El coste derivado de las bajas por contingencias comunes crecerá un 10% este año hasta superar los 32.000 millones de euros, según los cálculos de la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo (AMAT) integrada en CEOE. La organización empresarial ha celebrado este miércoles su Asamblea General, en la que han participado tanto el líder de la patronal, Antonio Garamendi, como la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que comparten la preocupación por un problema que se agrava desde la pandemia.
El presidente de la organización de las mutuas, Juan Roca, ha detallado que el número de procesos iniciados de estas bajas crecerá más de un 6% en 2025, superando los 9,2 millones de procesos. A su juicio, resulta "perentorio" reducir el número de procesos de baja por un corto periodo de tiempo, acortar su duración y eliminar la bolsa de aquellos procesos superiores al año, que actualmente son más de 210.000, cinco veces más que antes de la pandemia.
En el mismo acto, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, apuntó al perjuicio de estas bajas laborales sobre la productividad y la competitividad, generando "costes inasumibles que afectan directamente la competitividad de las empresas e impactan de forma negativa en su eficiencia, rentabilidad y propio clima laboral". Asimismo, el presidente de CEOE insistió en que el absentismo es un "mal endémico" que deja "en la cuerda floja" a muchas empresas, especialmente a las pymes.
En este sentido, hizo hincapié en que, aunque el problema de los accidentes y enfermedades no laborales no está en las empresas, sí que éstas pueden y deben contribuir a preservar y mejorar la salud de los trabajadores que lo necesiten. Asimismo, insistió en que tampoco se puede criminalizar a los trabajadores cuando la gran mayoría están sufriendo las consecuencias de la ineficiencia del sistema de gestión de estas prestaciones públicas.
Los empresarios pusieron sobre la mesa diferentes propuestas para ponerle solución, como la dotación de recursos a los Servicios Públicos de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas con el fin de mejorar los diagnósticos iniciales, los tratamientos e intervenciones, así como el seguimiento de los procesos de baja, así como la mejor resolución de los procesos de larga duración.
Así demandaron que las entidades colaboradoras con la Seguridad Social puedan gestionar íntegramente los procesos de baja laboral por causas traumatológicas, lo que supone concederles la capacidad de dar el alta, ya que el último acuerdo suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los negociadores sociales ya les concedía la posibilidad de tratar a trabajadores con este tipo de lesiones en bajas comunes, es decir, que no se habían generado como consecuencia de desarrollar su actividad profesional.
No obstante, la patronal también puso en cuestión el borrador elaborado por el departamento de Elma Saiz en el que se incluía la "gobernanza" de las mutuas como uno de los temas a abordar, lo que entienden que "abre la puerta a una mayor presencia de la administración y de los sindicatos en las Mutuas". Los representantes empresariales reclamaron que no se injiera en la autonomía de gestión de las Mutuas, toda vez que son asociaciones privadas de Empresarios, y en última instancia son los que tienen la responsabilidad sobre estas Entidades.