Economía

Los consumidores aragoneses alegan contra la tasa de agua y basuras por la subida del 30%

Los consumidores de Aragón han presentado alegaciones contra la subida de la tasa de agua y basura en Zaragoza. | Foto: Ricardo Rubio / Europa Press.
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No hay justificación. Es lo que considera la Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) ha que presentado alegaciones a la subida de tasas de aguas y basuras en Zaragoza, que han experimentado, según sus cálculos, una subida acumulada cercana al 30% en los dos últimos años.

El motivo principal de estas alegaciones son las "contradicciones en los estudios de costes" y la "carencia de incentivos medioambientales". Y uno de los principales puntos en los que no se observa coherencia es precisamente en la subida de la tasa, ya que el IPC de enero a octubre de 2024 ha experimentado una subida del 5,5%, mientras que de enero de 2022 a octubre de 2024 el incremento se ha situado en el 11,7%.

Unos datos que dista de la subida del recibo de abastecimiento de agua prevista que será del 26% en el caso de Zaragoza si se da el visto bueno a la propuesta que, justo hoy en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento zaragozano, se ha acordado una actualización del 13,98% para reforzar la inversión en infraestructuras.

Situación similar se daría en el caso del tratamiento y eliminación de residuos -sería del 90%-, así como de la recogida de residuos (35%) y de Ecociudad (21%). Finalmente, con la propuesta aprobada hoy en la Comisión de Hacienda, el incremento medio será del 2,5%.

"Las cifras son muy altas", ha afirmado José Ángel Oliván, presidente de UCARAGÓN, quien ha matizado que muchas veces estas subidas no se perciben de forma significativa en los recibos porque se aplican sobre cuantías pequeñas y ha demandado que solo suban el IPC.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican el incremento del recibo por el hecho de reflejar el coste real de los servicios que, anteriormente, no se recogía, así como por la aplicación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, en el marco de la Ley 7/2022, que recauda Aragón. Un tributo por el que ya se justificó la subida el año pasado en el recibido de agua y basuras por lo que "entendemos que este año ya no tendría que aplicarse", incide.

Las alegaciones presentadas no solo se centran en las cuantías de la subida del recibo de agua y basuras, sino que también comprenden otra serie de medidas relacionadas con el principio de "quien contamina, paga", que se recoge en la Ley.

En este sentido, se considera que se carece de los incentivos medioambientales que animen a que los ciudadanos separen sus residuos, dado que el coste se calcula según el consumo de agua.

"El modelo de tasa de basuras vinculada al consumo de agua no incentiva prácticas correctas de los ciudadanos". Es decir, se considera que "si consumimos más agua es porque somos más personas en la vivienda y, por tanto, producimos más basura", aunque "no hay una relación entre lo que pagamos por la basura y lo que reciclamos" por lo que los ciudadanos no disponen de incentivos para la separación de residuos, que es el objetivo del marco legal vigente.

Diferencias coste servicio y pago recibo

Desde UCARAGÓN también alegan que no hay correlación entre los estudios de costes con el coste real de los servicios. En esta línea, destaca la ordenanza 17.1, sobre la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos, que subió alrededor del 11% en 2023 y sobre la que ahora se proyecta una subida del 13%, o de la ordenanza 17.2, de servicios de tratamiento de residuos, con una previsión de incremento del 13%, que se añadiría al 65% aplicado el año pasado, según cálculos de la organización.

En ambos casos, la organización de consumidores ha recordado que las subidas se justificaron para cubrir el coste del nuevo impuesto ambiental y lograr el equilibrio financiero.

Para Oliván, "beber agua en Zaragoza se va a poner muy caro este próximo año" porque "no solo vamos a pagar más en el recibo del agua, sino que repercutirá en la tasa de basuras y en el IMAR", impuesto este último que se quiere reformar en 2025 por parte del Gobierno de Aragón y sobre el que se van a realizar compensaciones desde el Ayuntamiento de Zaragoza a algunos ciudadanos.

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