Madrid
El desconocimiento sobre las leyes Antifraude y Crea y Crece dentro de la pequeña y mediana empresa se reafirma cuando el 49% de estos negocios todavía no ha oído hablar de ellas y el 84% no la ha implementado en sus negocios. Así recoge el Barómetro de Adaptación de las pymes españolas a leyes Antifraude y Crea y Crece, elaborado por Grupo Aitana.
Las normativas impuestas desde el Gobierno establecen que, a partir de 2026, tanto pequeñas y medianas empresas como autónomos tendrán que emitir las facturas de sus negocios de manera electrónica siempre y cuando facturen menos de seis millones de euros. Pero ¿será posible que el 100% de las pymes y autónomos lleguen a tiempo a la nueva fecha marcada por el Gobierno?
Para tratar de averiguarlo, es importante conocer el contexto actual que se plantea. Hoy en día, el 69% de autónomos y 45,7% de micropymes siguen facturando de forma manual (teniendo en cuenta el papel, Excel, Word...). Estos porcentajes, traducidos en cifras económicas, revelan que solamente los trabajadores por cuenta propia pierden más de 3.600 millones de euros al año por utilizar el método manual. Así lo destaca el informe La factura electrónica de TeamSystem.
La carga burocrática que enfrentan las empresas en España, con especial ímpetu en las pymes y autónomos, hace que tres de cada cuatro con más de un empleado, concentren la emisión de facturas en una sola persona, lo que hace que las labores que ese trabajador debería desempeñar para sacar adelante la producción del negocio disminuyan por la carga burocrática. Este proceso se repite en el 81,1% de autónomos y en el 75,4% de micropymes, con el agravante de que, en estos últimos, son los únicos empleados y tienen que desarrollar todas las tareas por sí mismos.
Desconocimiento de las normativas
La Ley Crea y Crece es aquella que trata de agilizar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que permiten regularizar los negocios. El apartado más conocido de esta normativa es la factura electrónica, aunque también congrega otros ítems como la ampliación de actividades que no requerirán de una licencia para empezar a comercializar, establece la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro; y flexibiliza los mecanismos de financiación alternativa para potenciar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial.
A pesar de los puntos positivos con los que cuenta y que influyen de manera directa en las empresas, el 49% de los negocios desconocen la Ley Crea y Crece y su impacto, solo un 40% han oído hablar de ella, aunque no sabe en qué consiste ni conoce las obligaciones que tienen que acatar cuando entre en juego.
De los que han oído hablar de ella, un 24,8% creen que será una medida positiva, frente el 28,6% que le encuentra más inconvenientes que ventajas y un 46,5% que tiene dudas sobre sus beneficios. El 24,8% que opina positivamente de la normativa, centra su ayuda en la digitalización de los negocios, mejora del seguimiento de las facturas y la necesidad de acabar con la opacidad contable en sus negocios.
Los principales inconvenientes que encuentran en la ley son el aumento de la carga de trabajo y gastos, la posible invasión de su privacidad, y la obligación de cambiar el sistema de facturación que vienen utilizando durante años.
Lo que desconocen los trabajadores por cuenta propia de esta legislación, que entrará en vigor a partir de 2026, es que mejorará la liquidez de los autónomos en más de 20.000 millones de euros, confirma la compañía de software de asesoramiento fiscal Declarando.
Esto se debe a que las empresas estarán obligadas a realizar sus pagos en el plazo establecido de 60 días, ya que la información llegará de manera directa a las autoridades competentes y podrían sufrir sanciones económicas si no se cumplen los tiempos estipulados en la normativa de morosidad, que se vienen revisando en la Unión Europea durante el último año para reducir, aún más, los plazos de pago de las facturas remitidas.
Declarando realizó estos cálculos teniendo en cuenta que los autónomos contribuyeron en 2023 con un 15% al PIB, lo que representa 224.748 millones de euros; y que el plazo medio de cobro de facturas se sitúa en los 90 días, 30 más de los que enuncia la legislación, lo que genera tensiones de tesorería para los trabajadores por cuenta propia y que obliga a cientos de autónomos a recurrir a la contratación de líneas de financiación que, si se cumplieran los plazos, en muchos casos no sería necesario que los autónomos arriesgaran con peticiones crediticias.
De este modo, el nuevo sistema de facturación reducirá los atrasos en el desembolso de las facturas en un mínimo de 30 días con respecto a lo que viene siendo habitual.
En cuanto al esfuerzo que creen que tendrán que hacer las empresas a la hora de adaptar esta ley, las opiniones están divididas casi a la perfección. Un 50,6% piensan que tendrá que hacer un esfuerzo significativo para adaptarse, mientras que el 49,4% creen que no les supondrá ningún inconveniente.
Por otro lado, Ley Antifraude es aquella a través de la que se prohíbe el uso de software de doble uso - aquellos que permiten una contabilidad legal y otra en B-, y obliga a que los programas de facturación cuenten con unos requisitos técnicos específicos para que las facturas no puedan ser manipuladas ni eliminadas sin dejar rastro. Todo ello, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal y poder poner las multas requeridas a aquellos que traten de burlar a la Hacienda Pública.
En cuanto al conocimiento sobre la ley Antifraude, el 49% de las empresas han escuchado hablar de ella, pero no conocen su contenido, por lo que no están lo suficientemente preparadas para aplicarlas en sus negocios, el 35% sí que conocen su contenido, y tal solo el 16% desconocen su existencia.
Con respecto a su aplicación, el 56% reconocen que su compañía cumple todos los requisitos que objeta la ley, mientras que el 33% solo cumple algunas de las exigencias, y el 6% de las empresas no cumplen ninguna de las obligaciones, a pesar de cumplir los requisitos para hacerlo, que es contar con una facturación anual de menos de 6 millones de euros. Tan solo son el 5% las que reconocen que no cumple los requisitos impuestos por la ley para tener que aplicarla, ni tiene por qué hacerlo.
Importancia de las asesorías
En las labores de emisión de facturas, las asesorías juegan un papel fundamental dentro de los negocios, ya que 8 de cada 10 empresas contratan sus servicios, con el objetivo de que le ayude a llevar las cuestiones relacionadas con fiscalidad (89%), contabilidad (65%) o gestión empresarial (58,2%), entre otras.
Por ello, este tipo de negocios deberían contar con una formación específica en lo que a la factura electrónica respecta, ya que serán el primer recurso al que recurran las pymes y los autónomos cuando llegue el momento de emitir la factura electrónica. Aun así, tan solo el 50% de las gestorías domina la normativa y solo el 40% valoran positivamente su entrada en vigor.
El desconocimiento sobre la Ley Crea y Crece y la aplicación de la factura electrónica en sus negocios, hace que más del 80% de los negocios hayan tomado la decisión de posponer la adaptación de la ley, con el temor y la falta de obligatoriedad como los principales motivos que les han llevado a tomar esta decisión. El 46,4% de los negocios pretenden esperar a ver cómo se adaptan otras compañías para tomar la decisión, y el 38,1% esperará al último momento para aplicarla. Tan solo el 15,4% se adelantará a ello y tratará de implementarla lo más rápido posible.
Con todo, los expertos insisten en que es fundamental que tanto las pequeñas y medianas empresas, como los autónomos, se adapten lo más rápido posible a la nueva legislación ya que supondrá un nuevo camino hacia la eficiencia, seguridad y éxito en la lucha contra el fraude fiscal.
Todo ello tendrán que hacerlo de la mano de asesores y gestores que les expliquen el funcionamiento de la ley y le alcance que podrían tener las multas si no se cumple con la normativa que entrará en vigor en el año 2026, para aquellas que facturen menos de seis millones de euros.
Los posibles errores que se podrán cometer al principio por la falta de conocimiento, será más fácil resolverlos contando con un amplio periodo de tiempo, y no se tendrán que hacer frente a las cuantiosas multas que se impondrán desde las administraciones públicas.
