Madrid 
La Seguridad Social necesitó hasta el mes de mayo un total de 15.452 millones de euros extra para cuadrar sus cuentas. Una cifra que supone un incremento del 30% en comparación con el año pasado. Pero si se tienen en cuenta solo las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos suma un total de 13.359 millones, un 37,8 % más que hace un año.
Como consecuencia de estas ayudas, el sistema registra un saldo positivo de 2.835 millones de euros. No obstante, sin esta cuantía, el Departamento encargado de pagar las pensiones cuenta con un déficit de casi 2.500 millones de euros (2.482,9 en concreto). Así lo muestran las últimas cifras disponibles del Resumen de Ejecución del Presupuesto relativo a mayo de 2025 y publicado ayer por la Cartera de Elma Saiz.
Por otro lado, a pesar de que el sistema cierra los cinco primeros meses con un superávit contable, sigue teniendo un déficit en el ámbito contributivo. En total, la Seguridad Social ingresó 72.686,85 millones de euros a través de cotizaciones sociales (un 7,07% más que hace un año) y gastó 76.137,2 millones (un 6,23% más). Una diferencia que resulta en un saldo negativo de 3.450,42 millones de euros.
Según el Ministerio, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, "en la percepción anticipada de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo". Una recomendación que habla sobre avanzar en la separación de fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. La idea es que las cotizaciones sociales de los trabajadores que hasta la fecha financiaban todo el sistema, se destinarán exclusivamente a sufragar las prestaciones contributivas. Y, por tanto, las transferencias irían dirigidas a sufragar todos los gastos no contributivos como es el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones de invalidez, las de orfandad y el complemento a mínimos de las nóminas de jubilación más bajas.
Hasta mayo, la Seguridad Social gastó un total de 76.137,27 millones de euros en prestaciones de nivel contributivo (siendo la principal partida la de las pensiones, con un coste acumulado hasta mayo de 64.827,32 millones) ; mientras que desembolsó 8.321,99 millones en las no contributivas (un 10% más).
1.900 millones para la 'hucha'
Aunque el Ministerio no indica el dinero extra ingresado este año por la cotización de solidaridad -en vigor desde el mes de enero- y por el aumento de las bases máximas, sí detalla que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional aportó un total de 1.955,34 millones de euros. Una cuantía que, sin embargo, se guarda directamente en el Fondo de Reserva, comúnmente conocido como la hucha de las pensiones y que no se puede retirar hasta el año 2033.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es un incremento de las cotizaciones sociales finalista que entró en vigor en 2023 y aumenta progresivamente el tipo de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos en ese año a 1,2 en 2029, tras lo que se mantiene en ese nivel. Las previsiones del Ministerio son que el MEI ingrese un total de 4.403 millones en 2025. El objetivo es acabar el año con un total de 14 millones en la hucha de las pensiones. Es decir, hasta mayo el Departamento de Saiz ha recaudado un 44% de lo previsto inicialmente.
Si bien la Cartera no especifica cuánto ha ingresado por las medidas de ingresos de la reforma de pensiones, sí cuenta con un impacto esperado para 2025. Según la memoria económica que acompañaba a la Orden por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2025, el Ministerio ingresaría este año 400 millones de euros por la cuota de solidaridad y 996 millones por el incremento de la base máxima de cotización (un 1,2% superior a la tasa de revalorización de las pensiones) y otras medidas como el cambio de cotización de los autónomos por rendimientos reales.
Debate sobre las próximas recomendaciones del Pacto de Toledo
La publicación de las cuentas de la Seguridad Social coincidieron con la comparecencia ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo de los agentes sociales. El organismo parlamentario cuyo objetivo principal es asegurar la sostenibilidad del sistema, ya empieza a hablar sobre las próximas recomendaciones del Pacto de Toledo, que tendrán que estar listas para diciembre de este año por haber pasado ya cinco años desde el último consenso.
En su comparecencia la patronal puso el foco sobre los últimos aumentos en las cotizaciones. En concreto, la directora de Empleo de CEOE, Rosa Santos, rechazó dichos incrementos y alertó de los riesgos de "cargar sobre el empleo las tensiones del sistema". Santos fue crítica con MEI y la cuota de solidaridad, una postura que también adoptó la directora del Departamento Sociolaboral de la patronal Cepyme, Teresa Díaz de Terán, avisó que estas medidas dañan el empleo, especialmente en el caso de las pymes, y van en "dirección contraria a lo que necesita el sistema".
Por otro lado, CCOO y UGT alertaron sobre que el conflicto entre jóvenes y mayores que se quiere crear sobre las pensiones y su sostenibilidad es "falso" y "artificial". Una visión compartida por el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo y la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez Navarro. Bravo, por su parte, también defendió la financiación de las transferencias aunque advirtió que, la utilización de esta fuente "no implica ignorar su impacto que pude tener en la estabilidad".
Entre otras cosas, la patronal puso sobre la mesa reforzar la previsión social complementaria, atacar el problema del absentismo a través de un refuerzo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), culminar la separación de fuentes de financiación. Los sindicatos, por su parte, incidieron en la necesidad de reforzar el complemento para la reducción de brecha de género, la reforma pendiente de la pensión de viudedad y orfandad y una mejora adicional en las diferentes modalidades de jubilación.