El primer ministro francés, François Bayrou, anunció este lunes que el próximo 8 de septiembre se someterá a una cuestión de confianza en la Asamblea Nacional, en un intento por contener la crisis política y buscar nuevos apoyos parlamentarios.
Con esta medida, Bayrou pone en manos de los diputados no solo la aprobación de su plan presupuestario para 2026, sino también la continuidad de su Gobierno.
Durante una conferencia de prensa para dar inicio al nuevo curso político, Bayrou subrayó la gravedad de la situación económica y la necesidad de tomar decisiones urgentes. "Tenemos dos opciones: seguir sin hacer nada y empobrecernos, o volver al trabajo para mantener nuestro nivel de vida", afirmó, apelando a la responsabilidad colectiva.
Pidió a los franceses que "participen en el esfuerzo" que reclaman las instituciones públicas y confió en que los ciudadanos tomen conciencia del momento crítico que vive el país.
La convocatoria de la cuestión de confianza se produce en un contexto de fuerte oposición a las líneas maestras del presupuesto para 2026, que incluye un aumento de ingresos de 43.800 millones de euros y un recorte del gasto público para reducir el déficit, que fue del 5,8% del PIB el año pasado.
La meta es bajarlo al 5,4% en 2025 y al 4,6% en 2026, con una previsión de alcanzar un 2,8% en 2029, por debajo del umbral del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
Bayrou ya ha mantenido conversaciones con sindicatos, empresarios y partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, ha encontrado un rechazo unánime por parte de la izquierda, la extrema derecha y los sindicatos al proyecto presupuestario.
La oposición y los sindicatos critican que el ajuste recaiga sobre las clases populares y medias, mientras que los sectores más acomodados apenas se verían afectados. Entre las medidas más polémicas está la propuesta de suprimir dos días festivos al año para aumentar la productividad.
En paralelo, varios partidos de izquierda anunciaron su intención de presentar una moción de censura en cuanto comience formalmente el curso político, el próximo 22 de septiembre. Para que prospere, necesitarán el respaldo de la extrema derecha de Marine Le Pen, como ya ocurrió en diciembre pasado, cuando la falta de acuerdo sobre los presupuestos de 2025 provocó la caída del Gobierno de Michel Barnier.
Antes de esa fecha, se convocó a través de las redes sociales una jornada de paralización nacional, a la que podrían sumarse partidos políticos de la oposición.
Jean-Luc Mélenchon, líder del partido radical La Francia Insumisa, llamó incluso a una huelga general para el día 10 de septiembre, especialmente en sectores clave como la sanidad y la energía. Además, declaró que "no hay mayoría" para Bayrou. Por su parte, el líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, sostuvo que este es "el final de su gobierno", lo que confirma la pérdida de confianza por parte de ambos partidos.
Bayrou alertó de que el riesgo para el país es "inmediato", señalando que la deuda pública ha alcanzado los 3,345 billones de euros, equivalentes al 114% del PIB al cierre del primer trimestre de 2025.
El coste del servicio de esa deuda asciende este año a 55.000 millones de euros, el doble que en 2020, y podría alcanzar los 75.000 millones en 2027 si no se adoptan medidas urgentes. "Durante los últimos 20 años, cada hora del día y de la noche, la deuda ha aumentado en 12 millones de euros", advirtió.
Por último, el primer ministro criticó a quienes, desde distintos sectores políticos, apuestan por el "desorden" y el "caos", e instó a los diputados a dejar de lado sus "etiquetas políticas" y votar en conciencia para evitar repetir el destino del anterior primer ministro, Michel Barnier.