
La cuestión de la productividad de la economía española ha entrado en una nueva fase ante el plan del Ejecutivo de aprobar una reducción de la jornada máxima semanal de 40 a 37,5 horas semanales. Un debate que parte de la premisa de que imponer un recorte de las horas de trabajo sin afectar otras variables, como los costes laborales ni las mejoras técnicas u organizativas, agravará una de las principales debilidades de la economía española. Pero los análisis a favor y en contra de esta tesis olvidan un factor relevante: el subempleo. En nuestro país, 1,7 millones de personas trabajan muchas menos horas de lo que quisieran. Y la diferencia entre el tiempo que trabajan y el que desearían trabajar arroja un saldo de 26,9 millones de horas de trabajo perdidas a la semana: el equivalente a 672.000 puestos de trabajo de 40 horas semanales.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa muestran que los ocupados subempleados trabajaron un total de 37,5 millones de horas semanales en el cuarto trimestre del año. Pero las que hubieran deseado trabajar suman los 64,4 millones de horas a la semana. Un cálculo que se obtiene de tener en cuenta que los 1,7 millones de subempleados trabajan de media 22 horas a la semana, pero desearían hacerlo por 40 horas: 18 hora de diferencia. En agregado semanal la diferencia supone un total de 26,9 millones de horas.
Estos datos, por sí solos, ya dan idea del impacto del subempleo en España. Aunque la cifra de ocupados afectados se ha reducido desde los máximos de la crisis financiera, cuando superó los 2,4 millones, sigue estancado en niveles similares a los de antes de la pandemia y muestran que nuestra economía suma al impacto del desempleo propiamente dicho, un 'agujero' de trabajadores desaprovechados en trabajos a jornada parcial.
Y esto no solo es un problema para los afectados: también lo es en términos macroeconómicos. Las horas de trabajo son una de las bases para estimar la productividad de una economía. Y la de España presenta una evolución muy deficiente en relación a la del resto de las grandes economías de la UE. De ahí que la reducción de jornada haya disparado la preocupación de los analistas, ya que los españoles trabajarían menos horas, pero sin producir más durante ese tiempo.
El debate sobre este asunto pone el foco en cuestiones como los derechos laborales, como la conciliación y la retribución de las horas extra, mientras pasa de puntillas sobre el hecho de que es la composición del tejido productivo español lo que determina cómo las empresas se adaptarán al cambio, y repercutirá en el empleo.
Solo trabajan un 58% de lo que quisieran
Nuestro país cuenta con un excesivo peso de sectores y empresas denominados de bajo valor añadido: es decir, que producen menos por hora de trabajo que otros, así que, para poder competir, sobre todo en una economía global, hay que dedicar más horas y, además, hacerlo por menos costes.
Y, aun así, muchas empresas no pueden aprovechar al 100% su mano de obra y eso explica que en España haya 3,1 millones de trabajadores a tiempo parcial, de los que 1,4 lo son porque no han encontrado un puesto a jornada completa. Aunque la cifra de los que quieren trabajar más horas (sea por la jornada, la periodicidad de los puestos o el salario) ascienden a 1,7 millones.
Y esto genera una brecha entre las horas efectivas y las deseadas de los trabajadores. Una brecha que, desde la Gran Recesión se ha reducido progresivamente, aunque aquí hay que hacer un matiz: la recuperación económica ha reducido el número de subempleados, y con ello tanto el número total de horas deseadas, como el de las las efectivamente trabajadas. Lo que no ha cambiado tanto es la correlación entre ambas. Si en 2011 las horas trabajadas eran el 62% de las deseadas, en 2024 ese porcentaje solo ha bajado al 58%.
Empleos perdidos
Las horas que estos ocupados quisieran trabajar más equivalen a 672.113 empleos semanales de 40 horas y 3,4 millones diarios. Es decir, 'empleos' como un dato macro que impacta directamente en nuestra productividad porque revela hasta qué punto nuestro tejido productivo, simplemente, no pude aprovechar al máximo la mano de obra disponible.
El subempleo se ceba en los profesionales de la hostelería y el comercio, aquellos desempeñan ocupaciones elementales, pero también en las actividades de "técnicos y profesionales científicos e intelectuales", un grupo que incluye a médicos y personal sanitario, así como a educadores. Son también los que tienen las mayores tasas de temporalidad.
Aunque, como ha ocurrido con el subempleo las horas perdidas y empleos equivalente perdidos por su causa se han reducido desde el máximo del millón alcanzado en 2011, en pleno epicentro de la Gran Recesión, el dato sigue siendo llamativo y siembra una duda: ¿puede la reducción de jornada cerrar esta brecha o agravarla?
Trabajo y los sindicatos defienden que bajar de 40 a 37,5 horas el tope semanal de la jornada legal garantiza un reparto del tiempo de trabajo entre más trabajadores, e incluso mejorará la productividad. Pero esto último es dudoso: el hecho es que las empresas tendrán que seguir abonando los mismos costes laborales, y sin mejoras técnicas que permitan flexibilizar su organización, menos tiempo de trabajo equivale a menor producción.
Más sueldo pero más incertidumbre
Por lo tanto, los márgenes y beneficios no mejorarán hasta el punto de justificar la reinversión en contratar nuevos trabajadores que cubran ese menor tiempo de trabajo. Además, la reducción es de apenas 2 horas y media, así que esos nuevos empleos serán forzosamente a tiempo parcial, cuando los subempleados quieren, de media, trabajar 18 horas más a la semana.
En lo que sí afectará es en los costes laborales. A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores a tiempo completo, la reducción de jornada implica un incremento de los salarios a jornada parcial, ya que estos se calculan proporcionalmente sobre el sueldo de un trabajador que trabaja todas las horas. Si estas bajan de 40 a 37,5 horas con el mismo sueldo, pero el contrato a jornada parcial se mantiene en las mismas, la retribución se incrementa. Y las empresas tienen escasa flexibilidad para reducir las horas de trabajo de esos contratos. Aunque existe la opción de dejarlos caducar, si son temporales, o incluso despedir al trabajador.
Y es que lo que parece una buena noticia para los asalariados, supone un problema para las empresas, en especial las pymes. Según las patronales, los costes laborales se pueden disparar un 7% por la reducción de jornada, hasta los 12.000 millones de euros. Este coste se puede repercutir por dos vías: o subiendo los precios o reduciendo las plantillas.
Esta incertidumbre puede lastrar el descenso del subempleo que venimos registrando. Aunque hay que recordar que este se debe ante todo a la positiva evolución del PIB que está beneficiando al mercado laboral, con lo cual este efecto no será evidente en un primer momento. Pero si las bases del tejido productivo siguen siendo las que son, no deja de ser una mejora cíclica que se revertirá rápidamente (como ocurre con el desempleo) si las tornas cambian.