Bruselas
Los auditores de la UE han avisado este miércoles a la Comisión Europea de que debería ejercer un mayor control sobre las ayudas de Estado que permitió conceder a los países durante la pandemia y para impulsar la política comercial. Avisan de que no se ha supervisado correctamente su implementación y esto podría generar desigualdades en el mercado interior.
La crisis del Covid y la invasión militar rusa de Ucrania allanaron el camino para que la Comisión Europea relajara las normas de ayudas de Estado de manera que los Gobiernos pudieran ayudar a las empresas europeas. Sin embargo, la capacidad de supervisión del Ejecutivo comunitario se vio mermada a la par, evidencia el último informe del Tribunal de Cuentas de la UE.
Bruselas no dispone de información suficiente sobre las ayudas de Estado proporcionadas por los Estados miembro, que se han disparado desde 2020, ni tampoco de su impacto en la competencia. Además, los auditores evidencian que las normas de cada país de la UE para proporcionar estas ayudas son dispares y esto puede perjudicar al mercado único, ya que los países no cuentan con los mismos mercados financieros.
El miembro del Tribunal de Cuentas y responsable de la auditoría, George Hyzler, ha apuntado que pese a tratarse de tiempos de crisis, "la UE debe mantener la ayuda estatal bajo control para proteger nuestro mercado interior y garantizar la competencia libre y leal". Además, observa la necesidad de comprobar que las ayudas de Estado son realmente esenciales y que las soluciones a corto plazo no perjudican el mercado interior.
De forma genérica, la UE prohíbe dotar de ayudas a las empresas en un intento por evitar que se vea repercutida la competencia en el mercado único. Las circunstancias excepcionales que supusieron la pandemia y la guerra en Ucrania propiciaron que Bruselas concediera manga ancha al respecto para evitar un golpe económico mayor. En este marco, la Comisión Europea estableció tres marcos temporales de crisis que permitieron flexibilizar las ayudas de Estado, primero por la pandemia, luego por la guerra de Ucrania y en 2023 para apoyar el Pacto Verde europeo.
En el caso de la pandemia y la guerra de Ucrania, el gasto en ayudas de Estado se triplicó. Pasó de 120.000 millones de euros a 320.000 millones entre 2020 y 2022 para luego quedarse en 230.000 millones en 2022. No obstante, los auditores advierten de que las condiciones para la asignación de las ayudas no siempre se definieron bien ni se centraron lo suficiente en las empresas más afectadas.
En este momento, el Ejecutivo comunitario simplificó los procedimientos de control de las ayudas de Estado para que las evaluaciones fueran más rápidas. Sin embargo, algunas decisiones se vieron huérfanas de información más completa sobre los mecanismos de financiación. Bruselas redujo la supervisión de las ayudas y no reintrodujo ningún tipo de enfoque reestructurado para detectar casos de ayudas no notificadas.
El Tribunal de Cuentas observa en su informe que las ayudas de Estado han virado para apoyar cada vez más la consecución de objetivos de política industrial, sin embargo, las normas que se aplican a tales ayudas de Estado no siempre son coherentes ni cuenta con el respaldo de un análisis económico. Esta coyuntura puede perjudicar el funcionamiento del mercado interior ya que los países más ricos pueden destinar más recursos que aquellos con unos recursos fiscales más limitados.