El pacto del hormigón está en marcha y puede tener plasmación inmediata en el BOE: El Ministerio de Fomento y las constructoras y concesionarias han firmado la paz, que era imposible hace unos meses. Todo sea porque José Blanco debe hacer frente a los compromisos que ha contraído, que suman por encima de los 13.000 millones de euros.
Las concesionarias, que tenían problemas de justiprecio de las expropiaciones, se libran de esta amenaza; las constructoras, que tienen severas dificultades de financiación para proyectos importantes, verán suavizadas estas penurias, con lo que la Administración ha calificado como "una ampliación de las garantías", que se puede traducir por avales. ¿Y el Gobierno? El Gobierno consigue movilizar un sector que considera estratégico para la salida de la crisis sin estragos para el erario y sin incurrir en más déficit.
A falta de algunos retoques técnicos y administrativos, Blanco podrá llevar a un próximo Consejo de Ministros un decreto en el que quedarán plasmadas las principales líneas de un acuerdo abierto con las empresas en el que también se incluirían otros sistemas mixtos de financiación.
Créditos y avales
Este esquema, aunque es abierto, tiene dos piezas fundamentales. Los créditos participativos y los avales. En el primer caso, el efecto más inmediato lo verán las concesionarias de autopistas, ya que el Gobierno se dispone a realizar una operación de estas características que tendrían un volumen final de entre 1.500 y 2000 millones de euros, horquilla en la que han quedado la Administración y las empresas concernidas.
Estos créditos, que aunque cuentan para deuda no lo hacen para el cómputo del déficit del Estado, servirán para atender un capítulo muy engorroso que acabó en los tribunales y que afecta, fundamentalmente, a las autopistas de peaje radiales de Madrid. Se trata de que las expropiaciones se pagaron de acuerdo con la naturaleza de los terrenos ocupados, pero los tribunales aceptaron que parte de esos terrenos tenían una potencialidad urbanística que no estaba reconocida en el justiprecio.
Las concesionarias, que no están especialmente contentas con los flujos de tráfico que tienen, sentían la amenaza de estas sentencias y, a su vez, reclamaban al Ejecutivo las cantidades correspondientes, en el entendimiento de que la autopista es propiedad del Estado, y que las expropiaciones se hacen en nombre de la titularidad estatal y a quien revierten los activos de la concesión es al Estado. Con los créditos participativos previstos, el Gobierno resuelve la asunción de esta deuda latente y las concesionarias liberan este riesgo. Los créditos participativos no agotarán esta financiación, sino que se pueden extender a concesiones nuevas.
Más garantías
El segundo elemento se basa en la ampliación de las garantías de la Administración a la hora de iniciar proyectos de obras públicas cuya financiación ahora es muy problemática. El sistema de avales, en el que participará el ICO respaldará las aportaciones privadas a proyectos cofi- nanciados, la llamada colaboración pública-privada a la que se refirió José Blanco el pasado jueves y que calculó en 15.000 millones en los próximos tres años. El sistema de avales tiene la ventaja de que no contabilizan para deuda ni para déficit, a menos que sean ejecutados.
En este punto, las constructoras no presentan un frente común ya que, algunas de ellas, que tienen diversificada su producción, creen que un mayor endeudamiento puede perjudicar su ejecutoria bursátil y creen que es necesario que sea el Estado quien financie en su totalidad los proyectos.
En el sector se asegura que emprender un proyecto por más de 300 millones de euros es casi imposible si no se cuenta con un aval del Estado. El sistema financiero tiene situado este límite, toda vez que los créditos sindicados están siendo muy difíciles de obtener y han sido sustituidos por los llamados club deal, con los que es más duro negociar y más largo el procedimiento.
Pese al contento del sector, la satisfacción no es plena. La petición de un tratamiento fiscal favorable ya no es cosa de José Blanco, sino de Elena Salgado.
Blanco pone el turbo y compromete 13.000 millones
