Barcelona
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha presentado este lunes su propuesta para desplegar la ley de barrios, que prevé movilizar más de 1.600 millones entre todas las administraciones para rehabilitar las zonas más vulnerables de los municipios.
Lo ha hecho en un acto en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) junto al alcalde del municipio, Juan Luis Ruiz; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque; el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, y el vicepresidente de l'Associació Catalana de Municipis, Gerard Sabarich.
Illa ha enmarcado el impulso de la ley en su apuesta por "generar prosperidad compartida" y ha defendido que se trata de una política de consenso que tiene tres ejes: la transformación física, la transición ecológica y la vertiente sociocomuntaria.
Asimismo, ha señalado la importancia de aterrizar las políticas públicas en un contexto geopolítico de cambios constantes y acelerados: "Estas cosas encuentran una concreción real en el lugar en el que viven las personas, que son los barrios y las villas [viles, ciudades medias en catalán]".
Del importe total del plan, la Generalitat asumirá 1.000 millones de euros, mientras que el resto lo aportarán los ayuntamientos. Habrá cinco convocatorias, una por año, donde las administraciones locales deberán presentar sus propuestas para rehabilitar zonas concretas.
Para optar a la convocatoria, los barrios deberán tener una renta per cápita inferior a la media de Cataluña, que fue de 15.830 euros en 2023, según datos del Idescat.
Primera convocatoria, en julio
La primera convocatoria saldrá este mes de julio, y los ayuntamientos tendrán hasta septiembre u octubre para presentar sus proyectos. Estos no podrán incluir la construcción de nuevas viviendas o equipamientos (excepto guarderías y escuelas de música), pero sí su rehabilitación.
La comisión gestora, formada por la Generalitat y el mundo local, decidirá a finales de año qué proyectos son los beneficiados, para que se empiecen a implementar el próximo 1 de enero. Cada convocatoria tendrá una dotación de 200 millones de euros.
La idea del Govern es que los proyectos sean amplios y estén hechos a medida para las necesidades de cada zona. Los municipios tendrán cinco años para hacer las obras y mayoritariamente solo podrán presentar una idea en cada convocatoria.
En función de la población
La propuesta de Illa, que se ha presentado ante 55 alcaldes, se articulará a través de un proyecto de decreto que se aprobará a finales de junio en un Consell Executiu. Los fondos para la primera convocatoria están garantizados a pesar de la situación de prórroga presupuestaria, según fuentes del Govern.
La Generalitat asumirá más peso en la financiación cuanto más pequeño sea el municipio: un 75% para los de menos de 5.000 habitantes, un 70% para los que tienen entre 5.000 y 20.000, un 60% para los de entre 20.000 y 50.000 y un 50% para los de más de 50.000 personas.
Las subvenciones serán a cinco años y de entre 3 y 12,5 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como de entre 6 y 25 millones de euros para los municipios de más de 20.000 habitantes.
El también alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, ha mostrado su compromiso con el despliegue de la ley y ha defendido que invertir en las zonas más vulnerables es "invertir en igualdad y es combatir a la ultraderecha".
Gerard Sabarich, alcalde de Rialp (Lleida), ha celebrado el "trabajo ingente" de los consistorios para mejorar la habitabilidad en el conjunto del territorio y ha abogado por que la ley de barrios no dependa de los ciclos electorales.
Inspirado en Maragall y Montilla
La ley de barrios es uno de los primeros proyectos que puso en marcha el ejecutivo de Salvador Illa con la creación de un comisionado dirigido por Carles Martí y adscrito a la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. También fue una promesa de los socialistas durante la campaña electoral.
Se trata de un proyecto que se remonta a los gobiernos socialistas de Pasqual Maragall y José Montilla, cuando se ejecutaron siete convocatorias entre 2004 y 2010. En total, estos programas movilizaron 1.900 millones de euros que beneficiaron entre 15 y 20 poblaciones por año.
De hecho, el alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, ha recordado que su municipio fue uno de los beneficiados por la ley del tripartito: "Esta política de cohesión social fue fundamental para abordar problemáticas".