Bruselas
Bruselas es flexible, aunque esta flexibilidad, y su paciencia, es limitada. España ha superado el plazo que la Comisión Europea fijaba a todos los Estados miembro para remitirle el plan presupuestario, el pasado 15 de octubre. Cierto es que la fecha no es tan estricta. El Ejecutivo comunitario acostumbra a conceder cierto margen para que los países remitan las cuentas del año siguiente, aunque este margen se ajusta a una cuestión de días, no de semanas. Así es que Moncloa ya ha superado en dos semanas el plazo extra que le concedía Bruselas para presentar el plan presupuestario.
El proceso "está claramente establecido" en reglamento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ha indicado a elEconomista.es, un portavoz de la Comisión Europea. En línea con los mensajes anteriores remitidos por el Ejecutivo comunitario, ha apuntado que Bruselas espera que "todos los Estados miembros de la zona del euro que aún no han presentado sus planes presupuestarios, incluida España, lo hagan lo antes posible y, en cualquier caso, antes de que el presupuesto se presente al Parlamento nacional".
La idea no es nueva. La advertencia la perfilaba ya el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona en Luxemburgo. El italiano avisaba de que "la flexibilidad de la Comisión Europea es limitada" y pedía a España, y al resto de países del euro, que no perdieran "esa conexión entre los borradores presupuestarios y los planes fiscales estructurales". De hecho, fuentes cercanas a la Comisión Europea insisten a este medio en que Bruselas sigue esperando por las cuentas del 2025 de España.
La vuelta a la aplicación de unas nuevas reglas fiscales, tras los años de manga ancha de la pandemia, establecía que los países debían remitir a Bruselas su hoja de ruta para reducir el déficit y la deuda, para los próximos cuatro años, el 20 de septiembre. A este documento le seguiría la presentación de las cuentas para 2025 el 15 de octubre, con unos días de flexibilidad, acotaba Bruselas. A efectos prácticos, que España presente su plan fiscal estructural sin unas cuentas que sostengan tales ajustes ya para el año que viene podría dejar el primero de los documentos sin validez. Los planes fiscales sin unos presupuestos que los sustenten corren el riesgo de convertirse en papel mojado, avisaban fuentes comunitarias a este medio.
El pasado septiembre, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo comunicaba que España alargaría el plazo para enviar el plan fiscal estructural a Bruselas hasta el 15 de octubre, "con los presupuestos". Pero, a la hora de la verdad, el Gobierno ha remitido al Ejecutivo comunitario el primero de los documentos a tiempo para esa fecha, pero no ha hecho lo propio con los presupuestos. Cuando Cuerpo anunció su intención, el Ejecutivo comunitario recordaba al Gobierno que el margen de flexibilidad se limitaba a unos días, en ningún caso las dos semanas que ya han transcurrido.
La letra pequeña
La presentación de las cuentas de 2025 a Bruselas requiere que el Gobierno las apruebe en Consejo de Ministros, no que sea tramitada y aprobada en un Congreso que evidencia la dificultad del Gobierno sostener los apoyos para sacar adelante cualquier medida. Sin embargo, la antesala de los presupuestos, la senda fiscal, ya sufrió su propio revés en julio y un intento de revivir la situación hace cosa de un mes. Concretamente, en verano fue la negativa de Junts la que impidió a Moncloa aprobar los objetivos de déficit y deuda para los próximos años.
Ahora el Gobierno alberga un fuerte empeño por delante por sacar la senda fiscal y la reforma fiscal antes de dar forma a unos presupuestos. La última propuesta perfilada plantea un mayor margen fiscal para las comunidades autónomas en 2025, a petición de Junts. La formación liderada por Carles Puigdemont pide que la senda fiscal incluya un límite de déficit para las autonomías cercano al 1%, nueve décimas superior al aprobado, o fije un reparto de objetivos más favorable para aquellas regiones que más aportan al PIB nacional.
La posibilidad de que esta senda fiscal pueda sufrir un nuevo revés no tendría por qué impedir al Ejecutivo español sacar unas cuentas para 2025. De no recabar los apoyos necesarios, el Gobierno podría valerse de la última senda fiscal aprobada, más restrictiva en todo caso que esta última propuesta, para delinear las cuentas para el próximo ejercicio.
El Gobierno se ha comprometido con Bruselas, en su plan fiscal estructural a siete años remitido a Bruselas, a ejecutar una reforma fiscal. Si las medidas llegan a formularse y formalizarse antes de la configuración del plan presupuestario podrían influir en la composición de las cuentas del próximo ejercicio. No es que se conozcan los detalles de la propuesta. Por el momento solo se extrae del plan fiscal estructural que podría elevar la ratio de ingresos sobre PIB en 0,3 puntos hasta 2031, y que incluirá la permanencia de los impuestos a banca y energéticas que se empezaron a aplicar en la pandemia.