Economía

El absentismo laboral alcanza el 7% en Aragón y eleva el gasto en más de un 21%

  • El absentismo laboral por incapacidad común supera los 161.000 procesos
  •  CEOE Aragón crea un grupo de trabajo para profundizar en estos datos y sus posibles soluciones  
  • El absentismo laboral aumenta en Aragón
El absentismo global se sitúa en el 7% en Aragón.
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Los primeros datos sobre absentismo laboral correspondientes al año 2024 no reflejan en Aragón un balance halagüeño. A la espera de los datos definitivos del pasado ejercicio, las cifras que ya se conocen sitúan la tasa de absentismo global en el 7% en la comunidad aragonesa.

Es un porcentaje elevado, aunque se sitúa por debajo ligeramente de la media de España del 7,5%. No obstante, ahondando en ella, se observa que el absentismo laboral vinculado con las incapacidades por contingencia común (ITCC) es el más elevado, alcanzando el 5,5%. En el caso del territorio nacional, es del 5,8%.

Hasta noviembre, últimos datos publicados y que se sitúan en los niveles más altos en los últimos diez años, las bajas por ITCC, no vinculadas a causas derivadas del trabajo, han alcanzado los 161.097 casos, lo que supone un aumento del 4,46% en comparación con el mismo mes de 2023. El porcentaje es mayor, llega al 43,69%, en relación con noviembre de 2021, de acuerdo con el balance de Mutua MAZ y la Asociación Nacional de Mutuas (AMATI).

La duración media de los procesos de baja por ITCC también ha experimentado un aumento del 6,03%, lo que supone 2,41 días por proceso finalizado respecto a 2023. De este modo, se pasa de una duración media de 39,98 días hasta el mes de diciembre de 2023 a una duración medida de 42,39 días en el mismo período de 2024.

El gasto asociado a estas bajas laborales en Aragón ha crecido un 21,75%, lo que se traduce en 288,9 millones de euros. Una cifra que ha registrado un incremento significativo en comparación con los años 2023 y 2021, cuando este tipo de absentismo laboral costó 236,9 millones y 170,8 millones de euros, respectivamente.

Son datos que se han analizado en la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón en la que se ha puesto de manifiesto que las ITCC y su aumento "representa un coste enorme tanto en salud de los afectados como en productividad y problemas organizativos para las empresas", afirma Salvador Sánchez, presidente de esta comisión. Además, conlleva "un gasto económico que no deja de crecer para las empresas y para la Seguridad Social y, por tanto, para el conjunto de la sociedad", añade.

Ante esta situación, la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón va a crear un grupo de trabajo dedicado al absentismo con el fin de profundizar en el análisis de la evolución de las causas de esta evolución, así como de las posibles soluciones a adoptar con el fin reducir estas cifras, especialmente en el caso del ITCC.

De momento, el primer análisis realizado en el seno de esta comisión de la CEOE Aragón apunta a unas primeras medidas a implementar para revertir la situación. Entre ellas, por ejemplo, destaca aumentar la participación de las mutuas en la atención, tratamiento y gestión de las bajas por incapacidad temporal común, sobre todo en traumatología, para agilizar la atención y la recuperación de los afectados. Además, otra de las medidas que la organización empresarial ha puesto sobre la mesa es abordar el absentismo laboral desde la negociación colectiva.

Más complejo es abordar otras soluciones como las relacionadas para paliar la falta de profesionales médicos en algunas especialidades médicas. Una situación que está relacionada con las cifras de absentismo por ITCC al retrasarse la atención médica y la realización de pruebas, en los casos necesarios, y en consecuencia, el diagnóstico y tratamiento.

Este hecho es especialmente relevante en la provincia de Teruel, que viene arrastrando desde hace más de cuatro años la falta de médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social. "Las plazas no se cubren o se hace muy temporalmente. Todos los meses pedimos en la comisión correspondiente del INSS que se cubra", explica Francisco Ibáñez.

Esto deriva a su vez en problemas mayores tanto para el trabajador como para la empresa, puesto que el empleado no sabe si se le va a reconocer una incapacidad o va a poder volver a trabajar, mientras que la compañía no dispone del profesional.

Es más, en muchas ocasiones, no puede sustituirlo por el coste de prestaciones y cotizaciones al sobrepasarse los 540 días de duración máxima de la baja tras los que debe evaluarse la posible incapacidad.

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