Cuando Elon Musk compró Twitter, lo primero que hizo (después de entrar en las oficinas con un lavabo en las manos) fue mandar un correo a todos los empleados, anunciando que habían llegado a "un cruce de caminos", presentando sus planes para recortar enormemente la plantilla y ofreciendo una indemnización a todo el que no compartiera su visión para X y quisiera marcharse. Cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca, los funcionarios de la Administración de EEUU recibieron ese mismo correo electrónico. Y Musk ha dejado claro cuáles son sus planes: recortar la plantilla al máximo y dejar, si puede, solo al personal estrictamente imprescindible, arrasando con el Censo, la Oficina de Patentes o las estadísticas públicas por el camino. Un 'cierre del Gobierno' permanente.
Trump ha publicado varias órdenes ejecutivas abriendo la puerta para que Musk entre con 'la motosierra' a la Administración de EEUU. Nada más llegar, puso en marcha la creación de una nueva categoría de funcionarios, llamada "F" o "carrera política", basada en un punto de la Ley del Funcionariado aprobada tras el escándalo Watergate, y que todos los presidentes habían ignorado hasta ahora. Esta categoría permitiría a Trump saltarse las protecciones legales a los funcionarios y despedir a decenas de miles de ellos.
La explicación es compleja. La ley prohíbe despedir a funcionarios por razón de sexo, género u opiniones políticas, y obliga a justificar todo despido por causas procedentes (ausencias, incompetencia sistemática, delitos, etc.), que pueden ser elevados ante un tribunal. Sin embargo, Trump cree haber encontrado el 'truco mágico' para desactivar estas protecciones: un artículo que exceptúa a los funcionarios que trabajen en áreas "confidenciales, que hagan políticas, determinen políticas o propongan políticas" a seguir por el Gobierno.
En teoría, este artículo se aplicaría a nivel de altos cargos, como asesores o expertos contratados por los directivos de las agencias y ministerios para diseñar propuestas políticas. Pero Trump ha decidido aplicarlo a todos los funcionarios que estén a cargo de ejecutar las decisiones del presidente: básicamente la inmensa mayoría de los empleados de nivel medio, que se calculan entre decenas y cientos de miles. Prácticamente todo lo que esté por encima de un bedel o un recepcionista.
Las organizaciones de funcionarios han ido a los tribunales a denunciar este plan, alegando que este tipo de categorización fue diseñada para excepciones, no para ser la designación por defecto de todos. Incluso si los jueces le dan la razón, Trump tardará meses en ponerlo en marcha. Pero la preocupación está servida: si este plan sale adelante, Trump podrá despedir a cualquier funcionario que considere que "no estén implementando las políticas de la Administración al máximo de su habilidad". Y, dado que no tendrían derecho a ir a los Tribunales, el presidente podría despedir a dedo y sin justificarlo a todos los funcionarios que quisiera. Precisamente lo que esta ley quería evitar: que cada nuevo Gobierno echara a la mitad de los funcionarios de carrera para reemplazarlos por otros de su cuerda.
Un 'cierre del Gobierno' perpetuo
Y con esa puerta abierta para despedir funcionarios, Musk quiere ponerse manos a la obra. Otra orden firmada ayer, con el propio Musk (y su hijo X) de testigo en el Despacho Oval, sitúa en cada ministerio y agencia a un equipo de representantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE que dirige el multimillonario de origen sudafricano. Su papel será supervisar y dar el visto bueno a todas las contrataciones que se propongan, con el objetivo de limitarlas al máximo: una nueva contratación por cada 4 bajas, ya sean por jubilación o por dimisión.
En el próximo mes, además, los directivos de la Administración de EEUU deberán presentar al equipo de DOGE un plan para recortar sus plantillas al mínimo posible. El documento pone un ejemplo claro: las cifras de servicios mínimos que quedan en pie cuando se producen los llamados 'cierres del Gobierno'. Es decir, cuando no se aprueban los Presupuestos a tiempo, EEUU no puede prorrogarlos sin más como en España, así que el Gobierno no puede gastar dinero. Cuando eso ocurre, todos los empleados que no son estrictamente necesarios son suspendidos de empleo y sueldo, hasta que el Congreso aprueba unas nuevas Cuentas.
La idea de Trump y Musk es intentar reducir la Administración a ese nivel: mantener las plantillas con los servicios mínimos imprescindibles para mantener las funciones básicas ordenadas por ley, y nada más. En el departamento de Trabajo eso supondría despedir a unos 10.000 empleados de su plantilla de 14.000 y cerrar la Oficina de Estadísticas que informa de los datos de desempleo, por ejemplo. En Sanidad despedirían a 39.000 de 88.000 empleados, reduciendo a la mitad la plantilla de la Administración de Alimentos y Medicinas, por ejemplo. Y en Comercio despedirían a 44.000 de 52.000 empleados, dejando apenas a un puñado de funcionarios para gestionar el Censo o la Oficina de Patentes.
Las únicas excepciones que Trump menciona explícitamente son Defensa, Seguridad Nacional e Inmigración, los tres ministerios donde no plantea ningún despido. Su plan, así, es reducir a la Administración de EEUU a un Ejército, un sistema de Justicia y a una maquinaria para deportar inmigrantes, y liquidar todo lo que pueda de lo demás. El sueño de un 'libertario' como Musk que considera que el mejor Gobierno es el que no existe.