Madrid
La rama de servicios públicos de los sindicatos CCOO y UGT avanzan un acuerdo inminente con el Gobierno para que los empleados públicos puedan acceder a la jubilación parcial. Desde el ministerio de Función Pública reconocen estas conversaciones. El pacto, que los sindicatos esperan cerrar "en pocos días", subsanaría un derecho reclamado "históricamente" por el colectivo y ambos sindicatos. Esta modalidad permite combinar el salario y la pensión con una jornada de trabajo reducida desde los 60 años y, hasta ahora, es exclusiva del sector privado.
En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han subrayado que en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI que firmaron con el Gobierno en octubre de 2022, "se ha avanzado mucho en la concreción de la jubilación parcial anticipada para los funcionarios".
Forma parte de un acuerdo que suscribió en 2022 la vicepresidenta y entonces titular de Función Pública, María Jesús Montero, para mejorar las condiciones del personal público. Entre otros, se comprometía a ofrecer teletrabajo y recoger legalmente la posibilidad de que este colectivo pueda acceder a la jubilación anticipada.
La modalidad de jubilación parcial permite acceder a la pensión pública a partir de los 60 años mientras el trabajador reduce paulatinamente su jornada de trabajo. Así, es una opción para compaginar un determinado porcentaje del salario y la pensión. Además, suaviza la salida del mercado laboral y permite renovar las plantillas.
La jubilación anticipada acogió durante 2023, último ejercicio con datos completos, a más de 25.000 personas (el 8% de las altas de jubilación), todas del sector privado. Esta modalidad es muy frecuente en la industria manufacturera, que cuenta con su propia legislación y unas condiciones adaptadas, y suele estar vinculada a un contrato de relevo que permite la contratación de un 'sustituto' para cubrir el mismo puesto con contrato indefinido y un salario algo inferior al del trabajador saliente.
Esta modalidad excluye a los empleados públicos, pero sí los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, así como los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas que tengan 60 años cumplidos y cumplan el resto de requisitos exigidos para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva de la Seguridad Social. Es compatible con prestaciones como la pensión de viudedad, por ejemplo.
Ambos sindicatos han reclamado al Ministerio de Función Pública la apertura de una mesa de negociación para un nuevo acuerdo plurianual en materia de derechos, empleo y retribuciones de los empleados públicos.