Valladolid
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha firmado este miércoles una declaración institucional con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) con representación en Castilla y León (Asaja, UPA, COAG y UCCL) sobre las prioridades de la futura PAC en la que reclaman que se mantengan los dos pilares y que se incrementen las dotaciones de los dos fondos, FEAGA y FEADER.
La declaración institucional firmada en el Consejo Regional Agrario celebrado este miércoles en Medina del Campo (Valladolid) tiene 19 propuestas entre las que destaca que el diseño del próximo marco financiero tenga especialmente en cuenta el criterio de despoblación y que se obligue a los estados miembros a emplear ese criterio para incrementar la territorialización de fondos.
Los firmantes piden también que se garantice ya en 2025 un conjunto de medidas de simplificación de la PAC, "muy especialmente en lo relativo a la reducción y simplificación de la condicionalidad reforzada de las ayudas". A esto añaden que en el próximo marco, la política de la PAC debe implementar "una decidida simplificación a todos los niveles y reducir su burocracia".
Junta y organizaciones agrarias consideran también que para que el sector sea capaz de asimilar los objetivos y retos a los que se enfrenta "las normas de cumplimiento deben ser claras, precisas y estables" y defienden que la protección del medio ambiente no debe suponer una limitación de la capacidad productiva. "En todo caso, las normas de protección del medio ambiente deben tener un carácter incentivador", precisan.
Asimismo, recuerdan que la incorporación de jóvenes es una de las principales preocupaciones de carácter estructural, "motivo suficiente" añaden en el texto conjunto para apostar por "medidas atractivas y eficaces tanto en el ámbito de los pagos directos como en las medidas de desarrollo rural que permitan invertir la tendencia e incorporar nuevo capital humano al sector".
Junta y OPAs también piden que se contemplen "cuantos mecanismos legales sean necesarios" para que los agricultores y ganaderos perciban unos precios justos, "necesariamente superiores a sus costes de producción", e insisten en la necesidad de profundizar en el principio de reciprocidad para la aplicación a los productos importados y a sus procesos productivos.
Por otro lado, piden avanzar a nivel europeo en un sistema de garantía de riesgos "con coberturas, indemnizaciones y ayudas suficientes" para proteger las rentas "y por ende, el atractivo del sector, lo que favorecería la incorporación de jóvenes", incorporar medidas para impulsar la innovación y la digitalización de la agricultura y defender un "tratamiento diferenciado y específico" para las regiones del sur de Europa con la financiación necesaria para el desarrollo de infraestructuras hídricas en estos territorios.
Los firmantes inciden en que la PAC se debe destinar a la figura del agricultor profesional, al que definen como el que percibe una parte significativa de sus rentas totales de la actividad agraria, "además de analizar otros condicionantes como la acreditación de la Seguridad Social y el régimen fiscal correspondiente con la actividad".
Y rechazan incluir en el nuevo marco medidas de degresividad y limitación de pagos ante las especiales características de las explotaciones de Castilla y León, salvo que beneficien al agricultor profesional. "En todo caso, se deben respetar las explotaciones asociativas y determinadas formas jurídicas, teniendo en cuenta la mano de obra necesaria y el empleo generado", aclaran los firmantes que piden priorizar las ayudas en las explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones.
A esto añaden que las ayudas asociadas a determinadas producciones deben contar "con la máxima financiación" para poder apoyar sectores con problemas específicos por ser más vulnerables desde el punto de vista económico, social o medioambiental o que, en su caso, no respondan al modelo general basado en la disposición de base territorial.
Finalmente, reclaman un sistema que establezca el correspondiente retorno económico a los agricultores y ganaderos por su contribución a la reducción de emisiones y que la PAC 2028-2034 añada "cuantas medidas, intervenciones y actuaciones resulten necesarias para garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agrícola y ganadero de Castilla y León".
Según ha explicado la consejera tras la firma de la declaración institucional, el objetivo es trasladar tanto al Ministerio de Agricultura como a la Unión Europea las necesidades del campo de Castilla y León y poner de manifiesto que en Castilla y León hay diálogo y colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y que todos defiende "un único asunto", la defensa del campo "para que pueda seguir teniendo futuro".
Aranceles
El Consejo Agrario ha analizado también las consecuencias del anuncio de aranceles por parte de la Administración Trump y su repercusión en el sector agroalimentario de Castilla y León que representa el 3,2 por ciento de los casi 3.500 millones de euros que las empresas de la Comunidad exportaron a Estados Unidos durante 2024.
En este sentido, González Corral ha recordado el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno autonómico por 16,5 millones de euros, y se ha referido al encuentro que mantuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con partidos políticos, agentes del Diálogo Social y sectores productivos de cara a establecer una postura común y coordinada en defensa de los intereses de la Comunidad.
"La semana pasada hemos mantenido una reunión sectorial con todos los integrantes de las Denominaciones de Origen del sector vitivinícola de la Comunidad para tratar con ellos sus respectivas situaciones y posturas con respecto a los aranceles y en próximas fechas tenemos pensado hacer lo mismo con otros ámbitos como pueden ser las industrias o las cooperativas", ha anunciado la consejera.
