La constructora Acciona ha manifestado su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" tras ser mencionada en la investigación que instruye el Tribunal Supremo sobre presuntas mordidas ligadas a adjudicaciones de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la filial Acciona Construcción entre las empresas que podrían haber abonado contraprestaciones económicas a dirigentes políticos, en concreto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de contratos públicos.
La empresa ha reaccionado con un comunicado en el que se desmarca de cualquier conducta irregular y anuncia la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos. Además, ha precisado que Fernando Agustín Merino Vera, exempleado citado en las diligencias judiciales, fue despedido el 12 de abril de 2021, desvinculándose así de cualquier actuación que se le pueda atribuir a título individual.
El informe de la UCO, remitido el pasado 5 de junio al Tribunal Supremo, recoge conversaciones intervenidas entre Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos; el propio Ábalos; y Santos Cerdán. En ellas se hace referencia a pagos supuestamente pendientes por parte de constructoras que habrían resultado beneficiadas en licitaciones públicas. Según la investigación, una parte de esos pagos —hasta 620.000 euros— procedería presuntamente de Acciona, aunque aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono, siempre según el relato de García recogido en los audios.
La Guardia Civil considera que existió una continuidad en la relación entre Acciona y los implicados desde la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021) hasta, al menos, febrero de 2024. En esas fechas, la UCO detectó vinculaciones entre las adjudicaciones y las supuestas contraprestaciones económicas, en un contexto donde también aparecen otras constructoras como OPR y Levantina, Ingeniería y Construcción.
Acciona defiende que la creación de uniones temporales de empresas (UTEs) es una práctica común en el sector para ejecutar proyectos complejos y que, en todos los casos, establece compromisos formales de cumplimiento normativo y debida diligencia con todos los integrantes de estas agrupaciones. Esos compromisos —asegura la compañía— se auditan de forma constante mediante sistemas internos y servicios externos como el de Risk & Compliance de Dow Jones.
En una de las actuaciones señaladas por la UCO, Acciona y Levantina participaron en UTE en la duplicación de la carretera N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, un contrato aprobado en junio de 2019 por 4,5 millones de euros. Asimismo, la UCO analiza otras adjudicaciones otorgadas a empresas asociadas en UTEs con Acciona que podrían presentar indicios de irregularidad, como obras de emergencia en Asturias, contratos de conservación de carreteras en Teruel o actuaciones en la A-12 Camino de Santiago.
Frente a estas informaciones, la multinacional presidida por José Manuel Entrecanales insiste en su compromiso con los "más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo", y asegura que tomará las medidas legales oportunas si las pesquisas —judiciales o internas— confirman irregularidades cometidas por terceros con los que ha colaborado en UTEs.
Acciona, que recuerda que su operación se extiende por más de 40 países, con más de 65.000 empleados y una facturación de 19.190 millones de euros en 2024, subraya que permanece a disposición de las autoridades y que prestará su total colaboración en el esclarecimiento de los hechos.