
La Comisión Europea está dispuesta a reforzar su blindaje frente al desembarco de empresas extranjeras en el mercado interior mediante el uso de subvenciones. Para ello, Bruselas prepara unas directrices que servirán para aplicar el nuevo Reglamento de Subvenciones Extranjeras y que permitirán bloquear adquisiciones o licitaciones públicas si se detecta ayuda financiera de terceros países con efectos desleales.
Esta propuesta coincide con la visita que el 24 de julio realizará la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto con la alta representante y vicepresidenta Kaja Kallas, a China. Allí, la presidenta Von der Leyen, junto con el presidente Costa, se reunirán con el presidente Xi Jinping y, a continuación, con el primer ministro Li Qiang después de las investigaciones abiertas por las ayudas de China a los vehículos eléctricos o los apoyos a la industria de paneles solares.
Este nuevo marco legal, en vigor desde julio de 2023, permite por primera vez a las autoridades comunitarias investigar, fiscalizar e incluso bloquear operaciones empresariales financiadas por ayudas estatales de países no miembros de la UE que puedan alterar la competencia en Europa.
Con estas directrices, que actualmente están en consulta pública hasta el 12 de septiembre, la Comisión concreta cómo interpretará y aplicará dicho Reglamento.
Hasta ahora, la normativa europea controlaba las ayudas de Estado concedidas por los propios países miembros, pero carecía de herramientas para hacer frente a subvenciones extranjeras que favorecieran artificialmente a empresas no europeas en adquisiciones, licitaciones o inversiones dentro del mercado único.
El Reglamento 2022/2560 cierra esa brecha. Introduce un sistema de vigilancia y control sobre empresas que hayan recibido apoyo financiero de terceros países y aspiren a adquirir compañías europeas o a competir para hacerse con contratos públicos en la Unión Europea.
El principal cambio introducido en estas nuevas directrices es la puesta en marcha de un sistema obligatorio de notificación previa para determinados tipos de operaciones.
Las concentraciones empresariales deberán notificarse si al menos una de las partes genera más de 500 millones de euros de facturación en la UE y el grupo ha recibido más de 50 millones de euros en ayudas extranjeras en los últimos tres años.
En la contratación pública, las empresas deberán declarar subvenciones si optan a contratos superiores a 250 millones de euros y han recibido más de 4 millones de euros en ayudas foráneas. Además, la Comisión se reserva el derecho a "llamar a notificación" (call-in) a las operaciones que estén por debajo de estos umbrales si sospecha de la existencia de una posible distorsión, y podrá iniciar investigaciones de oficio cuando las circunstancias lo justifiquen.
Las directrices aclaran también cómo se evaluará si una subvención extranjera distorsiona la competencia. Para ello, deberán cumplirse dos condiciones: que la ayuda mejore la posición competitiva de la empresa beneficiaria en el mercado interior y que tenga un efecto negativo real o potencial sobre la competencia.
La Comisión Europea identificará también categorías de ayudas especialmente problemáticas, como las otorgadas a empresas en crisis, las garantías ilimitadas, el apoyo a licitaciones a precios artificialmente bajos o las subvenciones dirigidas a facilitar adquisiciones de empresas europeas.
En los casos en que se detecte una distorsión, la Comisión podrá imponer remedios (como la devolución de la ayuda, la reestructuración de la operación o restricciones en el uso de la subvención) o incluso bloquear adquisiciones o adjudicaciones públicas.
El Reglamento introduce un test de balance que permite aceptar una ayuda extranjera si sus efectos positivos (por ejemplo, en sostenibilidad, innovación o interés estratégico para la UE) superan su impacto negativo para la competencia.
"Desde su entrada en vigor en julio de 2023, el Reglamento sobre subvenciones extranjeras tiene por objeto abordar las distorsiones en el mercado interior causadas por las subvenciones extranjeras. Esto ayudó a cerrar la brecha con el examen que se venía aplicando rigurosamente sobre las subvenciones concedidas por los Estados miembros en el marco del control de las ayudas estatales. Con la publicación del proyecto de Directrices para la aplicación del RSE el día de hoy, las partes interesadas pueden ayudar a la Comisión a mejorar la previsibilidad y la transparencia en su aplicación", asegura la vicepresidenta Teresa Ribera.
Stéphane Séjourné, vicepresidente para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, indicó que "La contratación pública constituye una poderosa palanca para configurar el futuro económico de Europa. Cada euro gastado por las autoridades públicas debe apoyar la competencia leal, la innovación y nuestra autonomía estratégica. El Reglamento sobre subvenciones extranjeras garantiza que las empresas compitan en igualdad de condiciones, sin apoyo extranjero que las distorsione". La Comisión dará un informe sobre el reglamente en julio de 2026.