Bruselas
Bruselas continúa dispuesta a ayudar a España ante las inundaciones que ha dejado la DANA que afecta al levante y del sur del país y que ha costado la vida a más de 200 personas. La UE cuenta con una serie de instrumentos que los países pueden solicitar para hacer frente a catástrofes naturales: el fondo de Solidaridad que permitiría acceder a un pago avanzado de 50 millones de euros, aunque las trabas burocráticas y la lentitud en el desembolso de financiación ponen en tela de juicio su eficacia.
"La UE ha proporcionado apoyos en términos de imagen por satélite y estamos listos para ayudar de cualquier otra forma que sea apropiada", reiteraba el mensaje de la Comisión Europea ayer el portavoz comunitario, Eric Mamer. La jornada arrancaba en Bruselas con una reunión entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares y el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic. Un encuentro que se zanjó sin solicitud alguna por parte de España y con una mera conversación sobre los instrumentos comunitarios a los que podría acceder, según fuentes comunitarias.
A efectos prácticos son varios los recursos disponibles en la UE, entre ellos el mecanismo de protección civil o los fondos de Cohesión. En cuanto al fondo de Solidaridad de la UE, está disponible para los países que se hayan visto afectados por catástrofes naturales y dotado de una cuantía anual de 1.440 millones de euros. El Gobierno cuenta con un plazo de doce semanas para acceder a esta financiación desde que se produjo el suceso, aunque la cuantía final depende de los cálculos que haga sobre los daños producidos.
Si bien no se trata de un instrumento de respuesta rápida, sino orientado para el proceso de recuperación, el primer pago avanzado que podría recibir España es de 50 millones de euros. Requiere, eso sí, del aval no solo de la Comisión Europea, sino también del Consejo de la UE (es decir de los Veintisiete) y del Parlamento Europeo. Fuentes comunitarias explican que es habitual que los países tarden un tiempo en pedir esta financiación porque tienen que hacer un cálculo de los deterioros producidos. Para estimar la cuantía final cabe considerar que este verano el centro y el este de Europa se han visto también afectados por desastres naturales y, por tanto, recurrido a la financiación disponible en este fondo.
A efectos prácticos, todo este procedimiento resulta en que el fondo de Solidaridad de la UE está sujeto a mucha polémica y deja abiertas importantes incógnitas. Desde su última revisión en 2014, se ha criticado que la lentitud de la burocracia propicia que los pagos lleguen muy tarde y no suponga una ayuda inmediata a una catástrofe natural. A ello se suma la falta de transparencia que aleja la posibilidad de rendir cuentas sobre su asignación en caso de una mala gestión de la financiación.
A ello se suma el hecho de que la financiación disponible, esos 1.400 millones de euros anuales, a menudo se quedan cortos pues se deben distribuir entre los países de la UE. Este año no solo España ha sufrido inundaciones, sino que se deben considerar los casos de Polonia, República Checa, Eslovaquia o Hungría, lo que abre la puerta a que los fondos disponibles sean insuficientes. El referente más cercano se remonta a 2021 y 2022 cuando las inundaciones en varios países superaron las necesidades presupuestarias. Si los Estados miembro pueden recibir hasta el 6% de la cobertura de daños, en el caso de Alemania la cifra se limitó al 1,5%.
Otro de los instrumentos disponibles, y que afecta a la financiación, son los fondos amparados bajo la política de Cohesión para prevención y preparación climática. De nuevo, estimar la partida a la que podría acceder España es complicado. Si se conoce que España ha destinado unos 863 millones de euros de la Política de Cohesión a la prevención y preparación ante catástrofes para 2021, al amparo del presupuesto comunitario de 2021 a 2027.
Ya a nivel de recursos materiales, España podría pedir que se activara el mecanismo de protección civil de la UE, que se aplica ante desastres naturales cuando los recursos nacionales resultan no ser suficientes. Está disponible para los países que necesiten ayuda humanitaria y el procedimiento permite que Bruselas coordine con los Estados miembro los recursos que necesita, sin necesidad de que el Gobierno pida ayuda a cada una de las capitales.
Si bien la ayuda y los recursos que se proporcional proceden de las capitales comunitarias, este instrumento facilita la gestión y la coordinación. Además, la Comisión Europea cubre hasta el 75% de los costes del transporte de asistencia de un país a otro.