Valencia
El Gobierno valenciano vuelve a abrir un frente con el Gobierno central para reclamar la deuda sanitaria al Estado por la atención prestada a ciudadanos españoles de otras comunidades autónomas y de otros países. Un dinero pendiente que la Generalitat Valenciana remonta a 2012, es decir, que buena parte se corresponde a la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno central, que abarcó hasta 2018.
Una reclamación que llega justo antes de cerrar el anteproyecto de presupuestos autonómicos, donde todo apunta que de nuevo esta partida que en la práctica no se materializa volverá a ser incluida en los ingresos que se espera para el próximo año.
El Pleno del Consell celebrado hoy ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España los 1.022,9 millones de euros que adeuda por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria, los mecanismos para remunerar la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.
Según la consellera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino, el Ejecutivo estatal debe a través del Fondo de Garantía Asistencial (Foga) 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013. Además, cuantifica en otros 798,9 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.
Según las cuentas de , el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 99,6 millones de euros por las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023; así como otros 101,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Sanidad Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras. Los gastos sanitarios suponen los de mayor volumen de la Administración autonómica, con un crecimiento imparable que año tras año supera lo presupuestado.
El Consell reclama así los fondos dejados de percibir por la inoperatividad de la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial según lo previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril. Un sistema que se debería haber puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria a personas desplazadas entre comunidades autónomas, pero según la Generalitat este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando un "importante perjuicio económico".
Más de 199.000 asistencias al año
Según la Conselleria de Sanidad, se están identificando y registrando, de forma individual, más de 199.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que no ha sido remunerado.
Según la Generalitat desde la entrada en vigor de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, el Fondo de Cohesión Sanitaria adquirió un carácter extrapresupuestario, por lo que las comunidades autónomas que, como la Comunitat Valenciana, presenten saldos positivos en la liquidación conjunta del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria deben ser compensadas por parte del Ministerio de Hacienda.
A ello se suma el efecto turístico. La asistencia sanitaria prestada a ciudadanos y ciudadanas extranjeros con Tarjeta Sanitaria Europea o procedentes de países con convenio de asistencia sanitaria recíproca también es facturable, pero según el Consell la metodología de cálculo de la liquidación de esta facturación utilizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Sanidad "no respeta los derechos de cobro legítimamente adquiridos por las comunidades" y "genera pérdidas importantes para autonomías turísticas como la Comunitat, con efectos perversos y enriquecimientos injustos de unas a costa de otras".
