Barcelona
A menudo, la labor de los censores jurados se ve con recelo, a pesar de que su actividad resulta fundamental para insuflar confianza en el tejido económico. Al final, depende de ellos creer o no creer en los números de una empresa. En esta entrevista, Joan Vall, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, reivindica su cometido y pasa revista a la situación del sector, empezando por la voluntad del Gobierno de modificar los límites de auditoría de las empresas.
¿Qué puede suponer el anteproyecto de ley que prepara el Ministerio de Economía?
Los límites de auditoría hace mucho tiempo que no se tocan. El proyecto ómnibus del Gobierno quiere eliminar carga administrativa y las patronales están haciendo bastante presión para actualizar estos límites, que se quieren subir un 25% tanto a nivel de activos como del importe neto de la cifra de negocio. Algunos informes dicen que esto podría evitar la auditoría a unas 4.000 empresas. Esto afectaría sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque al subirse los límites de auditoría ya no será obligatorio que auditen sus cuentas.
¿Da por hecho que si una empresa no tiene obligación no visará sus cuentas?
En el sector tenemos la esperanza de que se seguirán haciendo de forma voluntaria. Entendemos que si han estado auditados durante todos estos años, la carga administrativa para nosotros no es una carga administrativa, al contrario, porque unos honorarios de auditoría puede representar sobre una facturación de una compañía el 0,01%. En España no tenemos asumida la cultura de la voluntariedad como en los países nórdicos.
¿Cree que se terminará aprobando en la situación actual?
A nivel parlamentario hay más preocupación por otros temas que están sobre la mesa y, por tanto, todo está muy parado a nivel legislativo. Puede que cuando haya más estabilidad política y parlamentaria se apruebe. Creo que no tiene retorno. Hace diez años que no se actualizan estos límites y seguramente se aprobará.
4.000 sociedades no son tantas, ¿no?
No, pero dentro del sector puede hacer daño. En el colegio tenemos más de 200 firmas adheridas, pero las seis grandes quizá auditen el 75% de la facturación. El otro 25% está atomizado en pequeñas y medianas empresas. En este sentido, en el sector creemos que habrá una concentración de firmas por las empresas que dejarán de auditarse. Además, somos una profesión regulada y cada vez nos piden mayor transparencia y rendición de cuentas. Hay más pressing por parte de las instituciones para que haya una concentración porque cada vez se piden más controles de calidad.
De la misma forma que se habla de consultoría y abogacía boutique, ¿no podría aplicarse lo mismo entre los auditores?
Ten en cuenta que la transformación digital con la inteligencia artificial requerirá una inversión brutal en tecnología. Las pequeñas y medianas empresas no tienen la financiación ni los recursos para asumir esta inversión. Al 90% de las pymes españolas les puede pasar exactamente lo mismo. Debemos ganar volumen para competir con otras compañías. En el sector de la auditoría la necesidad de financiación y recursos en tecnología no la pueden asumir las pequeñas y medianas empresas.Han alertado de otra consecuencia del anteproyecto: el aumento del fraude. Seguramente la tendencia es que haya más fraude desde un punto de vista de impuestos. La transparencia, la rendición de cuentas... si no estás obligado a ello, todo esto se perderá. Al final, nosotros garantizamos esta confianza que es buena para la salud empresarial. Está demostrado que aquellas empresas que están auditadas son más rentables, más transparentes y van en crecimiento. De alguna manera, auditarse es una garantía de confianza para el mercado. No debe pensarse como una carga administrativa, sino como una inversión.
Hace un momento hablaba de la IA, ¿existe ya alguna herramienta a la que le des las cuentas y te saque un informe?
No es tan fácil. Sí que hay herramientas de analítica de datos que nos ayuda a ser más productivos y eficientes y dedicar nuestros otros recursos a tareas de más valor añadido. Lo bueno o malo que tiene usar la inteligencia artificial es que de un día para otro van saliendo cosas nuevas, debemos estar siempre atentos a lo que sale en el mercado. Creo que debemos buscar otro tipo de perfil profesional. Antes nuestro perfil profesional venía de la administración y dirección de empresas, y ahora buscamos a perfiles más habilitados en STEM. Esta demanda de perfiles que sepan tanto de tecnología como de contabilidad nos está costando encontrarla en el sector. Lo que estamos haciendo desde el colegio es acercarnos a las facultades de ingeniería y matemáticas para explicar qué hacen las firmas de auditoría. En nuestro último Foro de la Auditoría vinieron muchos estudiantes y se quedaron sorprendidos.
¿Y cómo intentan convencer a las nuevas hornadas?
La auditoría tiene mucho futuro. Somos un sector de generación de puestos de trabajo, cada año contratamos a unos 3.000 trabajadores. En los últimos 10 años, se han incrementado más de un 50% el número de trabajadores en toda España. Un auditor sénior me decía hace poco que el valor social de un auditor es muy importante. Esto es algo que debemos saber transmitir a los jóvenes.
¿Y qué pasa con las auditorías de las entidades públicas?
En Cataluña, el sector público está regulado y supervisado por la Sindicatura de Comptes y la Intervenció General de la Generalitat. Además, los ayuntamientos cuentan con sus propios interventores. Desde el colegio reivindicamos una colaboración público-privada. Ya hacemos cosas, pero podríamos hacer mucho más. Recientemente, un informe de la Sindicatura afirmaba que se habían detectado 167 millones de euros en pagos indebidos por derechos sociales. Si no hay recursos para garantizar estos controles internos, se puede recurrir al sector privado. A las compañías se las obliga a auditarse, pero el 90% de los ayuntamientos no están auditados en España. ¿El ciudadano no tiene derecho a saber si las cuentas de los ayuntamientos, con fondos públicos, están auditadas?