La economía de España ha destacado en los últimos años por su fuerte crecimiento (respecto al resto de Europa) y la intensa creación de empleo, que ha permitido rebajar la tasa de paro a niveles que no se veían desde hace más de 15 años. Sin embargo, este boom del PIB no ha borrado ni siquiera minimizado de forma notable el gran reto de la economía: la gran promesa de España a sus pensionistas. Cuando se habla de pensiones se suele destacar el creciente gasto, el déficit de la Seguridad Social (que vive de las transferencias del Estado que se 'restan' de otras partidas de gastos o se financia con deuda), pero no se suele poner cifras a las promesas reales que ha hecho España a sus pensionistas. Según los datos que maneja Eurostat, España tiene la mayor 'deuda' de todos los países con sus pensionistas. España es el país que más ha prometido y si quiere cumplir su promesa va a tener que hacer esfuerzos titánicos para pagarla.
Eurostat publica cada cierto tiempo este indicador que revela el esfuerzo que deberán hacer los diferentes países para afrontar el pago de las pensiones. Es una medición o cálculo de los derechos de pensión que han generado los españoles (si estás trabajando estás generando estos derechos) hasta un momento dado a través de cotizaciones y aportaciones a fondos. España sale como el peor parado con una 'deuda implícita' del 500% del PIB. Si bien es cierto que esta suerte de indicador se debe analizar con cautela (hay muchas variables en juego y las normas que rigen el sistema pueden cambiar de la noche a la mañana), sí muestra la enorme 'carga' a la que se van a enfrentar las finanzas españolas en los próximos años. El creciente peso de los pensionistas por jubilación, la indexación de las pensiones a la inflación, la caída esperada de la población ocupada en términos relativos o la creación de empleo de baja calidad van a complicar sobremanera el pago de esa masa de prestaciones que va a empezar a crecer de forma notable desde este mismo momento. El agujero de las pensiones es grande en términos absolutos y relativos.
Sin ir más lejos, el déficit contributivo de las pensiones ya alcanzó el año pasado los 30.000 millones de euros. La previsión es que este déficit siga aumentando a medida que la generación del baby boom vaya abandonando su vida laboral para 'caer' dentro del grupo de personas conocidas como dependientes (aquellas que no contribuyen ni producen en términos económicos).
El déficit de las pensiones
Ya antes de incorporar los derechos pensionales futuros, la situación del sistema presenta importantes desequilibrios (y lo peor está aún por llegar). "Las cifras de 2024 reflejan un déficit contable en el sistema público de pensiones a pesar de la fuerte inyección de recursos que ha recibido desde 2019 (aquí un ejemplo) mediante transferencias del Estado en su componente contributivo (Seguridad Social y Régimen de Clases Pasivas). Las perspectivas futuras parecen complicadas como consecuencia de una aceleración del proceso de envejecimiento provocado por la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación y el previsible aumento de la esperanza de vida (+3,4 años en 2050). La suma de ambos fenómenos aumentará el número de pensiones un 56,3% en un periodo de tiempo relativamente corto (de 9,984 a 15,605 millones), para después estabilizarse hasta 2070 (16,637 millones), señalaba Miguel Ángel García, profesor de Economía y uno de los mayores expertos en España de pensiones, en un documento publicado por Santalucía.
Con todo, el cálculo de esta deuda implícita de las pensiones o 'pension entitlements' en las cuentas nacionales que publica Eurostat representa una estimación del valor de todas las pensiones que los hogares han acumulado hasta una fecha determinada (en este caso es hasta 2021), ya sea mediante sistemas públicos (de reparto o pay-as-you-go, que es el sistema de España) o privados (fondos capitalizados). Para obtener esta cifra, se proyectan los beneficios que cada persona recibirá al jubilarse (basándose en su historial laboral y en las normas del sistema de pensiones) y se actualizan al valor presente utilizando técnicas actuariales. Los derechos financiados con fondos privados que se pueden ver en el gráfico representan las aportaciones a fondos de pensiones privados, mientras que los no financiados representan los sistemas públicos de reparto como el de España, donde las pensiones no se financian con ahorro, sino que se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo de cada momento.
En el cálculo de las 'pension entitlements' implica descontar al valor actual todos los pagos futuros esperados, teniendo en cuenta factores económicos (como la inflación, los tipos de interés y el crecimiento de salarios) y demográficos (como la esperanza de vida o la edad de jubilación). El resultado no mide cuánto costarán las pensiones en el futuro, sino cuántos derechos acumulados existen hoy si el sistema se cerrase de inmediato. Cuánto tendría que pagar España a estas personas en caso de jubilarse hoy.
De una forma aún más sencilla: el 'pension entitlements' en las cuentas nacionales no es una deuda en sentido estricto (aunque en algunos sentidos es incluso peor), pero sí representa una especie de compromiso adquirido con los jubilados actuales y con los trabajadores que ya han generado derechos para el futuro. Incluye a los jubilados actuales, que ya están recibiendo pensiones, también a los trabajadores en activo, pero solo por los derechos que ya han acumulado hasta la fecha de referencia (no por lo que vayan a cotizar en el futuro), que en este caso es 2021.
Una 'deuda' del 500% del PIB
Con todo, la realidad es que España ha acumulado a lo largo del tiempo una enorme deuda con sus ciudadanos: las pensiones futuras. Según los datos de Eurostat, España es la economía que más compromisos no contabilizados oficialmente ha asumido con sus ciudadanos. Se trata de una deuda implícita, no reconocida en los mercados financieros, pero igualmente real: las prestaciones que la Seguridad Social promete pagar, aunque no haya detrás un bono emitido o un fondo de ahorro que las respalde.
Para entender la magnitud del problema, basta con mirar el dato: esta 'deuda' asciende al 500% del PIB. Es decir, por cada euro que produce la economía española, hay cinco euros comprometidos en pensiones futuras. Y eso sin contar la deuda pública, la que sí se reconoce y se negocia en los mercados, que ronda el 100% del PIB en este momento. En total, el Estado español arrastra una carga que condicionará las finanzas públicas durante décadas. Además, España presenta hoy una de las tasas de sustitución más altas del mundo. Esta tasa señala el porcentaje del último salario que se mantiene al jubilarse, es una de las más altas de la OCDE. Según datos de 2023, se sitúa en España en alrededor del 80%, lo que significa que, en promedio, un jubilado español recibe el 80% de su salario previo a la jubilación como pensión pública. Esta tasa es significativamente más alta que la media de la OCDE (56%) y de la Unión Europea (54,8%).
Una deuda peor que la propia deuda
¿Por qué no se considera como deuda real? La diferencia clave entre ambas deudas es jurídica. Quien tiene un bono del Estado posee un derecho contractual: puede exigir legalmente su cobro con intereses. En cambio, un pensionista no tiene un título de propiedad sobre su prestación. Si un Gobierno decide retrasar la edad de jubilación o reducir las cuantías, el ciudadano no tiene más recurso que el malestar político o social. No puede denunciar al Estado ante un juez por incumplimiento.
Pero la realidad puede ser más compleja a la hora de rebajar esta deuda implícita que la propia deuda real. En el caso de España, por ejemplo, parece mucho más complicado recortar, incluso en términos relativos, las pensiones que impagar la deuda pública (en caso de que se hiciera). Lo segundo sería menos impopular que lo primero. Los pensionistas por jubilación son cada vez una porción más importante de la población y, frente a lo que ocurría en el pasado, este grupo puede quitar y poner gobiernos con su voto. La generación del baby boom mueve la economía y la política.
Ya en 2023 comenzaron a jubilarse las primeras 'hornadas' de la generación del baby boom, una generación que seguirá accediendo a la jubilación a lo largo de los próximos 16 años. Hay que tener en cuenta que en las próximas décadas la población de más de 66 años ganará peso y disminuirá la población en edad de trabajar. Según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística, entre 2023 y 2050 la población en edad de trabajar se reducirá en España en más de 800.000 personas, mientras que la población de más de 65 años aumentará en más de 6 millones. Toda la generación del baby boom aparece ya en esta 'deuda implícita', puesto que han generado importantes derechos de cobro (pensiones).
¿Existe alguna salida? La respuesta más evidente sería una reforma que reduzca el gasto en pensiones, ya sea bajando las cuantías, retrasando la edad de jubilación o endureciendo los requisitos o todo a la vez. Pero eso, en el contexto político actual, parece inviable. También podría ayudarse del crecimiento económico, pero incluso con escenarios optimistas, el peso de las pensiones parece aplastar todo lo demás. Pese a las proclamas políticas que se escuchan de forma habitual, no hay soluciones fáciles para problemas complejos.