Economía

Cuerpo confía en aprobar el impuesto al diésel antes de que termine el plazo de Bruselas del 21 de marzo

  • Pide a Bruselas que no rebaje las exigencias medioambientales en la simplificación regualtoria
La presidenta del BEI, Nadia Calviño y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo
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El Gobierno tiene un mes para sacar adelante el impuesto al diésel si quiere obtener el visto bueno de la Comisión Europea al quinto pago del Plan de Recuperación y recibir, íntegros los 25.000 millones asociados a este tramo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado confiado en poder aprobar la medida antes de que finalice el plazo de evaluación de Bruselas, el próximo 21 de marzo, y asegura que todavía quedan semanas de trabajo por delante.

"Todavía estamos dentro de plazo con respecto a la negociación del cumplimiento de los hitos del quinto pago", ha afirmado el titular de Economía en rueda de prensa en Bruselas tras ser preguntados sobre los plazos que maneja para la aprobación del impuesto al diésel. "Tenemos tiempo. Estamos todavía dentro de los plazos", ha llamado a la calma.

Como hizo durante la negociación del cuarto pago, tras la no convalidación en el congreso de la reforma del subsidio por desempleo que dejaba en el aire parte de la financiación de este tramo, Cuerpo ha asegurado que el Gobierno "avanza en dos vías en paralelo". Por un lado, mantiene conversaciones con el Ejecutivo comunitario "para ir certificando el cumplimiento de los hitos y objetivos que tienen que ver con este quinto pago". Por otro, "estamos trabajando a nivel doméstico para ser capaces de avanzar en el cumplimiento de uno de los hitos como es la aprobación de la reforma de tributación de hidrocarburos".

"Ya saben que como consecuencia de la petición de desembolso antes de diciembre, ese marco de diciembre que le añade unas semanas adicionales que al plazo que tiene la Comisión para dar su evaluación, nos quedan todavía semanas por delante de trabajo tanto con la Comisión como de manera interna", ha asegurado el ministro de Economía.

España presentaba el pasado diciembre la quinta solicitud de pago del plan de Recuperación. Lo hacía con medio año de retraso respecto al calendario inicial y después de haberse aprobado una modificación del plan de Recuperación que permite adelantar hitos y objetivos del sexto, séptimo y octavo desembolso. De recibir el visto bueno de Bruselas, permitiría a España acceder a 25.000 millones de euros en el marco del quinto pago, al adelantarse 55 hitos y objetivos de los siguientes tramos al considerar que ya se han cumplido.

El quinto desembolso de transferencias y los dos primeros de préstamos pasaron de tener 32 medidas a recoger un total de 84 y la cuantía total asciende a 25.000 millones de euros, entre 9.100 millones en fondos Next Generation y 16.000 millones en préstamos en condiciones favorables. De no sacar adelante el impuesto al diésel, la Comisión Europea podría proceder a un pago parcial al considerar que no se han cumplido todos los compromisos bajo el paraguas del quinto tramo del plan de Recuperación. Aunque el Gobierno aún tiene margen para pedir nuevas prórrogas en la evaluación de Bruselas.

El Gobierno no tendrá nada fácil aprobar el impuesto al diésel. La aritmética parlamentaria es, de nuevo, su piedra en el zapato. La medida no contará con el apoyo de Podemos a no ser que el Ejecutivo de Sánchez saque adelante el impuesto permanente a las energéticas, una medida que, a su vez, no cuenta con el respaldo de PNV y Junts.

España pide no rebajar objetivos medioambientales en la simplificación regulatoria

El Gobierno ha remitido una carta a la Comisión Europea para abordar la simplificación regulatoria al tiempo que se mantienen los objetivos medioambientales. "Aunque los ejercicios de implementación y simplificación son indispensables, las exigencias robustas de reporting climático (en particular las obligaciones para la transición bajo los estándares europeos de reporting de sostenibilidad) son también esenciales", apunta el escrito de España.

La Comisión Europea presentará la próxima semana su primer paquete omnibus, que plantea simplificar la regulación en sostenibilidad empresarial, responsabilidad corporativa y taxonomía. La idea es reducir las trabas administrativas en un 35% para las pymes. En este ejercicio, la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recuerdan en su escrito a Bruselas que "la consecución de nuestros objetivos climáticos y el refuerzo de la agenda verde contribuirán en gran medida a reforzar la competitividad de la Unión Europea, más aún si se combinan con una reducción de la carga administrativa y una simplificación de las normas de la UE".

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