Bruselas
El sistema español de control y vigilancia de los fondos europeos sigue generando a ciertas instituciones comunitarias. Concretamente, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha advertido este jueves de que el sistema que utiliza España para realizar un escrutinio de las asignaciones de los fondos Next Generation sigue presentando deficiencias.
Los auditores de la UE consideran que "el sistema de información no contiene información completa sobre el progreso de hitos u objetivos incumplidos ni sobre titulares reales, fuentes de financiación de la UE e importes pagados". Lo concretan en un informe sobre la ejecución de fondos comunitarios durante 2023 y remarcan una advertencia que ya habían detectado en su informe de 2022.
Lo confirmaba el miembro español del Tribunal de Cuentas de la UE, Alejandro Blanco, que ha indicado que "las deficiencias que se detectaron en 2022 todavía persisten". Los auditores se referían, en este momento, a lo que era una preocupación compartida por la Comisión Europea. Consideraban que esta medida, que formaba parte de los hitos y objetivos que España debía cumplir ya en el primer desembolso de fondos de salida de la pandemia, estaba incompleta y, por tanto, no contaba con un sistema de auditoría que permitiera realizar un seguimiento de las asignaciones.
Blanco apunta que el Gobierno está "en vías de solucionar el problema" aunque ello no quita que las insuficientes detectadas entonces "persistan". El Tribunal de Cuentas apunta que se ha producido una incorporación "gradual" de esa información sobre los beneficiarios finales de los fondos, no obstante, todavía no es "completa".
Las advertencias de la Comisión Europea se remontan a 2021.Una preocupación que recogía, por tanto, el Tribunal de Cuentas en su informe de 2022. Finalmente, el Ejecutivo comunitario dio su visto bueno al sistema de control de fondos de España al amparo del tercer pago de fondos Next Generation. El ministerio de Hacienda mandaba un mensaje de tranquilidad a Europa con la puesta en marcha del sistema Coffee que, defendía, permitiría una total trazabilidad de los proyectos asociados a los fondos comunitarios a nivel nacional, autonómico o local.
Pero no es España el único país que ha recibido críticas en este sentido. Los auditores, que reconocen que es el país que más fondos del Plan de Recuperación recibe, también advierte de que el sistema de control y vigilancia dispuesto por Francia no está interconectado con otros sistemas informáticos lo que "supone un riesgo para la calidad de los datos".
En el caso de Croacia, las ineficiencias apuntan a un sistema de control que no puede proporcionar datos sobre las convocatorias de propuesta que fueron adjudicadas antes de ponerlo en marcha.
Además, Blanco se refiere a "errores cualitativos" en el diseño del plan de Recuperación durante el año 2023. Apunta a la falta de concreción en la definición de las medidas por las que, posteriormente, Bruselas valora si se ha completado su cumplimiento. Aunque todo ello no implica "fraude o irregularidad" alguno.
Como ejemplo de esta falta de concreción, los auditores se refieren a una medida que requería que se modificara la ley sobre el reglamento electrotécnico de baja tensión para instalar puntos de recarga para los vehículos eléctricos en los aparcamientos. El informe apunta que no se detallaba el alcance de tal obligación, es decir, el número o porcentaje de puntos de recarga que debían instalarse. Lo que, al fin y al cabo, permitía ampararse en tal inconcreción para evitar marcar objetivos ambiciosos a su consecución.