El PSOE registró este miércoles una serie de enmiendas al Proyecto de Ley de la Función Pública para modificar ciertos aspectos de la norma e impulsar "más medidas sociales". Entre ellas, el partido propone introducir un nuevo derecho para los funcionarios que, en caso de aprobarse, adelantaría en derechos a los asalariados. En concreto, la enmienda incluye en el artículo 49 que el permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años tendrá una duración no superior a ocho semanas, de las cuales dos serán retribuidas.
El permiso, reza el texto, podrá ser continuo o discontinuo. Y podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.
Según explica el partido en el documento, la propuesta modifica la regulación del permiso parental por cuestiones de "coherencia normativa". "Se introduce el carácter retribuido de dos semanas a efectos de completar la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1158 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores", detalla el texto. Según apunta el PSOE en el texto, del total de ocho semanas retribuidas, las primeras seis están cubiertas ya con la duración del permiso por nacimiento y por lactancia. Es decir, para la correcta transposición de la norma, la enmienda agrega el carácter retribuido de dos semanas.
En contraposición, a pesar de que la Seguridad Social ha anunciado en diferentes ocasiones su compromiso con retribuir esas dos semanas en la empresa, los asalariados todavía no tienen este derecho. A lo largo de 2024 el Ejecutivo prometió actualizaciones, pero presentó ninguna modificación al respecto.
Una medida que viene de Europa
La Unión Europea fue la que se encargó de legislar en primera instancia el permiso por paternidad de ocho semanas. Lo hizo mediante la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fue publicada el 20 de junio de 2019 y daba a los Estados Miembros hasta el 2 de agosto de 2022 para adoptar la norma. Sin embargo, llegada esta fecha, solo nueve países habían traspuesto la normativa tal y como estableció Bruselas. Además, otros siete -entre los que se encontraba España- crearon su norma, pero de menor duración y sin fijar cómo se iba a remunerar.
Entonces, la Comisión abrió un procedimiento de infracción que obligó a nuestro país a presentar a contrarreloj, en junio de 2023, una normativa (Real Decreto ley 5/2023), que se incorporó al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley de Familias. En este texto se reconocía el derecho a las ocho semanas para todos los padres, pero en él no se contemplaba remuneración alguna.
La Directiva, establecía que todos los Estados miembros estaban obligados a garantizar que los padres contasen con un permiso parental retribuido durante, como mínimo, cuatro meses. Y de ellos, al menos dos, debían ser retribuidos e intransferibles.
Ahora, la enmienda propuesta por el PSOE avanzaría en la línea de la retribución, pero solo lo haría para los trabajadores públicos. Sin embargo, a pesar del avance, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios critica hoy el desarrollo de la Directiva "pues las enmiendas del PSOE establecen una duración no superior a ocho semanas, de las cuales dos serán retribuidas, cuando la directiva europea habla de un permiso de cuatro meses, con ocho semanas retribuidas".
Los sindicatos se rechazan el incremento de la jubilación forzosa
Además de la enmienda que trata el permiso de paternidad, el PSOE ha incluido en su propuesta otros cambios. Entre los más destacados, propone ampliar la edad de jubilación forzosa de los 70 a los 72 años y recupera la jubilación parcial para los funcionarios.
Las 37 enmiendas a la Ley de Función Pública fueron registradas este miércoles por el PSOE. Al día siguiente, los dos principales sindicatos de nuestro país, CC. OO. y UGT, valoraban positivamente que el Ejecutivo hubiese dado el primer paso para regular la jubilación parcial y anticipada para los funcionarios, tal y como se contemplaba en el acuerdo que firmaron ambas partes en diciembre. Sin embargo, se desvinculan de la enmienda que propone ampliar de los 70 a los 72 años la jubilación forzosa de los funcionarios.