El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas ya ha llegado al Congreso de los Diputados. Yolanda Díaz está volcada en la negociación con los grupos parlamentarios con Junts en el foco, porque como es habitual, los catalanes tienen la llave de la aprobación de esta norma. El partido de Carles Puigdemont ha amenazado con presentar una enmienda a la totalidad que de salir adelante devolvería el texto al Gobierno, sin embargo, Trabajo espera poder llegar a un acuerdo para debatir cambios concretos sobre el acuerdo firmado con los sindicatos. Fedea se prepara ya para este escenario, por lo que ha emitido este miércoles una batería de propuestas para paliar los efectos negativos que entienden que tendría la imposición de este recorte de jornada, entre las que destacan ampliar a tres años el margen para adaptar los convenios o eliminar el tope a las horas extraordinarias.
Los catedráticos e investigadores asociados a este 'think tank' Jesús Lahera Forterza y J. Ignacio Conde-Ruiz han revisado el documento aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros y planteado hasta 19 cambios que confían, puedan servir de inspiración a los diferentes partidos a la hora de negociar enmiendas al articulado. En primer lugar inciden en la entrada en vigor de la norma, que había dado lugar a dudas jurídicas al recogerse tanto que se produciría "al día siguiente de su publicación en el BOE" como que los convenios tendrían hasta el 31 de diciembre de 2024 para adaptarse a la nueva jornada máxima de trabajo. En su lugar proponen una nueva redacción en la que se mantengan en vigor los convenios ya pactados hasta que transcurran tres años, cuando se produciría la aplicación efectiva del nuevo límite.
También recuperan una de las primeras medidas de flexibilidad que estuvo sobre la mesa de la negociación entre la patronal y los sindicatos y a la que el Ministerio de Trabajo se negó rotundamente: la eliminación del tope legal de 80 horas extraordinarias anuales (para el que no cuentan las que son compensadas). Los expertos en Economía y Derecho del Trabajo abogan por permitir que en la negociación colectiva o en el contrato de trabajo puedan acordarse una serie de horas extraordinarias al año que no se incluyan dentro de este límite. "Si se reduce por ley la jornada ordinaria, se debe aceptar que los convenios colectivos o contratos puedan utilizar márgenes de jornada extraordinaria, sin el límite legal vigente" argumentan en este documento.
El análisis, titulado 'Cómo mejorar el proyecto de Ley sobre Reducción de Jornada, Registro Horario y Desconexión Digital' también incide en el problema que representa este proyecto de ley para las bolsas de horas, que son habituales en los sectores más industriales para atener picos de producción. Es frecuente que los trabajadores y la representación de las empresas acuerden jornadas de trabajo por debajo de las 40 horas semanales en la media anual a cambio de mantener esta bolsa de horas en las que la compañía puede solicitarles trabajar ante un aumento de la demanda o picos de producción concretos. El proyecto acabaría con esta medida de flexibilidad, por lo que los dos profesores apuestan por mantener la posibilidad de acordar bolsas entre las 37,5 y las 40 horas.
Lahera y Conde-Ruiz también creen que es un error posponer la regulación de las jornadas laborales especiales, en su lugar, proponen que se detalle si estos profesionales quedan sujetos o no a las 37,5 horas y desarrollar de inmediato este reglamento que aborde sus condiciones concretas. "Hay que acomodar la nueva jornada máxima legal con el reglamento de jornadas especiales, donde está regulado el tiempo de trabajo de los sectores más afectados por la medida, como el transporte, el comercio y la hostelería" señalan y reprochan que no se entiende que sí se concrete la situación del servicio del hogar y se retrase la de estos sectores tan significativos.
