Suecia, conocida por su tradición de apertura y acogida, se enfrenta a una encrucijada que está poniendo a prueba su histórico modelo socioeconómico de 'puertas abiertas' y su sistema de valores y políticas de integración. El gobierno sueco ha anunciado su intención de cambiar la Constitución para permitir la revocación de la ciudadanía en casos de fraude, amenazas a la seguridad nacional o crímenes graves. Este movimiento, respaldado por la coalición de gobierno y el partido Demócratas Suecos, de extrema derecha, busca abordar lo que las autoridades describen como tres amenazas paralelas a la seguridad interna del país: "el extremismo violento, las acciones hostiles de actores estatales y el crimen organizado sistémico", según expresó el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, citado por Reuters.
La medida se centra en aquellos con doble nacionalidad que hayan obtenido su ciudadanía sueca mediante información falsa, sobornos o amenazas, o que hayan sido condenados por actividades que pongan en riesgo la estabilidad del estado. Aunque la propuesta ha sido respaldada por un comité parlamentario multipartidista, aún queda un largo camino legislativo. Para modificar la constitución, será necesario que el parlamento apruebe la medida en dos ocasiones, separadas por unas elecciones generales.
Una respuesta a la inseguridad creciente
La decisión del gobierno sueco llega en un momento de creciente preocupación por el impacto de la inmigración en la seguridad y el tejido social del país (Suecia tiene una de las tasas de paro entre inmigrantes más altas de Europa). Desde las elecciones de 2022, el bloque gobernante ha priorizado reducir la inmigración y combatir el crimen de bandas, dos fenómenos que consideran estrechamente relacionados. Como muestra de esta tendencia, en 2024 Suecia registró el número más bajo de permisos de residencia otorgados a solicitantes de asilo y sus familiares en toda su historia reciente.
Sin embargo, la propuesta de revocar la ciudadanía no incluye, al menos por ahora, la posibilidad de aplicarse a criminales de bandas con doble nacionalidad, una medida que fue defendida por los partidos de derecha, pero que quedó fuera del texto final. Este aspecto ha generado críticas dentro de sectores más conservadores que consideran la medida insuficiente para abordar el problema del crimen organizado.
Una Suecia cada vez más diversa
Actualmente, cerca del 20% de los 10,5 millones de habitantes de Suecia han nacido en el extranjero, un cambio demográfico significativo que ha planteado retos de integración y convivencia. Para el gobierno, abordar estos desafíos también implica endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía. En este sentido, ha propuesto aumentar el tiempo mínimo de residencia en el país necesario para solicitar la nacionalidad, de cinco a ocho años.
Aunque estas políticas responden a preocupaciones legítimas sobre la seguridad y la cohesión social, también reflejan un cambio de tono en la narrativa política sueca. Lo que antes era un modelo económico y social de referencia para la integración y la apertura, ahora enfrenta tensiones internas que están reconfigurando sus políticas migratorias. Suecia ya no acoge a la inmigración como antes, su Estado de Bienestar está perdiendo intensidad y los impuestos han comenzado a bajar. Todo ello queda reflejado en la llegada de inmigrantes. Se ha detenido en seco la entrada de extranjeros y asilados, algo que se puede ver de forma clara en las estadísticas de flujos migratorios. Según la Agencia Sueca de Migración, Suecia va camino de tener el menor número de solicitantes de asilo desde 1997 y, por primera vez en más de 50 años, Suecia registra una emigración neta.
Un debate que trasciende fronteras
Suecia no está sola en este debate. Países de toda Europa han endurecido sus políticas migratorias en respuesta al aumento de la inmigración y las preocupaciones sobre el impacto cultural, económico y de seguridad. Sin embargo, el caso sueco es particularmente llamativo, dado su historial de ser un refugio para quienes huyen de la guerra y la persecución. El debate no se limita únicamente a la inmigración. El mismo comité parlamentario que recomendó la revocación de la ciudadanía también ha propuesto incluir el derecho al aborto en la constitución, una medida que busca proteger este derecho ante posibles cambios políticos futuros.
El camino hacia la implementación de estas medidas no será fácil. Como señala Reuters, el proceso para cambiar la constitución requiere amplios consensos y tiempo, lo que permitirá un intenso debate público. Este proceso plantea preguntas fundamentales sobre la identidad de Suecia como nación y su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.
En un contexto global donde las políticas migratorias están cada vez más polarizadas, Suecia se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre garantizar su seguridad y mantener su reputación como un país acogedor. Sin embargo, este equilibrio parece estar desapareciendo a marchas forzadas ante una sociedad que pondera con mayor intensidad la seguridad frente a la solidaridad.