Valladolid
El 'caso Perla Negra', considerado por el PSOE como "el mayor caso de corrupción de Castilla y León", apenas se ha saldado con una condena de cárcel de dos años y media para uno de los ex altos cargos de la Junta juzgados por irregularidades en la compra de un edificio y de terrenos para un polígono industrial. Los acusados, entre los que se incluían varios empresarios, se enfrentaban a peticiones de hasta 220 años de cárcel, que se ha visto reducido a menos de 10.
La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria para los exaltos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, así como para seis empresarios, por las irregularidades en el proceso de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda y en la adquisición de parcelas para la ejecución de un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse.
Tras veinte sesiones de juicio y siete meses después de que quedara visto para sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha dado a conocer su fallo en el que acuerda condenar a los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández y al exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, aunque solo el primero de cárcel.
También han sido condenados los empresarios Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes, de Urban Proyecto PM3; Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba, así como Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, los tres de Parque Empresarial Portillo (PEP), según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En el caso de Delgado, el tribunal le halla autor de de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, con penas de tres años y seis meses de inhabilitación especial por el primero y dos años y seis meses de cárcel por el segundo, mientras que le absuelve del resto de cargos que se le imputaban.
A Begoña Hernández, a la que se condena por un delito continuado de prevaricación administrativa, se le imponen dos años y dos meses de inhabilitación, mientras que Juan Carlos Sacristán, por el mismo delito, ha sido condenado a dos años, un mes y quince días de inhabilitación.
En el caso de los industriales, Germán José Martín Giraldo, administrador de Urban Proyecta, ha sido condenado a once meses de prisión por un delito de violación de secretos en concurso con un delito continuado de tráfico de influencias; Ángel Román Montes, gerente de Urban, ha sido hallado autor de idéntico delito que lleva aparejada idéntica pena.
Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba; Francisco Esgueva, de Grupo San Cayetano y de Parque Empresarial de Portillo (PEP); Luis Angel Rodríguez, presidente de Parque Empresarial de Portillo, y Carlos González Maestro, administrador de Parque Empresarial de Portillo, han sido condenados a siete meses de prisión y multa de 1,4 millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias. A todos los condenados se les aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Indemnizaciones
En concepto de responsabilidad civil, Rafael Delgado, Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes habrán de abonar una cantidad de 4,5 millones de euros a la Administración autonómica. Además, se condena a Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro a indemnizar en 2.026.198,37 euros a la Administración autonómica. También se impone a los condenados el pago de las costas procesales.
En el lado opuesto, Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y Francisco Armero, quien fuera director de Ade Parques y Gesturcal, han quedado absueltos de todos los cargos que se les imputaban.
Las acusaciones entendían probado que tanto la compra de 'La Perla Negra', a fin de concentrar en un único edificio administrativo todos los servicios de apoyo a las empresas, como la iniciativa para desarrollar un polígono industrial en Portillo fueron orquestadas por los entonces altos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, los dos primeros desde la Viceconsejería de Economía en distintas etapas y el tercero como gerente entonces de Gesturcal, con la intención de "facilitar las ilícitas" pretensiones de los distintos empresarios que ocuparon el banquillo junto a ellos.
Los acusados se enfrentaban a peticiones de pena que van desde los 79 años solicitados por la Fiscalía para los 12 acusados a los 221 años que pedía la acusación particular ejercida por el PSOE y los 20 que reclamaba la Junta de Castilla y León para ocho de ellos.