Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que pide varias reformas legales que permitan hacer compatibles el trabajo con la percepción de las prestaciones económicas por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez.
A través de una proposición no de ley recogida por Europa Press, la formación insta a modificar los artículos 194 y 198 y la disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley General de Seguridad Social para permitir la compatibilidad.
En la iniciativa firmada por la dirigente de En Comú y portavoz adjunta del grupo, Aina Vidal, se recuerda que desde 2008 hasta abril de este año, la jurisprudencia defendía que el derecho al trabajo no puede negarse a quien se encuentra en situación de incapacidad permanente, especialmente en los grados de absoluta y gran invalidez, por contravenir dicha visión con el artículo 35 de la Constitución, que recoge el "deber de trabajar y el derecho al trabajo" de todos los españoles.
En qué casos no se puede compatibilizar pensión y salario
Tal y como recoge la Seguridad Social en su página web, en algunos casos relativos a la incapacidad permanente total y en todos los que se refieren a la absoluta y la gran invalidez no es posible realizar un trabajo a la vez que se percibe la pensión:
- Incapacidad permanente total: solo se percibe pensión en aquellos casos en los que se dedique a tareas o funciones totalmente ajenas a las que generó la incapacidad.
- Incapacidad permanente absoluta: en este caso, informa la Seguridad Social, se "inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio".
- Gran invalidez: es un caso idéntico al de la absoluta, pero con un añadido, que el afectado "necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos".
El Supremo cambió la medida
Sin embargo, los magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo contradijeron esta tesis en abril de 2024 y alegaron que la compatibilidad sólo acontece en "aquellos trabajos de tipo marginal e intrascendente, en el sentido de ser de mínima significación y relieve".
En este escenario, Sumar exige al Gobierno del que forma parte desarrollar la regulación vigente en lo relativo a los grados de incapacidad permanente, a tenor de la recomendación número 18 del Pacto de Toledo, que encomienda al sistema de Seguridad Social la tarea de "contribuir a que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma efectiva sus derechos de ciudadanía y, de esta forma, garantizar su plena inclusión y participación sociales".
