Zaragoza
Tras la aprobación el pasado martes de los 30 millones que aporta el Gobierno central al FITE, ahora ha sido un Consejo de Gobierno extraordinario el que ha dado vía libre al convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar proyectos que promuevan la generación económica en la provincia turolense.
Aragón aportará otros 30 millones de euros que, sumados a los 30 de la dotación estatal, dan como resultado 60 millones de euros. Ahora, durante los próximos días el Ejecutivo autonómico aprobará y publicará los proyectos que se financiarán -seguramente la próxima semana-, y que deben estar dirigidas a infraestructuras y transporte, desarrollo económico y empresarial, medio ambiente y sostenibilidad, cohesión e inclusión social, innovación y tecnología, cultura y patrimonio y apoyo a las zonas rurales.
El convenio, aprobado que se firmará telemáticamente mañana-, contempla actuaciones que se desarrollarán entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027.
Esta edición de FITE ha sido de las más tardías en aprobarse en los últimos años porque el Gobierno de España "no tenía presupuestos" por lo que se ha habilitado una partida especial al no estar la subvención prorrogada, según ha explicado Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.
"Lo hemos hecho ahora en un tiempo récord, bien está lo que bien termina aunque este año termina tarde", ha añadido Blasco quien ha reconocido que "queda todavía mucho trabajo para poner en marcha".
De hecho, estos proyectos tienen todavía tres años para su ejecución porque el FITE 2024 contempla cuatro años. "Se nos ha pasado uno, nos quedan tres y lo importante es que lo pongamos cuanto antes", ha incidido.
Blasco también ha explicado que desde el Gobierno de Aragón ya se está trabajando en la edición de 2025 y en los años siguientes en los que la provincia de Teruel dispondrá de más fondos, pasando en los dos próximos años de 60 a 86 millones de euros, tal y como se acordó en la reunión bilateral con el Ejecutivo central. El objetivo es que sirva para más proyectos empresariales y la ampliación de los ya existente que generen empleo, especialmente en las zonas más despobladas.