Bruselas
Bruselas finaliza todos los análisis previos para volver a la contención fiscal en 2025, tras los años de manga ancha por la pandemia. El nuevo marco de gobernanza económica requería que los países presentaran un plan fiscal estructural a cuatro años, extensible a siete. En el caso de España, esta hoja de ruta fija un objetivo de déficit del 0,8% en 2031. Las cifras delineadas por el Gobierno han recibido este martes el visto bueno de la Comisión Europea, pese a no haber presentado todavía unos presupuestos para 2025. Así es que el Ejecutivo comunitario aprueba el plan español, pero reclama que incluya en sus cuentas anuales las medidas que justifiquen que no superará la trayectoria de gasto delineada.
Dado que el Gobierno se compromete, en su plan fiscal, a no superar un techo de gasto, pero no dice cómo lo hará, Bruselas espera que las medidas para tal fin se especifiquen en los presupuestos anuales. En su análisis del plan remitido por España, la Comisión Europea apunta "no incluye una estrategia fiscal" que justifique que se seguirá "la trayectoria del gasto primario neto". Tal "senda sólo se establece como un límite técnico" que España se compromete a no superar y, por tanto, la Comisión Europea espera que las "políticas exactas" se "confirmen, ajusten y cuantifiquen en los presupuestos anuales".
La Comisión Europea ha considerado que el plan fiscal de España está en línea con las recomendaciones del marco de gobernanza económica, ha indicado en rueda de prensa el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Aunque ha puntualizado que, si la recomendación de Bruselas era que el gasto primario neto no debía superar un crecimiento del 2,8% en el periodo de ajuste, el plan de España "prevé un 3%" de crecimiento medio al año. "Ligeramente por encima de nuestra recomendación", ha indicado el letón, que ha justificado que se apoya en un mayor crecimiento potencial del PIB "y otras medidas que las autoridades españolas han tenido en cuenta".
Sin embargo, en el caso los Estados miembros de la zona del euro que no han presentado un proyecto de plan presupuestario para 2025 (Austria, Bélgica, España), "la Comisión no puede evaluar en esta fase si las políticas fiscales de esos Estados miembros en 2025 se ajustan a las recomendaciones", ha indicado la Comisión Europea en su Paquete de Otoño, hecho público este martes, en el que debía analizar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.
La Comisión Europea respalda la trayectoria fiscal delineada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ve, en paralelo, justificado que el proceso de ajuste se amplíe a siete años, en lugar de cuatro, ya que contempla "compromisos de inversión y reforma que contribuirán al crecimiento sostenible y a la resiliencia".
El plan fiscal estructural es un documento que los países debían presentar por primera vez a Bruselas este año como antesala de las nuevas reglas fiscales. La idea de este documento es dar cierto control a los países para responsabilizarse de sus cuentas. Bruselas ha reiterado a España, en los últimos meses, la necesidad de presentar unas cuentas para 2025, aunque tal reclamación se ha suavizado tras la Dana. El riesgo patente es que un plan fiscal, sin unos presupuestos para el año que viene que lo apoyen, corre el riesgo de convertirse en papel mojado. A efectos prácticos, las cifras del plan fiscal no tendrían un sustento que garantice su cumplimiento.
El Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a 21 planes fiscales estructurales de los Estados miembro, incluido el de España. Sin embargo, tiene objeciones para Países Bajos. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, reclama al Ejecutivo holandés diseñar una senda de gasto "coherente" que tenga en cuenta las recomendaciones que le remitió Bruselas el pasado junio.Si su techo de gasto era del 3,2% el plan fiscal holandés eleva la cifra al 4,2%.
En su plan fiscal, España plantea una senda descendiente del déficit público hasta el 0,8% en 2031. En este mismo horizonte, limita el incremento del gasto primario neto a una media del 3%, una cifra que supera el límite del 2,8% que le fijaba Bruselas. Además, España se comprometía a bajar los niveles de deuda por debajo del 100%, al 98,4% concretamente, ya en 2027.
El documento respalda tales cifras en la fortaleza del crecimiento potencial del PIB para los próximos años –del 1,9% hasta 2028– para fijar una regla de gasto ambiciosa. Pasará del 3,7% el año que viene, al 3,5% el siguiente, y al 3,2% en 2027. A partir de entonces, caerá al 3%, tanto en 2028 y 2029; para volver a descender al 2,5% y 2,4% en 2030 y 2031. Además, el ministerio de Economía apuntaba que la capacidad de gasto podría elevarse si se aprueban subidas de impuestos en el futuro.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado que "España liderará el crecimiento entre las grandes economías europeas, y lo hará de manera equilibrada, protegiendo el Estado del bienestar y las necesarias inversiones a futuro, de manera compatible con nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal". Un mensaje en el que se acoge a las previsiones de Otoño del Ejecutivo comunitario hecho público este mes y que sitúa a España como la economía del euro que más crecerá.
La nueva gobernanza económica
Las nuevas reglas fiscales entraron en vigor el pasado abril y la Comisión Europea deja todo a punto para que se puedan aplicar a partir del 2025. Se deja atrás la flexibilidad de la pandemia, cuando se supendieron las reglas fiscales, y se vuelve a instar a unos países de la UE altamente endeudados a cumplir con el objetivo de déficit del 3% y del 60% en el caso de la deuda. Para ello, los Gobiernos debían remitir a Bruselas su hoja de ruta fiscal, con la que justificar que pondrán sus cuentas en orden en los próximos cuatro o siete años si no quieren verse en procedimientos sancionadores.