayan rechazado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada, que ha recabado más de 145.000 firmas, solicitando un el cobro de un complemento que garantice la equiparación de las pensiones más bajas con el SMI. ¿Entiende su reclamación?
Puedo entender su postura al ver rechazada su iniciativa, pero me gustaría ver también una mínima empatía con el esfuerzo y el compromiso que tiene el Gobierno vasco con la prestación social de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos), que actualmente complementa a casi 16.000 pensionistas, algo que no ocurre en ningún lugar de España.
14.-Los pensionistas alegan que el modelo actual que complementa las pensiones más bajas, a través de la RGI, tiene en cuenta los ingresos de toda la unidad convivencial, por lo que piden que se establezca un complemento que sólo tenga en cuenta los ingresos individuales de la persona pensionista. ¿Creen que esta propuesta puede articularse?
Con la actual ley, ya tomamos en consideración la vulnerabilidad de las personas jubiladas y las características de su unidad de convivencia (teniendo en cuenta para ello todos los ingresos y patrimonio de la persona jubilada y la renta máxima garantizada de su unidad de convivencia), por lo que no sería coherente el establecimiento de un complemento universal y desvinculado del análisis de necesidad económica, ya que podría implicar duplicidades con las prestaciones ya existentes.
La propuesta de la ILP, sin embargo, plantea un complemento universal desvinculado del análisis de necesidad económica de la unidad convivencial. Eso generaría duplicidades con prestaciones que ya existen y, lo que es más grave, introduciría desigualdades respecto a otros colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, personas con salarios bajos que complementan sus ingresos, o quienes tienen necesidades especiales de integración social. El sistema vasco se basa en la igualdad, equidad y la solidaridad, y cualquier medida que rompa esa coherencia afectaría a su eficacia.
Negociación del Salario Mínimo de Convenio
-Además, tenemos sobre la mesa el estudio sobre el salario mínimo de convenio encargado por su departamento y que establece un baremo de entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, o, lo que es lo mismo, entre 17.752 y 19.390 euros brutos anuales.
1.Desde ELA y LAB critican que la empresa encargada de llevar a cabo este estudio no conoce la realidad de Euskadi, ¿quién ha sido la entidad encargada de realizar el estudio y qué datos ha utilizado para ello?
Me parece muy atrevido decir que Ikertalde, la empresa que ganó el concurso público, no conoce el mercado laboral vasco. Es una apreciación sin fundamento. El estudio está hecho por una empresa de reconocido prestigio y ha contado con la participación del equipo de técnicos del departamento que dirijo y que han participado en la elaboración de un estudio que, salvo ELA y LAB, todos lo han alabado por su rigurosidad y profundidad.
-Ambos sindicatos también advierten de que esta propuesta plantea "el tramo salarial más bajo de los recomendados en la Carta Social Europea y en las directivas de la UE" y piden quedarse con el tramo más alto, de modo que el salario mínimo de convenio sea de 1.500 euros netos en 14 pagas. ¿Cree que el acuerdo de la Mesa de Diálogo debe ser de mínimos o que puede aspirar a algo más?
En el estudio no se ha optado por el tramo más bajo de los recomendados por la Carta Social Europea o la Directiva de la UE. Se han utilizado dos métodos de aproximación para definir la horquilla. El primero de ellos, el 60% del salario medio neto, que es la referencia más alta recomendada en la Carta Social Europea por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y el segundo, en relación con la directiva europea, emplea el 50% del salario medio bruto, no por constituir un umbral mínimo, sino por su mayor relevancia práctica y política en el ámbito de la negociación colectiva y en consonancia con la metodología de cálculo utilizada para el SMI en España, que también se basa en el salario medio. Por tanto, no se ha partido de una base conservadora, sino de una elección razonada, técnicamente fundamentada y alineada con las recomendaciones oficiales.
Pero, más allá de los datos, el estudio es una aportación al diálogo y a la negociación para alcanzar un acuerdo que permita una subida salarial para las personas trabajadoras que menos cobran. No es un estudio ni de mínimos, ni de máximos. Es un estudio que, desde el rigor, pretende ser un llamamiento al diálogo a sindicatos y patronal. Porque, además, establece que hay más problemas en el mercado de trabajo que el salario. El informe habla de que en el País Vasco hay personas trabajadoras que no tienen el paraguas de un convenio colectivo y de personas trabajadoras cuyo salario es muchísimo menor que el salario mínimo actual porque no trabajan un número de horas suficiente, y de que en ambos casos la mayoría de estas personas son mujeres. Discutir sobre cantidades es empequeñecer el discurso y el análisis.
-Desde Confebask, por su parte, dicen que sólo aceptarán hablar del salario mínimo de convenio si también se abordan otros factores relacionadas con la competitividad empresarial, como el absentismo laboral o la flexibilidad organizativa, y que sólo lo harán en un foro tripartito como es la mesa de diálogo social, donde, además de los agentes sociales, está también el Gobierno vasco. ¿Confía en la actitud de diálogo de la patronal? ¿Están sobre la mesa esas cuestiones de las que hablan?
La negociación requiere abordar todos los temas relevantes y plantear abiertamente las cuestiones que generan inquietud, especialmente aquellas que están interrelacionadas. Y Euskadi se caracteriza tanto por los elevados niveles de productividad, como por los altos índices de bajas por incapacidad temporal. El estudio permite explorar fórmulas para un incremento salarial ordenado y consensuado. Confío en que tanto la patronal como los sindicatos asuman su responsabilidad y participen activamente en el diálogo sobre estas cuestiones.
-No obstante, Confebask alude a que el País Vasco tiene los salarios más altos de España, 33.504 euros de media en 2023, frente a los 28.050 euros de la media nacional, pero estamos hablando de medias, ¿cuál es la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos del territorio?
No pongo en duda lo que dice Confebask, pero también es cierto que en Euskadi el 10% de la población asalariada con los salarios más bajos gana menos de 13.616 euros y que las personas trabajadoras a tiempo parcial tienen unos ingresos medios de 5.000 euros aproximadamente. Creo que como Consejero debo preocuparme por las personas cuyos trabajos son precarios, con ingresos insuficientes o con condiciones de trabajo que les acercan a la vulnerabilidad social y la pobreza. Y, como se puede ver en el estudio, tenemos margen de mejora.
-Además, hay que tener en cuenta que el coste de la vida en Euskadi es entre un 7 y un 17% más elevado que en el resto de España, según ratifica el estudio.
Sí. El estudio alude al coste de la vida, y es lógico que así lo haga. El salario que las personas trabajadoras deben recibir por su trabajo debe permitir desarrollar una vida personal y familiar independiente y digna y eso está vinculado con el coste de la vida.
-En lo que sí coinciden tanto sindicatos como patronal se ponen es en criticar que el salario mínimo de convenio tendrá un efecto residual al dejar fuera a los 236.000 trabajadores vascos sin convenio territorial, que deben remitirse a convenios estatales o al estatuto de los trabajadores. ¿A quién corresponde mejorar sus condiciones laborales y cómo se puede promover desde el Gobierno la firma de convenios sectoriales territoriales propios?
Le corresponde a la mesa de diálogo social, entre patronal y sindicatos. El Gobierno Vasco ha realizado un estudio porque en 2023 hay un acuerdo político en el Parlamento Vasco que llama a sindicatos y patronal más representativos a negociar y acordar un salario mínimo de negociación colectiva. Acuerdo que, como no puede ser de otra manera, hace suyo el Gobierno Vasco. Y en este escenario es en el que elaboramos este estudio que, como he dicho antes, pretende ayudar a Confebask, ELA, LAB, CCOO y UGT en esa mesa de negociación. Sin poner apriorismo, sin poner márgenes y sin interferir en su autonomía.
Y en ese estudio se concluyen muchas cosas. Primero, que la negociación colectiva goza de buena salud en Euskadi, pero que aún hay personas trabajadoras que no tienen convenio colectivo, como por ejemplo, las empleadas de hogar, o que lo tienen decaído, como por ejemplo, oficinas y despachos. ¿Significa eso que cobran todos el SMI? No, significa que no tienen la cobertura de derechos que proporciona un convenio colectivo.
En segundo lugar, el estudio recoge que hay personas trabajadoras cubiertas por convenios colectivos estatales, y que, según como se negociara en Euskadi, no accederían a ese salario mínimo de convenio colectivo. ¿Significa que esas personas están todas en niveles del SMI? No, ni mucho menos.
Pero hay que recordar algo. Los convenios colectivos no los firma el Gobierno. Nuestro sistema permite que trabajadores organizados a través de sindicatos puedan negociar con la patronal, sin injerencias de ningún tipo, sus condiciones de trabajo, su salario y su jornada, así que vuelvo a hacer un llamamiento a sindicatos y patronal para que aumenten las coberturas que marca la negociación colectiva.
-Por último, ha anunciado la creación de un Observatorio de la Negociación Colectiva, ¿qué funciones va a desempeñar?
Sí. El papel de este observatorio será el de dar información y conocimiento que ayude a la negociación colectiva de la que le hablaba antes.
-¿Y cuándo está prevista su articulación y entrada en funcionamiento?
De momento se encuentra en fase preliminar. Aún es pronto para anunciar una fecha.