En los primeros cinco meses del año se ha producido una reducción de la conflictividad social, lo que no ha evitado que se pierdan más de tres millones de horas de trabajo por las huelgas convocadas en este periodo. El 73,8% de estas jornadas se concentran en el sector público, donde crece ligeramente el número de paros anunciados por los representantes de los trabajadores respecto a 2024 y el número de horas de trabajo perdidas ya triplica el volumen del ámbito privado.
Entre enero y mayo, los empleados de las empresas o servicios de carácter público dejaron de desarrollar su actividad durante más de 2,36 millones de horas, es decir, perdieron cerca de medio millón de horas de trabajo al mes. En ese mismo tiempo, las compañías del ámbito privado una pérdida de 781.2200 horas de trabajo, lo que supone una diferencia significativa, ya que son una tercera parte de las acumuladas en las administraciones y las empresas de titularidad pública.
No obstante, el conjunto de horas que no se han trabajado en estos meses estén lejos de anotar una cifra récord. El máximo de los últimos ejercicios se ubica en 2023, cuando el ámbito público dejó sin cubrir más de nueve millones de horas de trabajo, mientras que el privado no alcanzó los 1,3 millones en unos meses en los que estuvo muy afectado por el impacto de la pandemia del coronavirus y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).
En ambos casos, el volumen total se ha reducido considerablemente respecto al mismo periodo del año anterior, según recoge el informe de Negociación Colectiva elaborado por CEOE. Si bien, en el ámbito privado lo ha hecho en mayor grado con un recorte del 53,15% frente al 32,8% experimentado por el sector público. Fuentes empresariales explican que estos datos son un reflejo de que la negociación colectiva está funcionando y que las condiciones que se recogen en los convenios colectivos que se van firmando son buenas y reducen la conflictividad.
El V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) también estaría contribuyendo a este proceso. Se trata del pacto marco que firmaron CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en 2023 y que se extiende hasta el final de 2025 con el objetivo de servir como guía para el conjunto de las mesas de negociación de convenios de todo el país. En el año en el que se produjo esta firma, se acumulaban en mayo 173 procesos de huelga, un año más tarde eran 145 y ahora han descendido a 134.
En el ámbito público también se ha producido un descenso progresivo, desde los 173 procesos abiertos en 2023 hasta los 97 actuales (a pesar de que superan los 94 de 2024). No obstante, el proceso responde a motivos diferentes. En primer lugar, el número de procesos abiertos hace dos ejercicios tiene que ver con que en ese año se celebraran elecciones en gran parte de las comunidades autónomas y también comicios generales. Y es frecuente que los partidos que se encuentran en el Gobierno hagan por solventar conflictos que arrastran desde hace años antes de acudir a las urnas, como sucedió con los procesos iniciados por las plantillas de Seguridad Social y Justicia.
Más allá de aspectos concretos, los conflictos tienen que ver con la elevada temporalidad que registra el ámbito público, que actualmente ya duplica la tasa del privado, debido a que los cambios implementados por la reforma laboral han reducido al mínimo el número de contratos temporales, llevando a las empresas a decantarse por acuerdos indefinidos fijo-discontinuos u ordinarios. En paralelo, España asumió el compromiso de rebajar la temporalidad al 8%, si bien, su tasa se mantiene por encima del 30%.
El Gobierno ha comenzado a dar los pasos para poner solución a este problema, que no solo afecta a la Administración General del Estado (AGE) sino también a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. El departamento de Función Pública trata de poner en marcha a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una serie de planes estratégicos de personal, con el objetivo de reducir el atractivo de los contratos eventuales con una definición más estricta de la causalidad que debería amparar este tipo de incorporaciones, según adelantó El País.
En paralelo, el departamento de Óscar Lopez prepara una oferta récord de empleo público para cubrir nuevas plazas con las que pretenden reforzar los servicios públicos, no obstante, los sindicatos presionan para que también puedan abordarse la serie de puestos de trabajo que quedarán libres en la próxima década por el intenso proceso de jubilación de las plantillas.
Sin embargo, la mayoría de las movilizaciones convocadas en los últimos meses responden al retraso del Ejecutivo en abonar la subida salarial del 0,5% de 2024 que sigue pendiente y fue negociada dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI o la protección de Muface. Al tiempo que persisten las reivindicaciones que tienen que ver con el acceso a la jubilación parcial o con las condiciones laborales en sentido amplio, como la del personal sanitario de la semana pasada.