Valladolid
Las miradas del mundo político y empresarial de Castilla y León están puestas desde hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se celebra la primera sesión del juicio por el caso conocido como la "Perla Negra", que sentará en el banquillo a la que fuera la cúpula de la Consejería de Economía de la Junta cuando su titular era el fallecido Tomás Villanueva, y con Juan Vicente Herrera como presidente del Gobierno regional.
Tras 10 años de instrucción y una suspensión del juicio por defectos de forma, los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y otros altos cargos como Juan Carlos Sacristán (responsable de la empresa que gestiona el suelo industrial) y Alberto Esgueva (Internacionalización), además de varios empresarios, se enfrentan a peticiones de pena que van desde los 79 años solicitados por la Fiscalía para los 12 acusados a los 221 años que pide la acusación particular ejercida por el PSOE y los 20 que reclama la Junta de Castilla y León para ocho de ellos, además de multas millonarias, por los delitos de prevaricación, revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y malversación continuada de caudales públicos.
En el proceso esta citados, entre testigos y peritos, hasta un total de 90, entre ellos el que fuera presidente de la Junta Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. El macrojuicio se prolongará durante 26 sesiones.
Sobreprecio por un edificio
La causa de 'La Perla Negra' guarda relación con la compra de un edificio en la localidad vallisoletana de Arroyo de La Encomienda para albergar dependencias administrativas de la Junta y con la adquisición de terrenos en Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial. Tales operaciones, a juicio de la Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública Gesturcal con el propósito de beneficiar a las mercantiles Urban Proyecta PM3, y Parque Empresarial de Portillo.
En relación al edificio, conocido popularmente como la "Perla Negra", en referencia al barco de la película 'Piratas del Caribe', la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60, 4 millones de euros cuando su valor no debió superar los 50 y que hiciera frente al abono de 9,8 millones que debería pagar una de las empresas.
En el caso del polígono industrial, la Fiscalía sostiene que hubo información privilegiada para la compra de terrenos rústicos que luego compró Ade Parques por 34 millones de euros. En ambas operaciones, según la Fiscalía, se produjo un daño a la administración de 23 millones de euros.