
Aragón ha presentado alegaciones a la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda sobre el modelo actual de financiación autonómica con el fin de que se tengan en cuenta los criterios de despoblación, dispersión y orografía, que responden a las particularidades de la comunidad aragonesa.
Unas alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón ayer, último día en el que finalizaba el plazo, con el fin de que sean tenidas en cuenta en este debate de la reforma en el que, como paso previo, la comunidad aragonesa considera que desde el Gobierno central se debería establecer un fondo de nivelación con el fin de que las autonomías puedan seguir prestando los servicios sociales, de educación y sanidad en sus respectivos territorios.
Desde Aragón, se aboga por la creación de una bolsa con una cantidad de alrededor de 10.000 millones de euros, como mínimo, para las distintas autonomías. Una cantidad apuntada desde el Ejecutivo aragonés y que sería para "empezar a hablar" del nuevo modelo de financiación autonómica, ha explicado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha reclamado un fondo de nivelación para Aragón con unos 300 millones de euros. Esta cantidad, ha indicado, "sería un canto en los dientes". La cuantía permitiría financiar los servicios que, desde el año 2008, han aumentado en costes en el territorio aragonés.
"Antes de iniciar el proceso de negociación, hay que tener un fondo de nivelación hasta el momento de la nueva financiación", ha incidido el portavoz de Hacienda en Aragón, quien ha explicado que "las reformas financieras sólo pueden llevarse a cabo en momentos de bonanza económica porque, con crisis, sufren los ingresos" como consecuencia del aumento del paro, menos consumo y menos pago de impuestos como el IVA.
Además de esta petición, desde Aragón, las alegaciones presentadas por el Ejecutivo aragonés se han centrado en poner de manifiesto la necesidad de que haya un planteamiento común y no se haga una reforma disgregada. "Debe ser una negociación global", ha afirmado Bermúdez de Castro, quien ha señalado que no solo se debe abordar la población ajustada, sino todo el modelo de financiación autonómica y con un marco o planteamiento que conozcan todas las autonomías.
Las alegaciones van enfocadas a defender la despoblación, orografía y dispersión porque "somos una comunidad despoblada y con una orografía que hace que prestar servicios sanitarios, sociales y educativos sea más caro", ha afirmado el consejero de Hacienda.
En esta línea, desde Aragón se aboga por aumentar el peso de las variables correctivas (dispersión, despoblación y orografía) que actualmente representan el 3% y que el Ministerio propuesto elevarlas al 4%. Para Aragón, este porcentaje debería ser aún mayor: el 5%.
En cuanto al resto de ponderación, el 95%, desde la comunidad aragonesa se propone que la sanidad sea entre el 43% y el 45%, con preferencia de rango alto; mientras que la educación sería entre el 19% y el 35%, con rango bajo; los servicios, entre el 10% y el 12%, con preferencia de rango alto y el resto de servicios, entre el 16% y 18%.
En cuanto al 5% restante, desde Aragón se propone que la superficie pese entre el 2% y el 2,3%; la dispersión, entre el 0,5% y el 0,6%; la insularidad, entre el 0,5% y el 0,6%; los costes fijos entre el 0,6% y el 1%; la despoblación, entre el 0,5% y el 0,6% y la orografía entre el 0,5% y el 0,6%. También se han presentado más alegaciones en relación a los parámetros de referencia, en relación a Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Con estos porcentajes, la comunidad aragonesa llegaría a la financiación autonómica que necesita y que ya apuntó la Cámara de Cuentas de Aragón en su informe específico en el que se reflejaba que esta autonomía está infradotada desde el punto de vista financiero en más de 500 millones de euros.
Un estudio que, precisamente, se ha actualizado y que pone de manifiesto la poca transparencia de la financiación autonómica y la poca capacidad de Aragón de influir en la financiación por la escasa población.
Además, se apunta a que el sistema de financiación es poco previsible y que hay autonomías, como el País Vasco, que deberían aportar. Igualmente, se defiende que se tenga en cuenta el coste real de los servicios. "El Estado debería tener unos parámetros claros", ha añadido.
La propuesta ha sido realizada teniendo en cuenta precisamente el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, además de consultar a los catedráticos de la Universidad de Zaragoza, Marcos Sanso y Julio López Laborda.
Y, con el objetivo de explicar todos los puntos con detalle, desde el Gobierno de Aragón se ha pedido una reunión urgente con la secretaria general del Ministerio de Hacienda. De momento, no se ha indicado fecha para este encuentro y avanzar en las relaciones entre administraciones que Bermúdez de Castro ha calificado de "epistolar".
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