Barcelona
El Govern aprobará el próximo martes en el Consell Executiu el proyecto de ley de economía social y solidaria, una norma heredada de administraciones anteriores que tiene por objeto definir e identificar a las organizaciones que prestan este tipo de actividades en Cataluña. Esta categoría caracteriza a las entidades que respetan una serie de "valores comunes" como la inclusión laboral, la sostenibilidad y la participación en la toma de decisiones, según recoge el proyecto de ley. La norma está impulsada por la Dirección General de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo que capitanea David Bonvehí.
Fuentes de Empresa y Trabajo consultadas por elEconomista.es admiten que el borrador del texto dificulta la posibilidad de que las sociedades mercantiles, incluidas las pequeñas y medianas empresas, sean calificadas como entidades de economía social.
Ello se debe a que algunos de los principios que rigen esta tipología económica, como la ausencia de ánimo de lucro y la gobernanza democrática, son "difíciles de demostrar" por parte de una pyme, según la consejería.
Pese que en la actualidad multitud de empresas prestan servicios de alto impacto social en Cataluña, las formas jurídicas en las que piensa el Govern son las cooperativas, las empresas de inserción, los centros especiales de trabajo --que emplean a personas con discapacidad--, las mutualidades y las cofradías de pescadores, fundamentalmente.
Aunque la ley no establece un numerus clausus de formas jurídicas, patronales como Acellec, que representa a las empresas catalanas de ocio educativo, temen que la norma se use para excluirlas de aquellos contratos públicos en que se exija la acreditación como entidad de economía social. De hecho, la regulación creará un registro para identificar a los actores del ecosistema.
En un análisis preliminar, la Generalitat estima que el sector está compuesto por más de 7.400 organizaciones --especialmente cooperativas, pues existen cerca de 4.800 en Cataluña, si bien no todas pasarán el filtro de la nueva ley, apunta la consejería--, unos 140.000 trabajadores y una base social de tres millones de personas, como cooperativistas o mutualistas. Su volumen anual de facturación superaría los 8.000 millones de euros.