Barcelona
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), el supervisor de las licitaciones públicas de la Generalitat, está al límite. Así lo expresa el propio organismo en su memoria de 2023, donde denuncia la falta de medios para atender el incremento de la litigiosidad concursal en la comunidad. La entrada constante de asuntos, sumado a su complejidad, ha llevado incluso a superar el "máximo legalmente establecido" para su resolución.
Por todo ello, el propio tribunal demanda "un nuevo diseño de la planta estructural" con carácter permanente y no solo coyuntural para contar con una dotación "organizativa y funcional adecuada y suficiente".
Según el documento, la cifra de recursos interpuestos durante el año pasado creció un 4,25% respecto a 2022, cuando se presentaron 494 recursos. Si se observan los datos con una perspectiva amplia el crecimiento es aún más acusado. Desde el año 2016, cuando se incoaron 199 expedientes, hasta los 515 recursos de 2023, se ha registrado un aumento del 158,79%.
Además, la avalancha de expedientes se aceleró en los años inmediatamente anteriores. El aumento de la actividad contractual en 2021 y 2022, ocasionado por la aparición de los fondos Next Generation, contribuyó a aumentar la litigiosidad. A la cantidad se sumó la calidad: el organismo advierte sobre el "incremento de la complejidad" de los asuntos sobre los que debe pronunciarse.
Si bien la memoria reconoce un "uso sustancial del recurso en casos en que no es procedente", ya sea por temeridad en su planteamiento, mala fe o porque las pretensiones podrían articularse por otras vías.
"El aumento cualitativo y cuantitativo del número y las características de los recursos que se inició en el año 2017 han llevado a situar el crecimiento del número de recursos desde entonces y hasta el 2023, en términos absolutos, en un 44% (desde el inicio de la actividad del Tribunal, en el año 2014, la tasa de crecimiento del número de recursos se sitúa en un 140%)", detalla el informe.
Esta situación obligó al anterior Govern a aprobar a mediados de 2022 un "plan de choque" para aumentar el personal y evitar así la acumulación de expedientes sin resolver. Aunque la memoria relativiza el impacto de este movimiento: "Pese a que la aprobación de este programa se llevara a cabo en junio del año 2022, no fue hasta diciembre de 2022 cuando se empezaron a incorporar, de manera progresiva, los diferentes perfiles técnicos, y se pudo ver de manera real el resultado durante el año 2023".
Al cierre del ejercicio anterior, el TCCSP contaba con una dotación de 25 trabajadores, de los cuales solo 15 eran técnicos (además, dos plazas estaban vacantes). El resto correspondía a la presidencia, las vocalías (una también vacante), la secretaría técnica y el personal administrativo. Pese a ello, el tribunal resolvió el año pasado un total de 756 expedientes, tanto incoados en 2023 como en ejercicios anteriores.
Los ayuntamientos, en la diana
La casuística conocida por el tribunal es variada, aunque la memoria destaca dos tipologías: los recursos planteados contra exclusiones y actos de trámite, que aumentan año tras año, y así como las actuaciones incoadas contra contratos o acuerdos marco de servicios. Esta categoría se halló en 2023 en el centro de las impugnaciones con un volumen significativo de recursos (331), que representa el 64,27% de los casos.
Por otro lado, la mayoría de decisiones de las mesas de contratación puestas en entredicho pertenecían a entes locales (314), seguidas por la Generalitat de Cataluña (181), universidades (14) y otros entes públicos (6).