Bruselas
La Brújula de Competitividad de la UE, esa hoja de ruta que plantea la Comisión Europea para no perder la carrera con Estados Unidos y China, toma forma en los primeros meses del año. Y uno de sus principales pilares tiene que ver con la simplificación regulatoria, ese paquete omnibus al que la Comisión Europea prevé dar luz a finales de febrero. Considerando que su foco es aligerar la carga administrativa de las empresas, este paquete se centrará en la normativa de sostenibilidad empresarial y la taxonomía.
La taxonomía comunitaria, aglutina ese conjunto de definiciones que permiten que los grupos inversores y no financieros puedan tener una definición común de lo que se consideran actividades sostenibles en términos medioambientales. Define, por tanto, lo que en el bloque comunitario se consideran también inversiones sostenibles en un intento por evitar prácticas como el greenwashing y orientar a las empresas a prácticas más responsables en términos medioambientales.
Afectaría, también a la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Una serie de obligaciones para las grandes empresas que pretenden evitar que sus actividades tengan efectos perjudiciales tanto sobre los derechos humanos como a nivel medioambiental. Esta normativa no solo se aplica a los grandes grupos sino a sus filiales y a los socios comerciales.
Un ejemplo de tal desvío de requisitos excesivos se encuentra en la cadena de suministro de la alimentación. Se exige a pequeñas firmas pesqueras, proveedoras de grandes grupos como Aldi o Lild, que cumplan con los mismos estándares medioambientales que los gigantes de la alimentación. Lo que lleva a que las pymes se vean ahogadas en un intento por que las grandes empresas cumplan con las condiciones de sostenibilidad de la cadena de suministro. Se produce, por tanto, una transferencia de responsabilidades que la UE quiere evitar.
Concretamente,la mesa redonda sobre simplificación, con representantes de las partes implicadas que tuvo lugar la semana pasada, baraja la posibilidad de reabrir dos importantes directivas. Por un lado, la de diligencia debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (CS3D), que obliga a las grandes empresas a mitigar los riesgos de violaciones de los derechos humanos y del medioambiente, y a remediar estos impactos cuando se produzcan. Se aplica a unas 5.500 empresas de la UE y de fuera de ella con al menos 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual.
Por otro lado, la directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD), que obliga a las grandes empresas a informar sobre el impacto en el medio ambiente de sus operaciones.
Sin embargo, las organizaciones de trabajadores han mostrado su descontento por que la UE reabra dos normativas ya aprobadas que,a su juicio, rebajaría los derechos de los trabajadores y las exigencias medioambientales. Han afeado, además, la fuerte representación empresarial en esta mesa de diálogo y la falta de participación de ONG y sindicados.
Efecto en las pymes
Lo que se ha evidenciado en los últimos años es una mayor complejidad burocrática para las compañías. Son, principalmente, las pymes las mayores damnificadas de tal coyuntura al carecer de estructura para hacer frente a los requisitos de la red burocrática comunitaria. Sin embargo, una de los principales escollos a salvar es no tropezar con la piedra de dar pasos atrás en el Pacto Verde europeo. En su lugar, esta simplificación pretende eliminar aquellos elementos que no son prácticos o funcionales y dar un poco de oxígeno a las empresas.
Las empresas, por lo pronto, podrán ver una simplificación de todos estos requisitos en la normativa omnibus. El objetivo es crear más coherencia, eliminar las partes que no encajan con la práctica y, al tiempo, mantener los objetivos de sostenibilidad intactos.
La cuestión es cuán rápido puede avanzar el proceso legislativo de simplificación a través del complejo entramado legislativo comunitario. Tanto los Estados miembro, a través del Consejo de la UE, como el Parlamento Europeo, deberán apremiar sus tiempos para sacar adelante este paquete de forma prioritaria. La idea es tener resultados en este sentido para cierre del 2025.
En este proceso, Bruselas evita hablar de desregulación en un intento por alejarse de las tendencias que las fuerzas ultraconservadoras como la de Javier Milei en Argentina o el propio Donald Trump en EEUU, están ejecutando en sus respectivos países. En su lugar habla de simplificación regulatoria en una llamada a acoger las demandas del sector empresarial que encuentran en el entramado burocrático.