Valladolid
La Junta de Castilla y León ha presentado diez alegaciones al anteproyecto de Ley del Gobierno que condena la deuda a las comunidades autónomas, ya que considera que es un "pago al acuerdo de investidura" rubricado por el Ejecutivo central.
Con estas alegaciones, la Junta, en el trámite de consulta pública, ha reiterado su oposición a la propuesta de condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno de España, algo que ya trasladó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y que ha reiterado en reiterada en encuentros técnicos.
La Junta ha presentado los argumentos de su negativa en plazo, ya que el Ministerio de Hacienda estableció este viernes, 30 de mayo, como fecha tope para la presentación de observaciones y comentarios al anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común.
Así, en el documento de alegaciones, la Junta argumenta el rechazo de Castilla y León en que "el principal problema financiero de Castilla y León es la insuficiencia de recursos del modelo de financiación actual para cubrir el coste de las competencias y servicios públicos que debe prestar, no su nivel de endeudamiento".
Un parche
A juicio del Gobierno de la Comunidad la prioridad debe ser una reforma integral del modelo de financiación en un marco de "igualdad y bilateralidad" que garantice "la solidaridad y suficiencia de los recursos". "La condonación aislada es solo un 'parche' que no resuelve el problema estructural de insuficiencia de la financiación", ha considerado.
Del mismo modo, desde la Junta se ha trasladado al Gobierno que las medidas orientadas a reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas autonómicas "deben acordarse" con las comunidades autónomas, en el marco de la reforma del modelo de financiación y ha subrayado que el anteproyecto de ley se considera un "peaje" de acuerdos políticos y "no es fruto de una negociación multilateral con las autonomías".
El quinto argumento esgrimido por la Junta para defender su oposición es que la disposición de condonación "no se ampara en un análisis técnico que analice con rigor el endeudamiento autonómico, sus causas, efectos y valores de forma comparada los pros y contras de las posibles medidas alternativas". "No se ha presentado ningún estudio que garantice que el traspaso de deuda autonómica al Estado vaya a resolver el problema de dificultad de acceso al mercado que padecen algunas comunidades", han defendido de la Comunidad.
A esto se suma que la medida "no aporta recursos adicionales a las comunidades, por lo que el endeudamiento mantendrá su crecimiento", de lo que la Junta extrae que "se trata de una medida cortoplacista que busca el pago a apoyos políticos". "La condonación no hace desaparecer la deuda, la 'mutualiza', implica un traspaso de 83.252 millones de euros de deuda autonómica al Estado, que será soportada por todos los ciudadanos españoles, Castilla y León sería perjudicada, con un incremento de 523 euros de deuda por habitante", han indicado en el documento de alegaciones.
Finalmente, el Ejecutivo regional que la "quita de deuda" obedece a criterios "arbitrarios e ideológicos" lejos de la "equidad, igualdad y eficiencia", además se recuerda que la mayoría de las comunidades autónomas, instituciones y analistas "se oponen" a la medida de la condonación y es contraria a principios constitucionales de "solidaridad, igualdad y autonomía financiera".
La condonación de esta deuda supondría Castilla y León 3.643 millones y Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43 por ciento del total entre las dos.
