Zaragoza
Aragón ha acudido al Consejo Interterritorial de Internacionalización en Madrid convocado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el fin de analizar las posibles medidas para paliar los efectos de los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado y sobre los que ahora ha dado una moratoria de 90 días.
Un período en el que no se va a dejar de trabajar. Todo lo contrario. El encuentro ha finalizado con el compromiso de crear un grupo de trabajo y de convocar reuniones mensuales para hacer un seguimiento, entre otros puntos.
De hecho, la moratoria de 90 días "no tiene que servir para relajar las medidas que ya se ha decidido llevar a cabo tanto por la Unión Europea como por el Gobierno de España y las diferentes comunidades autónomas", ha añadido la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero.
En esta reunión, la portavoz de Aragón ha trasladado al ministro su petición de que "se lleven a cabo medidas estructurales que puedan reforzar la competitividad de las empresas aragonesas porque no solamente estamos ante una situación puntual, sino que en el modelo actual geopolítico internacional estamos expuestos a riesgos y, por lo tanto, esta situación puede ser una oportunidad para reforzar esa competitividad de las empresas aragonesas".
Vaquero ha incidido en la necesidad de estas "medidas estructurales, que más que moverse por la urgencia, generen una tendencia dedicándose a la creación de una estrategia planificada para reforzar a la industria aragonesa".
La vicepresidenta, que ha valorado de forma positiva que las autonomías hayan hecho una puesta en común, también ha pedido que se tengan en cuenta otras medidas de carácter fiscal, de simplificación y de eficiencia energética, "donde el Gobierno de España apueste, por ejemplo, en el caso de Aragón por reforzar las inversiones en infraestructuras de distribución y de transporte eléctrico. Esto haría no solamente reforzar nuestra posición de soberanía energética sino que las empresas tuvieran acceso a unas mejores condiciones".
Aragón ha puesto el foco a su vez en la "lealtad institucional" y un "trato de igualdad a la hora de adoptar las medidas" por lo que ha incidido en que "no se tengan en cuenta cuestiones políticas de necesidad o urgencia política para el Gobierno de España, sino que se tengan en cuenta las medidas reales de las comunidades autónomas y el impacto que pueden tener estos aranceles".
También ha destacado la necesidad de que las comunidades autónomas participen "en la cogestión de todas y cada una de las medidas, tanto de carácter económico como de las que se puedan llevar a más medio o largo plazo porque somos las comunidades autónomas las que conocemos en los territorios cuál es ese impacto real".