Madrid 
La recaudación fiscal derivada de la vivienda en España se sitúa en unos 52.200 millones de euros anuales, que representa un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB), fruto de la fiscalidad que distorsiona el mercado y no ayuda a atraer las inversiones que harían falta para equilibrarlo. Esta es una de las conclusiones de un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), presentado este martes. En el estudio se calcula que en España habría que movilizar una inversión de unos 380.000 millones de euros en los próximos 15 años para cubrir el déficit estructural de vivienda existente, que cifra en unos 2,2 millones de unidades.
Los expertos del IEE proponen revisar la tributación que soporta la vivienda para incentivar la construcción y el ahorro, en especial para evitar la sobreimposición que soportan tanto la inversión como el ahorro en vivienda. Para ello, señala el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, "sería de ayuda desarrollar el modelo inversor de las sociedades de inversión inmobiliaria o socimis, sujeto en España a un régimen fiscal menos competitivo que en otros mercados internacionales".
En general, la fiscalidad sobre la propiedad inmobiliaria en España es de las más altas de la OCDE, con un tipo efectivo del 30,6% frente al 6,5% de media en la Unión Europea (UE), lo que "penaliza la adquisición y tenencia de estos activos, con la consiguiente menor oferta".
En España, la Comunidad de Madrid es la región con mejor competitividad fiscal y menor presión a nivel de impuestos normativa, lo que le permite obtener niveles de recaudación "suficientes" por este tipo de activo, incentivando la actividad del mercado inmobiliario y las transacciones, dice el informe.
Según las estimaciones de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, hasta una cuarta parte del coste total de la vivienda corresponde a impuestos, dependiendo de la comunidad autónoma, una carga que grava al promotor en un 10% y al comprador en un 8,8%.
El informe del IEE señala también que a esta mayor tributación se le añade el problema que supone la sobrerregulación, y que afecta al mercado inmobiliario, especialmente la que se produce mediante los controles de precios, que ha generado "inseguridad jurídica y una retirada de inmuebles del mercado".
En este sentido, la Ley 12/2023 que introduce el control de precios del alquiler en las llamadas "zonas tensionadas" es un claro ejemplo, como es el caso de Cataluña, de que esta medida es "ineficaz y contraproducente", en especial para los colectivos más vulnerables, ya que reduce la oferta, explica el informe.
