La relación entre Francia e Italia vive un nuevo episodio de fricción diplomática, esta vez con el sistema tributario como telón de fondo. La chispa saltó el pasado domingo, durante una entrevista televisiva en horario de máxima audiencia, cuando el primer ministro francés, François Bayrou, advirtió de que una eventual subida de impuestos a las grandes fortunas, como propone la izquierda gala, aceleraría un "nomadismo fiscal" que ya estaría vaciando Francia de contribuyentes adinerados. Y, para subrayar su argumento, señaló con nombre y apellido a un vecino: "Italia hoy está practicando una política de dumping fiscal", denunció.
Las palabras no tardaron en encontrar respuesta. Apenas unas horas después, el Palazzo Chigi, sede de la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, publicó un comunicado de tono inusualmente duro: "Sorprenden las afirmaciones completamente infundadas del primer ministro francés, François Bayrou. La economía italiana es atractiva y tiene un mejor rendimiento que otras gracias a la estabilidad y credibilidad de nuestra nación. Italia no implementa políticas de incentivos fiscales injustificadas".
Más allá del intercambio de reproches, el episodio revela un hecho incuestionable: Europa libra una batalla soterrada por atraer capitales y talento, y la Italia de Meloni se ha convertido en uno de los polos más atractivos para grandes patrimonios en movimiento.
El origen de esta estrategia se remonta a 2016, cuando el entonces primer ministro Matteo Renzi (de ideología orientada hacia el centroizquierda) aprobó un régimen fiscal especial para los extranjeros que trasladaran su residencia a Italia. El esquema ofrecía a los nuevos residentes la posibilidad de pagar una tasa plana anual de 100.000 euros, más 25.000 por cada familiar, durante un máximo de 15 años. A cambio, se eximía de tributar por rentas y patrimonios situados fuera del país.
En agosto de 2024, el Ejecutivo de Meloni decidió elevar la cuota a 200.000 euros para las nuevas incorporaciones, con el objetivo declarado de evitar acusaciones de competencia desleal. El Gobierno sostiene que, al duplicar la tasa, demuestra que no compite "a la baja". Sin embargo, sus críticos aseguran que el paquete sigue siendo extraordinariamente atractivo y que está generando distorsiones, especialmente en el mercado inmobiliario de lujo y en sectores vinculados al consumo exclusivo.
Conviene distinguir entre dos instrumentos fiscales distintos. Por un lado, el régimen especial para grandes patrimonios extranjeros, que afecta a rentas situadas fuera de Italia. Por otro, el plan de "trabajadores repatriados", pensado para profesionales cualificados que deciden instalarse en el país, ya sea por retorno o por traslado. Este segundo mecanismo permite reducir hasta un 50% la base imponible del salario durante cinco años.
En conjunto, estas medidas sitúan a Italia como un destino competitivo para millonarios y directivos o profesionales de alto nivel, que encuentran en el país un entorno fiscal favorable unido a una alta calidad de vida.
Las cifras respaldan esta tendencia. El Henley Private Wealth Migration Report 2025 estima que este año 142.000 millonarios cambiarán de residencia en todo el mundo. De ellos, Italia podría recibir un saldo neto positivo de 3.600 personas de alto patrimonio, situándose únicamente por detrás de Emiratos Árabes Unidos (con más de 9.800) y de Estados Unidos (con unos 7.800).
En el lado opuesto, el informe anticipa que países como Francia, España y Alemania perderán, respectivamente, 800, 500 y 400 millonarios. Portugal y Grecia, junto con Italia, figuran como los principales beneficiarios de esta redistribución interna en Europa.
La acusación de Bayrou apunta a una cuestión más amplia: la competencia fiscal dentro de la Unión Europea. Roma insiste en que no está "robando" bases imponibles a otros países, ya que la tasa plana se aplica a rentas extranjeras que, de no trasladarse el contribuyente, nunca tributarían en Italia. París, sin embargo, observa la realidad desde otro prisma: cada ciudadano rico que abandona Francia para mudarse a Italia representa ingresos fiscales perdidos y, por tanto, un efecto negativo neto para las arcas francesas. El debate se inscribe en una vieja polémica comunitaria: la existencia de "paraísos fiscales dentro de la UE", como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos, cuya normativa atrae empresas y capitales en detrimento de otros Estados miembros. Mientras no exista un régimen fiscal común europeo, la movilidad del dinero seguirá respondiendo a la lógica de incentivos nacionales.
Italia parece llevar ventaja, al menos por ahora. La combinación de incentivos fiscales, un estilo de vida atractivo y la percepción de estabilidad política bajo Meloni la convierten en un destino competitivo frente a vecinos con mayores presiones tributarias. Este "efecto imán" se refuerza por el "efecto expulsión" que provocan sistemas fiscales más exigentes, como el francés.
Lo que comenzó como una declaración en televisión se ha transformado en un choque diplomático que pone en evidencia una realidad incómoda para Europa: la riqueza se mueve con rapidez, y los Estados compiten silenciosamente por acogerla. Entre tanto, los contribuyentes comunes observan cómo las reglas del juego parecen más flexibles para quienes poseen fortunas capaces de cruzar fronteras al compás de los impuestos.